Por haber cometido la “infracción gravísima de error inexcusable en sus actuaciones como juez” de la Unidad de Garantías Penitenciarias del cantón Portoviejo (Manabí), el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) decidió destituir a Banny Molina. Esto se dio luego de la declaración jurisdiccional previa emitida en agosto pasado por los jueces Hugo Velasco, Teddy Ponce y Celia García, de la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

“No se puede ofrecer motivo alguno para justificar la violación al derecho constitucional, a la garantía de ser juzgado por autoridad competente, incurriendo en error inexcusable que provoca daños efectivos y graves a la administración de justicia, que ha visto un proceso indebidamente frustrado por una acción de habeas corpus que debió haber sido inadmitida en primera providencia”.

Esa era la explicación con la que los transformados en jueces constitucionales Velasco, Ponce y García declararon de forma unánime la existencia del error inexcusable cometido por Molina, dentro del habeas corpus que otorgó, el 5 de agosto pasado, a Christian Araujo, beneficio que se extendió, por el principio intercomunis, al exvicepresidente Jorge Glas y a Daniel Salcedo.

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Investigaciones penales y pérdidas de competencia han marcado los siete años como juez de Banny Molina

La declaratoria jurisdiccional previa fue parte de la resolución emitida el viernes 26 de agosto último por el Tribunal de la Corte de Manabí, con la que se declaró la nulidad de todo lo actuado por Molina, entonces juez de Garantías Penitenciarias con sede en Portoviejo, por falta de competencia en razón del territorio, en la tramitación del habeas corpus de Araujo, Glas y Salcedo, así como por haber causado indefensión al no citar con la acción a quienes debieron haber sido legitimados pasivos: el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y la Procuraduría General del Estado (PGE).

La noche del 9 de agosto, la Policía detuvo en Manabí al juez Banny Molina, que concedió un 'habeas corpus' al exvicepresidente Jorge Glas y ordenó su liberación. Foto: tomada de la cuenta de Twitter de Patricio Carrillo, ministro del Interior. Foto: El Universo

Molina ya se encontraba suspendido en sus funciones, pues el mismo 5 de agosto pasado, fecha en que él resolvió en el caso por habeas corpus, fue notificado de que se le revocaba un sobreseimiento a su favor y fue llamado a juicio dentro de un proceso penal por prevaricato.

Este caso se suma al proceso penal que se le abrió al juez, el 9 de agosto pasado, por el delito de usurpación y simulación de funciones, por el que se le ordenó arresto domiciliario, prohibición de salida del país y uso del grillete electrónico. En este proceso ya se cerró la etapa de instrucción fiscal y se está a la espera de que se fije una fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. (I)