Ante los pedidos para mejorar los niveles de seguridad de los funcionarios judiciales a nivel nacional, este miércoles 21 de septiembre próximo se reunirán autoridades de la Presidencia de la República, de los ministerio de Gobierno e Interior y del Consejo de la Judicatura (CJ) para tomar decisiones respecto a este tema.

El anunció lo hizo la mañana de este martes el presidente temporal del CJ, Fausto Murillo. “En esta mesa de trabajo vamos a construir la estrategia para dotar de seguridad a los servidores judiciales, especialmente en materia penal, que es donde estamos teniendo más alto riesgo”, indicó el líder de la Judicatura.

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La reunión se dará a las 09:00. La misma llega dos días después de que se produjo el asesinato a manos de sicarios del fiscal Édgar Edmundo Escobar, de la Unidad de Personas y Garantías del Guayas, hecho ocurrido en los exteriores del edificio de la Fiscalía de La Merced, ubicada en el centro de Guayaquil. En lo que va del año han sido asesinados tres fiscales y un juez.

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Instancias como la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Corte Provincial del Guayas han condenado la muerte violenta del fiscal Escobar y han hecho un llamado a las autoridades competentes a tomar acciones y brindar las garantías necesarias a los servidores judiciales, para que así estos puedan cumplir con su trabajo, pero con la seguridad de que sus vidas no están en peligro.

La fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, en una reunión dada en Guayaquil horas después del asesinato del fiscal Escobar solicitó a las autoridades policiales que redoblen los sistemas de seguridad, patrullaje y mayor protección a los funcionarios.

Murillo al ser consultado el lunes pasado sobre el tema de seguridad de jueces y fiscales, él recordó que el CJ cuenta con un instructivo de seguridad individual para servidores judiciales que están en riesgo. Según el funcionario, en el año 2019, debido a un estudio de riesgo, se le han dado protección personal a doce jueces, en el 2020 a nueve jueces, en el 2021 a doce jueces y en lo que va del 2022 a 23 jueces. Murillo refirió que esta seguridad y protección a servidores se habría dado previo a un estudio de riesgo en coordinación con el Ministerio del Interior.

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“Jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales aportamos desde cada uno de nuestros espacios a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, así como el cumplimiento de la ley en sujeción a los derechos y garantías establecidas en la Constitución; sin embargo, para cumplir con nuestra labor reclamamos seguridad a escala nacional”, señala la Corte Nacional mediante un comunicado público. (I)