Izquierda Democrática presenta primer proyecto para combatir la pobreza menstrual

La Izquierda Democrática presentó, este 10 de junio, un proyecto de Ley que propone el acceso gratuito a productos y materiales de higiene menstrual en centros educativos, centros de salud y centros de privación de libertad.

Esta propuesta elaborada por la asambleísta Johanna Moreira y respaldada por el bloque de la ID obliga al Estado a la dotación de los insumos necesarios a las entidades públicas, como parte del cuadro básico de medicamentos y dispositivos médicos que se adquieren cada año, para lo cual se tendrá que gestionar el respectivo presupuesto.

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Moreira explicó que el proyecto está pensado para más de la mitad de población que son las personas menstruantes, y lo que se busca es combatir la pobreza menstrual. Que la persona menstruante gasta alrededor $ 42 al año en productos, cuando hay hogares que viven con $ 2 diarios y la mujer tiene que escoger entre comer o comprar un paquete de toallas higiénicas.

Comentó que hay casos de niñas que dejan de asistir a los centros educativos porque no tienen acceso a una toalla sanitaria y sienten vergüenza.

Este primer proyecto planteado por la ID, según la representante de El Oro, plantea que la menstruación sea considerada un tema de salud pública, que el Estado y más organizaciones se sumen en la lucha contra la pobreza menstrual.

El proyecto compromete al Estado a optar, de manera preferente y progresiva, por productos de gestión menstrual sostenibles, orgánicos, ecológicos, de rápida descomposición, reutilizables y libres de químicos, con el fin de causar el menor impacto posible al medioambiente, así como a las personas menstruantes.

Moreira indicó que ha realizado los acercamientos necesarios con el Ministerio de Economía y Finanzas respecto al financiamiento que demanda su propuesta.

También plantea al Ministerio de Salud realizar un censo nacional a fin de obtener las estadísticas lo cual permitirá conocer y determinar el universo de la gestión menstrual tendiente a promover y desarrollar políticas públicas para mejorar las condiciones de gestión menstrual de las personas menstruantes en los ámbitos educativo, sanitario, económico, social y ambiental. (I)