Iván Saquicela: No podemos cometer el error de que el crimen se encuentre organizado y el Estado desorganizado

Una vez la mesa interinstitucional por la seguridad y lucha contra el crimen presentó los resultados alcanzados en poco más de un mes de trabajo, su promotor y presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, habló con Diario EL UNIVERSO de los primeros acuerdos a los que se han llegado entre diversas instituciones del Ejecutivo, Legislativo y la Función Judicial, y que han sido, en algunos casos, presentados y están por llegar a la Asamblea Nacional para su análisis.

Saquicela sostiene que las propuestas que nacen de la mesa pretenden, entre otras cosas, corregir ciertos errores y vacíos de la legislación y ajustar la legislación para la preocupación actual del país, esto es, el combate a la criminalidad, especialmente a la delincuencia organizada, la corrupción.

Insiste en que el diálogo es el mecanismo para que las instituciones del Estado puedan cumplir sus funciones y en que es una prioridad que el Estado debe estar unido para combatir las nuevas formas de criminalidad y corrupción que afectan actualmente al Ecuador.

Propuestas de reformas en materia de acciones de protección y habeas corpus y otras en materia penal aparecen como los primeros puntos que dejan en concreto los diálogos de la mesa interinstitucional por la seguridad y lucha contra el crimen. ¿Eso era lo urgente por donde se debía empezar?

No es por donde se debía empezar y no es lo único. Yo pensaría que hay varios componentes que son urgentes. De hecho, hay en el ámbito operativo y esto tiene que ver profundamente con el trabajo de la Policía, organismo que es el encargado de la seguridad del país. Otros de los componentes tienen que ver con el ámbito normativo, y entre esos se encuentran las propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional y reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). La primera propuesta está ya presentada ante la Asamblea Nacional, y en estos días hemos sido convocados por el presidente de la comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, para tratar la temática.

Entonces, ya se está notando la rapidez en el tratamiento de estas propuestas. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, también es parte de la mesa interinstitucional.

Sí. El presidente de la Asamblea Nacional y de la Comisión de Justicia han manifestado darle una prioridad. Por eso, ya estamos siendo invitados a una mesa técnica para debatir y dialogar sobre la propuesta, y la próxima semana estaríamos entregando una propuesta al COIP. Vale puntualizar que las propuestas de reformas no son de Iván Saquicela, ni siquiera de la CNJ: surgen de la mesa interinstitucional, esto es, de las diferentes autoridades del Estado que participan.

La mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen presentó avances

En materia penal, se buscaría incluir la figura del inductor y de la cooperación dentro de la participación delictiva; que los jueces puedan ser responsables por prevaricato al resolver garantías jurisdiccionales; mejoramiento y actualización de delitos, como lavado de activos y peculado; separación de PPL por delincuencia organizada del resto de la población... ¿Estas reformas serán parte de un primer paquete o cómo se manejarán estas propuestas?

Yo diría que es un solo paquete. En un principio se trabajó en variados temas con recomendaciones de la Fiscalía, de la Defensoría Pública, la cooperación internacional y un trabajo de los jueces del país, es decir, este trabajo vino hace algunos meses ya. Cuando llega el trabajo de la mesa interinstitucional, este trabajo previo se presentó ante las mesas, las analizaron, se incorporaron otras ideas adicionales y hemos obtenido un paquete o un conjunto de temáticas tanto de aspectos sustantivos como procesales.

¿Qué busca la propuesta que se hace?

La propuesta pretende corregir ciertos errores y vacíos de la legislación; uno puede percatarse en la práctica diaria en el trabajo que hacen los jueces, abogados y fiscales. De otra parte, el poder ajustar la legislación para la preocupación actual del país, esto es, el combate a la criminalidad, especialmente a la delincuencia organizada, la corrupción, porque los procedimientos pretendemos que sean específicos para estas materias. Hay un conjunto de propuestas que tienen que ver con especificidad en estas temáticas.

¿Se estableció una hoja de ruta para el mediano o largo plazo? ¿Cómo se dará el trabajo de aquí en más si ya se dieron a conocer los primeros acuerdos alcanzados?

Coincido con lo que se dijo por otras instituciones del Estado de que es importante mantener el diálogo y mantener las mesas interinstitucionales. Hay algunos aspectos a largo plazo que son relevantes. El trabajo interinstitucional va a dar ideas e insumos importantes para política criminal que está a cargo del presidente de la República y el Cosepe; también la coordinación para la parte operativa. También hemos conversado con la Policía sobre la necesidad de elaborar un nuevo formato, una nueva estructura de parte policial. Esto amerita un trabajo interinstitucional; y ese trabajo para un nuevo parte policial, en donde se ha trabajado con la Fiscalía, la Policía y los jueces, va a ayudar para el trabajo coordinado entre las instituciones. En la parte presupuestaria hay una mesa en la que (están) el Consejo de la Judicatura (CJ) y el Ministerio de Finanzas. ¿En aras de qué? De coordinar las necesidades que tiene la Función Judicial. Otra, en materia de seguridad para fiscales y jueces, cuanto mejor si existe una coordinación entre la Comandancia de la Policía y el CJ. Hay aspectos que nos hacen pensar en el trabajo coordinado (...).

En la mesa se ha hablado de la construcción de una política criminal. ¿Ha existido una política criminal como tal en el país o la improvisación es lo que ha aportado en el actual cuadro de inseguridad?

