La investigación sobre la presunta corrupción en las empresas públicas del Estado tendrá dos tiempos y miradas políticas distintas a nivel de la Asamblea Nacional. Hay dos grupos que investigarán el hecho, la diferencia radica en los límites que tendrá la tarea.

El pleno de la Asamblea Nacional con 94 votos, el 18 de enero pasado, integró una comisión para que realice una investigación específica y se refiere a un audio que circuló desde el medio digital La Posta. Esa comisión recién se instaló y tiene plazos para presentar hasta el 22 de febrero un informe sobre los hechos con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.

En paralelo, el grupo parlamentario liderado por los asambleístas Fernando Villavicencio (CN-PSE), Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez (Pachakutik) y Pedro Velasco (BAN) también investiga el tema, pero se remonta desde el año 2012, porque considera que desde ahí se estableció una “estructura criminal para el reparto de las empresas eléctricas en el Ecuador” y espera revelar nombres de quienes participaron y cómo se enriquecieron.

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Límites de la investigación

El Parlamento al aprobar la conformación de la comisión ocasional puso límites, primero, que realice la fiscalización y control político en un plazo máximo de 30 días sobre el caso denominado El Gran Padrino y presente un informe pormenorizado con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.

La presunta trama de investigación tiene relación con la supuesta entrega a Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, el manejo de las empresas públicas y habría ubicado a Hernán Luque a cargo de la EMCO para operar a conveniencia. Según el medio digital La Posta, Rubén Chérrez, sería el mejor amigo de Carrera y su operador. Que Chérrez tendría varios procesos judiciales por narcotráfico y que, coincidentemente, abrió al menos ocho empresas a los dos meses de que Guillermo Lasso asumió el poder del Gobierno, en 2021.

Los comisionados, en la sesión del pasado viernes, definió el marco de la investigación que llevará adelante y determinó el cronograma de comparecencias que incluye invitar al presidente de la República, Guillermo Lasso.

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Guillermo Lasso y su cuñado, Danilo Carrera, son convocados por la Comisión ocasional que investiga supuesta trama de corrupción

Gruber Zambrano, de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), llamó a los comisionados a una investigación objetiva e imparcial, y planteó que la investigación que realice la mesa sea desde el 2016 hasta el 2022, y se llame a los gerentes de las empresas eléctricas de esos años a la comisión para verificar dónde está la corrupción. Pero su planteamiento no prosperó en la mesa ocasional.

La legisladora Mireya Pazmiño (Pachakutik-rebelde) dijo que de acuerdo con la información que tienen conocimiento, la presunta corrupción en las empresas públicas aparece en los últimos años 2021 y 2022, como lo ha manifestado La Posta.

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Que no se puede estar llamando a funcionarios públicos que ejercieron cargos desde el 2015 o 2016, porque se llevará todo el año para escuchar a todos los gerentes de años anteriores. Que el plazo de 30 días no alcanzaría para llamar a los exgerentes de las empresas públicas. Ese criterio fue apoyado por el asambleísta independiente Augusto Guamán.

Pedro Zapata, delegado del PSC ante la comisión ocasional, indicó que la comisión fue creada para una investigación específica y no se podrá salir de ese marco definido por el pleno. “Solo tenemos 30 días y si vamos a investigar hacia atrás nos va a faltar tiempo; lo nuestro es de control político y tiene que sujetarse a lo que dice el pleno en la resolución, no podemos extralimitarnos, y si surgen otras cosas hacia atrás se debería derivar a la Fiscalía General”.

Revelarán nombres

El Frente Parlamentario Anticorrupción, integrado por varios asambleístas, presentará un informe respecto a los hechos de supuesta corrupción en las empresas públicas. Cortesía.

El Frente Parlamentario Anticorrupción anuncia una investigación desde la A hasta la Z, “aquí hay mucha gente que va a caer”, advirtió el asambleísta Ricardo Vanegas, porque son grupos y estructuras criminales que se han beneficiado de dineros del Estado y que entre los contratos que ha firmado este Gobierno aparecen nombres de empresas que pertenecen a personas que son las mismas, que están relacionadas y que han formado empresas para seguir ganando concursos y aportan a las campañas políticas.

Lo que piensa este grupo de legisladores es que la comisión ocasional se limitará a buscar los posibles nexos que existan entre Hernán Luque, Rubén Chérrez y Danilo Carrera en la designación de los funcionarios en las distintas unidades de las empresas eléctricas; y para eso “no solo se necesita el chisme o el cuento, sino establecer documentalmente la relación”.

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La diferencia entre la investigación de la comisión ocasional y el Frente Parlamentario Anticorrupción radica en la forma y en el fondo.

Vanegas sostuvo que las estructuras criminales, que han funcionado en el sector eléctrico no se han creado en el gobierno de Guillermo Lasso, sino que se crearon en el gobierno de Rafael Correa, cuando Jorge Glas era vicepresidente de la República y se “repartieron CNEL y lograron el control de todas las empresas eléctricas, y desde esa época se armó la estructura”.

A quienes forman parte de la comisión ocasional, añadió Vanegas, no les interesa decir cuándo se inició esa estructura de corrupción porque son sus aliados. “Esa comisión no llegará al origen porque ellos han seguido subsistiendo y han seguido comiendo en todos los gobiernos incluido este, donde las eléctricas han sido controladas por los correístas, lo único que ha sucedido es un reciclaje, porque han cambiado de gobierno, pero las personas han seguido dando la vuelta”.

Por eso, anunció Vanegas, el examen que realizará el grupo parlamentario irá mucho más allá, y paulatinamente darán a conocer varios productos de la investigación iniciada. Y sin temor “vamos a decir quiénes son, a qué grupos pertenecen y quiénes son los financistas, porque resulta que están relacionados con partidos políticos que han sido gobierno y además que han aportado económicamente a las campañas, solo hay que revisar cuáles son los contratos y quiénes son los alfiles que han colocado en las empresas”, dijo.

El informe del Frente Parlamentario será presentado ante la Fiscalía General del Estado, porque ese organismo es el encargado de determinar si existe delito de peculado, delincuencia organizada, tráfico de influencias o lavado de activos. En tanto que el informe de la comisión ocasional irá a conocimiento del pleno. (I)