En la sentencia de primera instancia por el delito de asociación ilícita relacionado al caso Odebrecht, en 2017 el Tribunal de Juicio resaltaba que la Fiscalía General había presentado la prueba pericial, documental y testimonial para fijar la afectación económica que ha sufrido la sociedad como consecuencia del delito cometido en contra del Estado.

Se explicaba que para determinar la reparación integral, la que resulta esencial en sus contenidos material e inmaterial, en juicio “con la prueba documental de la asistencia penal de Estados Unidos, Panamá y Brasil” y la “abundante prueba testimonial” se estableció la existencia del delito, la participación de las personas a las cuales la Fiscalía acusó y contra quienes solicitó paguen una reparación integral de $ 33,3 millones.

Acusaciones particulares ‘abonan’ al dictamen contra el vicepresidente Jorge Glas

Por las irregularidades cometidas dentro de la trama de corrupción que la empresa brasileña Odebrecht implementó en Ecuador para hacerse de contratos públicos a cambio de coimas fueron sentenciados el exministro de Sectores Estratégicos y exvicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glas; Ricardo Rivera, tío de Glas y relacionado con el sector de las telecomunicaciones; el exfuncionario de Senagua, Carlos Villamarín; el exfuncionario de Petroecuador, Ramiro Carrillo; y el empresario Édgar Arias. Todos recibieron una pena de seis años de reclusión como autores directos.

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La condena también alcanzó a los empresarios Gustavo Massuh, Rubén Terán y Kepler Verduga, quienes recibieron una pena modificada de catorce meses de cárcel por la cooperación eficaz entregada a la Fiscalía.

Tomislav Topic (d) se comprometió a “consignar” al Estado $ 13,5 millones, de operaciones realizadas con Glory International que están en investigación en torno a la trama de sobornos de Odebrecht, en uno de los casos está sentenciado el exvicepresidente Jorge Glas. Foto de Archivo, tomada de Flickr de Telconet

Más de cinco años después de que se emitió la sentencia de primera instancia en este caso, un Tribunal de la Corte Nacional individualiza el monto económico a pagar por los ocho sentenciados: Glas y Rivera deben cancelar $ 14,1 millones; Villamarín, $ 6 millones; Arias, $ 10′012.000; Carrillo, $ 200.000; Massuh, $ 860.930,99; Verduga, $ 1′473.524,30; y Terán, $ 749.705,03.

Respecto a Rivera y Glas, el Tribunal de Ejecución definió que debían restituir al Estado ecuatoriano en conjunto un total de $ 16,1 millones. En ese monto se incluían $ 8,3 millones recibidos en efectivo a través de la compañía Columbia Management, $ 5,8 millones recibidos desde la compañía Glory International Industry Co. Limited y los $ 2 millones recibidos desde la compañía Cosmac.

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Según la teoría del caso, estos dineros fueron entregados por la brasileña Odebrecht, pero llegaron a los procesados a través de empresas intermediarias.

Del total de $ 16,1 millones señalados para Glas y Rivera los jueces restaron $ 2 millones entregados a la justicia ecuatoriana en 2019 por el empresario Tomislav Topic, dueño de la compañía Telconet. Topic en su moemnto sostuvo que alguien no identificado depositó $1‘980.000 en las cuentas de su empresa y esos recursos estuvieron congelados desde el 2010.

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El origen del dinero que llegó a Telconet todavía es un misterio

Finalmente Glas deberá pagar en efectivo o con sus bienes $ 7‘050.000, al igual que su tío Ricardo Rivera, quien falleció en enero de 2022 a causa de un cuadro grave de COVID-19, días después de haber salido de la cárcel en Guayaquil gracias a ser beneficiado con el régimen semiabierto. Con la muerte, el proceso de ejecución forzosa de recursos bienes e inmuebles pasa a sus herederos.

En este caso a la Procuraduría General del Estado, que está a cargo del proceso de recuperación, se le dificultará el cobro de los más de $ 7 millones que debe pagar Glas. Esto debido a que sus departamentos ubicados en Quito (Pichincha) y Tonsupa (Esmeraldas) están embargados en el caso Sobornos 2012-2016, proceso en el que Glas fue condenado por el delito de cohecho a ocho años de cárcel y al pago de una reparación integral por $ 778.000 como autor mediato por instigación. (I)