El proceso de juicio político al exministro del Interior Patricio Carrillo continúa dentro de la etapa de prueba respecto a tres solicitudes de interpelación presentadas por legisladores de las bancadas Unión por la Esperanza (UNES), Pachakutik (PK) e Izquierda Democrática (ID). El plazo para responder a las acusaciones vence el próximo 26 de enero.

La comisión unificó las tres peticiones de juicio que tienen relación con supuestos incumplimientos de funciones durante las manifestaciones de junio de 2022 y en el femicidio de María Belén Bernal.

Patricio Carrillo, exministro del Interior, será sometido a tres juicios políticos por movilizaciones de junio de 2022 y femicidio de María Belén Bernal

Primera solicitud

La primera solicitud de juicio la presentaron los asambleístas Peter Calo (PK) y Jhajaira Urresta (UNES) el 9 de agosto de 2022. Ellos responsabilizan al exfuncionario por las acciones, omisiones y por la mala aplicación de los protocolos y estándares internacionales en el uso progresivo de la fuerza durante el paro nacional de junio de 2022, lo cual ha causado consecuencias y lesiones a los derechos humanos.

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Los interpelantes afirman que hay elementos que harían presumir siete posibles responsabilidades respecto al incumplimiento de funciones:

  1. Violación a los derechos humanos en el contexto de las movilizaciones y paralización nacional comprendida entre el 13 y 30 de junio de 2022, e incumplimiento a la función de aseguramiento del respeto y vigencia de los derechos humanos, establecida en el artículo 3 letras b, t del Decreto Ejecutivo 381;
  2. No acatamiento y verificación del cumplimiento de la Constitución de la República y otro marco legal establecido en el artículo 3 letra a del Decreto Ejecutivo 381.
  3. Inadecuado control de la actuación de la Policía Nacional en el marco de las movilizaciones y paralización nacional.
  4. Falta de aplicación de políticas públicas adecuadas para la seguridad ciudadana, establecido en el artículo 3 letra c del Decreto Ejecutivo 381.
  5. No ejecutar diligentemente las funciones establecidas en el artículo 3 letras e y d del Decreto Ejecutivo 381.
  6. Incumplir con lo que establece el artículo 63 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
  7. Actuar en contra de lo que dispone el artículo 64 numerales 1, 2, 3 y 5 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.

Segundo proceso

El segundo pedido de juicio lo formularon las asambleístas Lucía Placencia y Johana Moreira (ID) el 25 de agosto de 2022, por incumplir funciones durante la jornada de la protesta social de junio del año pasado, fundamentalmente, en el respeto a los derechos humanos, dado que las personas son titulares del derecho a la protesta.

Las dos asambleístas del partido naranja desarrollan cuatro causas para el juicio político en contra de Carrillo:

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  1. Uso extralimitado de la fuerza en ataques a universidades, así como a los Centros de Atención Humanitaria.
  2. Fallecidos en contexto del paro nacional.
  3. Represión en parque El Arbolito el 24 de junio del 2022.
  4. Uso extralimitado de la fuerza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Tercer pedido de juicio

Esta solicitud de interpelación la presentó la legisladora Gissela Garzón (UNES) el 8 de octubre de 2022, por supuesto incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución.

La acusación principal se centra en el caso de femicidio de María Belén Bernal, registrado en la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo.

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La proponente acusa a Carrillo de inacción y omisión en el tema del femicidio de Bernal, pues según la legisladora, “pese a ser estos hechos tan alarmantes tanto por la gravísima violación de derechos humanos producida contra María Belén Bernal, como por la inminente responsabilidad directa del Estado por el contexto en que se produce este crimen, el hoy exministro incumplió flagrantemente sus obligaciones como autoridad rectora de seguridad ciudadana y convivencia social pacífica en el marco del respeto a los derechos fundamentales”.

Además, sostiene que en medio de esta crisis, el 13 de septiembre de 2022, el exministro solicitó vacaciones para salir fuera del país a un evento social de carácter privado, incumpliendo los deberes inherentes de sus funciones y como tal contraviniendo los literales a), b) y f) del artículo 22, literal a) de la Ley Orgánica de Servicio Público; banalizando la gravedad y la naturaleza de los hechos, refiriéndose a este atroz crimen como “delito pasional” o “acto humano, irracional, pero es de humanos”.

Esas declaraciones, según la interpelante, ponen en evidencia la falta de rectoría con enfoque de género en la política pública que se encontraba en el ámbito de sus competencias, incumpliendo lo previsto en el artículo 70 de la Constitución de la República”.

Por ello, Garzón responsabiliza al exministro de inobservar la responsabilidad del Estado respecto a la formulación y ejecución de políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado e incorporando el enfoque de género en planes y programas. (I)

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