Debido a que Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional en Petroecuador en el período presidencial de Rafael Correa, y otras cinco personas no enviaron sus abogados, la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal por el delito de cohecho, ocurrido a partir de una red de sobornos al interior de la estatal petrolera ecuatoriana, fue diferida, la mañana de este viernes, por el juez penal de Pichincha, Geovanny Freire.

La Fiscalía pidió una audiencia para vincular al proceso a diez personas más, pero solo a la diligencia llegaron los representantes legales de cuatro de los convocados.

Además de Arias, quien se encuentra en Estados Unidos colaborando con la justicia de ese país en un caso relacionado al negocio petrolero, no asistieron a la audiencia las defensas de los hermanos Antonio y Enrique Peré Icaza, quienes aceptaron su responsabilidad ante autoridades estadounidenses en ilícitos relacionados con el tema petrolero; tampoco la de Raymond Kohut, exfuncionario de la transnacional Gunvor, ni las de dos extranjeros que laboraron para las comercializadoras Vitol y SMI.

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Desde diciembre pasado, la Fiscalía busca vincular a Arias, a los hermanos Peré Icaza, al canadiense Kohut, Mauricio Samaniego, Irma Romero, José Luis Moreno, Tomás Meneses Petrochelli, Mario Barrigan y Javier Aguilar.

No hay una fecha aún definida para la nueva audiencia de vinculación, pero una vez se dé la misma, la causa contará con 17 procesados. En noviembre pasado se formuló cargos a Galo Garzón y Miguel Palacios, exadministrador de Contratos y exsubgerente Comercial de Operaciones de Petroecuador, respectivamente; al exsubsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, Willam Vásconez, Wilson Naranjo, Jorge Ponce, Andrés Racines, exjefe de Soporte Técnico de Petroecuador; y  Lenín Armijos, exasesor de la Gerencia General de Petroecuador,

Nilsen Arias es acusado de lavado de dinero en Estados Unidos y actualmente está libre bajo fianza y colaborando con la justicia de ese país. Los dineros lavados por Arias, que serían al menos $ 15 millones, tendrían directa relación con sobornos recibidos por él en diez años, entre el 2010 y 2017, que fue funcionario público en la estatal petrolera ecuatoriana.

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La Fiscalía mantiene como uno de los elementos de convicción la investigación remitida como asistencia penal internacional por Estados Unidos, la cual haría referencia “al modus operandi de la cadena de corrupción, para sobornos y lavado de activos, que operaba en Petroecuador”. Dentro de esa investigación las autoridades estadounidenses tienen la cooperación de Arias, pues se declaró culpable.

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La teoría que maneja la Fiscalía habla de que los investigados desde sus posiciones se asociaron para ejecutar actos de corrupción a cambio de brindar información privilegiada para beneficiar a comercializadoras internacionales como Vitol, Gunvor o la empresa Petrochina con la adjudicación de contratos. El cohecho investigado habría alcanzado los $ 22 millones.

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Para la fiscal Ivonne Proaño, quien formuló cargos a inicios de noviembre pasado, los cuatro exfuncionarios de la estatal petrolera, el extrabajador del Ministerio de Finanzas y los dos ciudadanos habrían colaborado en algún nivel con el entonces gerente Arias para obtener beneficios ilegales dentro del proceso de compra y venta de crudo o derivados.

Entre quienes sí asistieron a la diligencia convocada por el juez Freire estuvo Ernesto Albán, abogado de José Luis Moreno. Él asegura estar interesado en escuchar cuáles son los elementos de convicción que presentará la Fiscalía para vincular a su cliente, pues no le encuentra sentid a la vinculación que se pretende dar. (I)