El segundo juicio político que se sigue en contra del ministro de Obras Públicas, Darío Herrera Falconez, está calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y notificado a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Será el siguiente proceso en sustanciarse.

La primera solicitud de interpelación, también calificada, la presentó el legislador Jorge Abedrabbo, y se refiere también a supuestos incumplimientos en atención a temas viales en la provincia de Bolívar.

Calificado el juicio político al ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, por incumplimiento de funciones

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, anunció que estas dos solicitudes de interpelación se unificarán y que la mesa lo conocerá en la tercera semana de febrero, una vez que se presente el informe relativo al procesamiento del juicio político al exministro del Interior Patricio Carrillo.

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Segunda solicitud

La segunda solicitud de juicio político la presentó el asambleísta José Chimbo, del bloque de Pachakutik. En esta, a diferencia del primer proceso, se amplían los cuestionamientos al funcionario respecto al estado de la red vial del país.

Pero alrededor de este proceso se suman algunos cuestionamientos de asambleístas que solicitaron información al funcionario el año pasado, y que tienen relación con presuntas irregularidades en negocios fiduciarios en donde aparecería como beneficiario, entre otros, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

Al ministro Darío Herrera le solicitaron información de si él representó o gestionó el fideicomiso mercantil de administración Santa Cruz, cuyos aportantes son Inmobiliaria Montecristi y el Isspol, con un monto de $ 14 millones.

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Piden al funcionario indicar la actividad o responsabilidad en la ejecución del proyecto fideicomiso o el viceministro de Infraestructura y Transporte, Andrés Pino; y que precise si existió o mantiene alguna sociedad de hecho o de derecho con la empresa Recidiva S. A.

Cuestionamientos

En los procesos de juicio político presentados en contra del ministro Herrera se habla de un supuesto abandono de las vías en la Amazonía y se precisa la conexión entre las provincias de Sucumbíos, Napo y Pichincha; y que por más de un año no se soluciona el problema en la variante San Luis-Reventador.

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El asambleísta Chimbo asegura que hay incumplimientos de los contratos y asignación de fondos para honrar el compromiso de trabajo para ejecutar las vías Santa Fe-Caluma y Talahua- Facundo Vela.

A esto se añade la promesa institucional de la construcción de la vía Ambato-Guaranda-Babahoyo, de cuatro carriles de circulación.

En torno a las vías de la Costa, se señala que el 80 % de las vías de esa región está abandonado en Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro y Esmeraldas. En el caso de Santa Elena, se cuestiona la inversión realizada en la red vial y se solicita información sobre el contratista, el proceso de selección y el cumplimiento de los trabajos.

Igualmente, en la Asamblea Nacional, los asambleístas esperan información del ministro Herrera sobre el avance de la ejecución del proyecto Santo Domingo-Buena Fe, sobre las estaciones de peaje operativas, el aporte de concesionarios, ingresos por recaudación de peajes en el proyecto e identificar al financista de la obra.

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También quieren conocer el avance del proyecto Cuenca-Molleturo-El Empalme, así como sobre la contratación de la empresa para la elaboración de los estudios de la vía Cuenca-Girón-Pasaje.

Sobre las obras entre las provincias de El Oro y Guayas, esperan que el funcionario informe sobre el estado de construcción de los puentes, su avance y fecha de culminación de obras; además, el proceso de selección de la empresa para la construcción de los puentes.

Al funcionario de Obras Públicas se le requiere información respecto al proyecto Viaducto Sur, conocido como “quinto puente”: sobre el avance tangible, el mecanismo de contratación y la forma como resolverá el conflicto con la Prefectura del Guayas.

Otra de las acusaciones, en esta segunda solicitud de juicio político, se refiere a un supuesto perjuicio en la inversión pública en materia vial por falta de gestión: no hay ejecución presupuestaria del 61 % a noviembre de 2022.

Se cuestiona la capacidad de las empresas privadas para atender las necesidades de contratación para mantener y mejorar las condiciones de las carreteras del Ecuador, lo cual demuestra el incumplimiento de las responsabilidades del funcionario. (I)