El Consejo de la Judicatura (CJ) se pronunció tras las declaraciones de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien asegura que el organismo pretende suspenderla del cargo, arrogándose funciones y en retaliación a las investigaciones que el Ministerio Público lleva sobre tres vocales de la Judicatura por presuntos delitos.

En un comunicado emitido la tarde del martes, el Consejo señala que se trata de una “desinformación” la supuesta sanción o destitución de la fiscal.

“El presidente del Consejo de la Judicatura (Wilman Terán) resalta su respeto a la institucionalidad en el país. La única verdad es que, por una denuncia en contra de la titular de la Fiscalía, se generó un informe de la Subdirección de Control Disciplinario, que por trámite normal se eleva a conocimiento del pleno del Consejo de la Judicatura, único órgano que luego de analizarlo, puede rechazar, reformar o ratificar la recomendación de ese informe”, explica el documento.

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Se indica, además, que para el tratamiento de dicho informe se convocó al pleno a una sesión extraordinaria, que debía realizarse la noche del lunes, pero no se instaló debido a que únicamente asistieron Wilman Terán y el vocal Fausto Murillo; no se presentaron los tres vocales investigados por la Fiscalía (Xavier Muñoz, Maribel Barreno y Juan José Morillo).

Que Terán revisó el anexo a la convocatoria y dispuso verbalmente a la Subdirección de Control Disciplinario, que sea objetiva para solventar cualquier recomendación, antes que conozca el pleno. “Tal recomendación, no es más que una opinión, que debe tratarla el pleno para negar o aceptar”, dice el comunicado.

El informe al que se hace referencia fue elaborado por Santiago Cueva, subdirector nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, quien recomendó la suspensión en contra de la fiscal Diana Salazar, incluida la remuneración, por el plazo máximo de tres meses.

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La sugerencia se basa en una denuncia de carácter disciplinario en contra de la fiscal general del Estado, que fue impulsada por el colectivo Acción Jurídica Popular (AJP), entre cuyos integrantes (y denunciantes) se encuentra Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, sentenciado por el delito de abuso sexual.

Según la denuncia, en el concurso convocado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en 2018, para elegir al fiscal general del Estado, Diana Salazar presentó documentos que no corresponden a producción académica y además varios textos habrían sido plagiados, incluyendo textos de la tesis con la cual la fiscal obtuvo su título universitario.

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La recomendación de suspender a Salazar no solo generó el rechazo de la funcioonaria, sino también fue motivo para que el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, expresara que la Judicatura no puede suspender ni sumariar a la Fiscal General. Además, Saquicela hizo un llamado a respetar la institucionalidad de la Función Judicial.

Al respecto, en el comunicado expedido por la Judicatura se destaca que “este organismo respeta la independencia de las instituciones y rechaza comentarios mal intencionados que intentan afectar la imagen del poder judicial del Ecuador, garante de la democracia”. (I)