Yo creo que, si no bien en términos absolutos de que no ha existido una política criminal, cuando menos ha sido mínima, incipiente. Creo que más allá de las respuestas coyunturalistas y más allá de las respuestas inmediatas y oportunas que merecen los ecuatorianos, (...) la forma de dar respuesta, lo dicen los cientistas sociales, los criminólogos, es indispensablemente con política criminal.

¿La situación de inseguridad actual del país hace imperativo el establecer una política criminal?

Creo que esa política criminal es imperiosa y creo que no debemos actuar de forma coyunturalista, como que nos preocupa al país entero el problema de la criminalidad y damos una respuesta para el momento. El trabajo es serio; es las respuestas inmediatas y urgentes y también las respuestas en política para el largo plazo. Algo más: me parece que se tiene que abandonar cualquier tipo de protagonismo, de intereses mezquinos y menos de intereses políticos. La criminalidad, el problema es del país y la respuesta es del Estado. Más allá de las diversas atribuciones, opiniones que podamos tener sobre la criminalidad las diferentes instituciones del Estado, es un imperativo cívico e histórico para con el país estar unidos como Estado. No podemos cometer el error de que el crimen se encuentre organizado y el Estado desorganizado.

Entre las propuestas de la mesa está fortalecer, adecuar y equipar a la Función Judicial, a la Policía y demás entes de seguridad para mejorar la respuesta del Estado frente a la criminalidad. ¿Cómo manejar esta propuesta una vez que una jueza de Pichincha aceptó parcialmente una acción de protección planteada como ciudadano por Wilman Terán, quien es el presidente del CJ, contra el Ejecutivo, reclamando, entre otras cosas, $ 265 millones? En esta mesa están representantes del Ejecutivo y de la Judicatura...

Más allá de no dar ninguna opinión sobre la acción de protección y su resolución por tratarse de un asunto jurisdiccional y yo ser la cabeza del sector justicia, yo creo dos cosas: una, es innegable que la Función Judicial exige y requiere recursos económicos para poder cumplir sus fines constitucionales, es decir, prestar un servicio de forma eficiente y oportuna; y dos, yo más bien quiero invocar el artículo 226 de la Constitución, que obliga a las autoridades del Estado a coordinar nuestras acciones con la finalidad de cumplir los fines de las instituciones públicas. Debo insistir en la necesidad del diálogo, de las mesas de trabajo interinstitucional, y esto en una sola palabra, un Estado unido, en una suerte de cruzada en favor de la seguridad del país.

¿Las dificultades que atraviesa la justicia en el país solo se resuelven con recursos? Esa parece ser una de las ideas quedaron luego de la audiencia que se dio por la acción de protección de Wilman Terán.

Creo que hay varios componentes y yo logro identificar al menos tres. Un sistema jurídico que esté bien concebido. Dos, los instrumentos económicos, tecnológicos y humanos para cumplir el sistema de justicia sus funciones. Y tres, una justicia ética e independiente para poder cumplir la aplicación del derecho en beneficio de la gente. Creería yo que no debe ser un componente, es decir, mirar cuando menos a los tres componentes indispensables para que la Función Judicial cumpla su trabajo determinado en la Constitución.

En tres semanas se presentarán los primeros resultados de la mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen; comisiones trabajarán en cuatro ejes

Como representante de la Función Judicial quizá ha tenido acercamientos con las cabezas de la Judicatura o la Fiscalía para de alguna forma bajar el tono y resolver los enfrentamientos públicos que han sido evidentes ante una diversidad de temas. No ayuda en mucho a mejorar la imagen que tiene el sistema de justicia si lo que se ve es al CJ enfrentado en juzgados al Ejecutivo, si en las redes sociales se encuentran comunicados de la Judicatura y la Fiscalía evidenciando sus posiciones sobre la evaluación de fiscales a nivel nacional y la selección de fiscales provinciales.

Dos cosas. No solamente que lo hemos hablado, sino que las mesas parte de la mesa interinstitucional nos dicen por sí solas de la necesidad de dialogar. En segundo lugar, a mí me parece que ese diálogo y el evitar la conflictividad, muchas veces innecesaria, no solamente entre las instituciones que somos parte de la Función Judicial, sino también con los otros poderes del Estado. Yo creo que las instituciones del Estado debemos coordinar las acciones. Un Estado sin institucionalidad o debilitado no le hace bien a los demás componentes de la sociedad. La gente lo que quiere es un clima de juridicidad, un clima de legalidad para que cada uno de los ecuatorianos podamos cumplir nuestro trabajo en la instituciones, en el comercio, en sí para ejercitar nuestras vidas en la sociedad.

¿La política tiene arrinconada a la Función Judicial? Por más razones que existan, todo lo que se dice, todo lo que se reclama parece siempre buscar el terreno de la política para resolverse.

Yo creo que hay algunas veces que uno puede llegar a esa conclusión, porque debemos abandonar cualquier interés político. Lo que se debe pensar con sinceridad lo importante que tiene el Poder Judidial para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Entonces, los políticos, lejos de pretender meter las manos en la justicia, lo que debe suceder es que debemos (...) meterle el hombro; eso les hace bien a todos. Yo no creo que le tenga la política arrinconada a la justicia, pero yo sí creo que hay una constante: la intromisión de la política en la justicia (...). (I)