Juez declara nulo el juicio político que destituyó a los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y dispone medidas de reparación

Una acción de protección declaró nulos el juicio político y la resolución de la Asamblea Nacional que recoge la censura y destitución de los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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Este miércoles 7 de diciembre, el juez de La Concordia Ángel Lindao instaló la audiencia para sustanciar la acción de protección que planteó el ciudadano Manuel Párraga en contra del juicio político que se evacuó el 18 de noviembre pasado y que terminó con la destitución y censura de Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo, cuatro de los siete vocales del CPCCS.

Ellos se mantenían en funciones debido a que el mismo juez dictó una medida cautelar hasta resolver la acción de protección, lo cual se dio la mañana de este miércoles.

Ulloa, Bravo, Rivadeneira y Estupiñán, acompañados de su abogado Diego Chimbo, participaron de la audiencia de forma virtual desde el pleno del Consejo de Participación Ciudadana en Quito; al igual que el abogado de la Asamblea Nacional, Édgar Lagla, intervino de manera virtual.

En esencia, Chimbo detalló cómo se desarrolló el enjuiciamiento en la Comisión de Fiscalización y que llegó al pleno legislativo sin un informe sobre el cual los interpelados debían defenderse.

Por su parte, Édgar Lagla señaló que los cuatro vocales trataron de tergiversar la seguridad jurídica y que buscaban no enfrentar el juicio político; además, cuestionó la “grosera intromisión” en las funciones de la Asamblea Nacional.

Después de escuchar los alegatos de cargo y descargo de las partes, a eso del mediodía, Lindao expresó su fallo de forma oral y empezó cuestionando a la legislatura y a sus miembros por insultarle en redes sociales y entrevistas en medios de comunicación calificándolo como “juez de alcantarilla”.

Aunque no mencionó el nombre del asambleísta que lo llamó así, aspiró a que “ojalá el asambleísta no vaya a necesitar” de un juez en algún momento y pidió respeto.

Defendió la competencia para emitir la medida cautelar, pues consideró que el efecto es a nivel nacional, porque el Consejo de Participación Ciudadana es un organismo que tiene ámbito nacional y la decisión de la destitución de los consejeros “desestabiliza este órgano del poder público”.

Recordó los hechos y fechas en la sustanciación del enjuiciamiento y reconoció la facultad que tiene el Parlamento de fiscalizar. “Nadie está objetando eso, pero lo que no podemos permitir es que desde la propia Asamblea se diga que no se van a acatar las disposiciones emitidas por un juez constitucional”.

Exhortó a que se respete la institucionalidad de cada órgano del Estado, pues “ningún poder del Estado está por encima del control constitucional” y en su fallo concluyó que se vulneraron los derechos al debido proceso y la seguridad jurídica de los cuatro consejeros, al haber sido sancionados sin que haya habido un informe de sustanciación aprobado por la Comisión de Fiscalización.

Aceptó la acción de protección presentada por Manuel Párraga, declarando vulnerado el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica, y como medidas de reparación dispuso declarar la nulidad absoluta del juicio político por haber “precluido” en la Comisión de Fiscalización sin que se haya aprobado el informe.

Además, porque se convocó a los consejeros a comparecer sin considerar un plazo de 72 horas para que preparen su defensa y, en esa línea, dejó sin efecto legal la resolución del 18 de noviembre, en la que se censura y destituye a los cuatro vocales.

Aclaró que el fallo sobre la acción de protección sustituye la medida cautelar y en ella ordenó al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que presente las disculpas públicas a los cuatro consejeros.

Que se les cancelen los valores por los días que estuvieron suspendidos de sus funciones y, finalmente, que la legislatura exponga una “placa conmemorativa y un banner” (anuncio) con el mensaje: “Ningún poder del Estado está por encima del poder constitucional”.

Al conocer la resolución, Édgar Lagla, en representación de la Asamblea Nacional, anunció que apelarán ante la Corte Provincial; en tanto que el presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, resaltó que se hizo justicia.

“El juez ha entrado en la convicción de que existió una vulneración de derechos en contra de los consejeros, que hemos sido objeto de un procedimiento político sin el debido proceso, violándose el ejercicio de nuestra defensa”.

Agregó que esta resolución “dictada en derecho blinda nuestras actividades” y dispone a la legislatura que continúe cumpliendo lo que el Consejo de Participación Ciudadana envía, es decir, que se posesione al nuevo titular de la Superintendencia de Bancos, Roberto Romero von Buchwald, que se designó la madrugada del 3 de diciembre.

“Se han legitimado nuestras acciones y nuestras funciones como consejeros”, expresó Ulloa.

Tras esta resolución judicial, Ulloa, Bravo y Estupiñán desistieron de continuar con la acción de protección que plantearon en Quito y que iba a ser tramitada por un Tribunal Penal, la tarde de este miércoles, en el Complejo Judicial Norte.

La diligencia estaba convocada a las 14:30, pero los vocales notarizaron un documento en el que comunican al Tribunal de Garantías Penales su desestimiento del recurso, para evitar un “presunto abuso del derecho y duplicación de una causa constitucional sobre los mismos hechos”. (I)