Juicio político a exministra de Salud Ximena Garzón por compra de medicinas caducadas corre el riesgo de archivarse por precluir plazos de notificación

La exministra de Salud Ximena Garzón podría salvarse del juicio político en su contra debido a que no se notificó, dentro del plazo, a la exfuncionaria y a los dos legisladores interpelantes —Natalie Viteri (PSC) y Ricardo Vanegas (Pachakutik)— de los informes de posturas y las actas de sustanciación del enjuiciamiento.

La secretaría general de la Asamblea tenía hasta el domingo 18 de diciembre para notificar a las dos partes, pero la difusión del informe recién la realizó el lunes 19 de diciembre a las 16:25.

La Comisión de Fiscalización, el pasado 15 de diciembre, no obtuvo los votos para aprobar el informe borrador que recomendó el archivo de la solicitud de juicio. “No se han encontrado indicios de incumplimiento de funciones toda vez que se han analizado las pruebas de cargo y la contestación a las acusaciones políticas por parte de los funcionarios cuestionados”, decía el documento. Por ello, la mesa remitió el informe de posturas y el expediente a la secretaría el 16 de diciembre.

No hubo votos para archivar el juicio político a la exministra de Salud Ximena Garzón, y el proceso pasa a definición del pleno

Tanto el presidente como la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio y Ana Belén Cordero, en su orden, alertaron de que los que conforman la mayoría legislativa de UNES y PSC se “comieron el juicio político”, porque una vez presentado el informe de posiciones, que la mesa de Fiscalización realizó el 16 de diciembre, la secretaría general del Parlamento tenía 48 horas para notificar a las partes, pero no se hizo sino hasta el 19 de diciembre.

La secretaría general del Parlamento, en su notificación, señala que el 17 de diciembre terminó recién el plazo para la presentación de las actas de votación correspondiente y un informe con el detalle de las posiciones de los asambleístas miembros de la Comisión.

Cordero reveló que desde la secretaría general de la Asamblea se llamó al secretario relator de la mesa de Fiscalización reconociendo que se olvidaron de notificar a las partes con el informe de posiciones a Garzón y a los asambleístas acusadores; y se añadió: “Por favor, si se puede enviar el informe de posiciones en físico con fecha sábado 17 de diciembre, y desde la Comisión se dijo que no”. Por lo tanto, no hay juicio.

Fernando Villavicencio agregó que el pleno ya no puede conocer el juicio a la exfuncionaria de Salud porque el plazo precluyó el domingo pasado, y la secretaría de la Asamblea notificó un día después de vencido el plazo. “Con todo esto, ya no existe juicio. Se comieron el juicio y se cayó ese proceso”, destacó.

El asambleísta interpelante Ricardo Vanegas (Pachakutik) lamentó que sea el segundo juicio que no prospera en el pleno por haber precluido los plazos, y la responsabilidad en este proceso en contra de Garzón radica en el secretario de la Asamblea, porque notificó un día después del plazo.

Comentó que aspiraba a que las posturas de los bloques sobre este juicio llegaran al pleno, porque hay elementos que demuestran la responsabilidad de la exfuncionaria. Sin embargo, dijo que no puede ser ambivalente y debe respetar lo que señala la Constitución; es decir, si los plazos precluyeron por culpa del secretario del Parlamento o del presidente de la Asamblea, no cambiará su criterio de que no se puede aplicar el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque la nueva mayoría legislativa confunde procesos de fiscalización con juicio político.

Vanegas dijo que la mayoría parlamentaria afín a UNES, a PSC y a Virgilio Saquicela bloqueó la posibilidad de llevar al juzgamiento a la exministra Garzón, y que existen pruebas que demuestran que el Ministerio de Salud ayudó a cambiar la normativa del reglamento de contratación pública para favorecer a una empresa, que era Ginsberg Ecuador, que está impedida de vender al sector público por contratista incumplida desde el 2019, pero se implementó una nueva forma de contratación utilizando dos universidades para poder vender las medicinas aplicando un baipás. (I)