La contratación de HDC Producciones, cuyo representante legal es Daniel Salcedo, hoy sentenciado por corrupción, para servicios de comunicación de la Contraloría del Estado, no constaba dentro del plan anual de contrataciones.

Así lo reveló Darwin Moreno, funcionario de la coordinación administrativa de la Contraloría del Estado y hermano del exmandatario Lenín Moreno, dentro de su comparecencia en el juicio político del excontralor Pablo Celi, acusado de incumplimiento de funciones.

El funcionario además afirmó que desconocía que la empresa HDC Producciones tenía una glosa en el 2016; es decir, un año antes de la firma del contrato de comunicación por un monto de $ 1′150.000, suscrito en diciembre del 2017.

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La asignación del contrato a HDC Producciones es parte de las seis acusaciones planteadas por el asambleísta Juan Lloret (UNES) en el juicio político contra Pablo Celi, para lo cual también pidió la comparecencia de la exsubcontralora de Gestión Interna de la Contraloría María de las Mercedes Placencia y de Silvana Vallejo Páez, exdirectora general del Servicio Nacional de Compras Públicas, quienes se excusaron de asistir.

A su turno, en su exposición realizada desde la cárcel 4 de Quito, Salcedo aseguró que no hubo ni tuvo influencia en la Contraloría del Estado para obtener el contrato sobre comunicación, que al excontralor subrogante, que lo conoció en la cárcel como cualquier Persona Privada de Libertad (PPL). Que antes nunca tuvo contacto con él y entre las llamadas telefónicas no consta la de Celi.

Que la invitación a concursar se dio a través del Sercop y que no tenía ninguna persona conocida en la Contraloría que haya invitado a participar en este contrato; aunque dijo que no se acuerda que tipo de servicio brindó a la entidad, pues la empresa tiene muchísimos contratos. Pero admitió que fue notificado como representante de la empresa que tenía una glosa.

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No acudieron a comparecer los representantes de las empresas SmartSocial y MCV Publicidad, sobre el proceso de contratación de servicios con la empresa HDC Producciones, por parte de la Contraloría.

La Comisión de Fiscalización abrió la etapa de prueba de cargo y de descargo dentro del juicio, para lo cual abrió la etapa de comparecencias y aprobó un cronograma de 70 personas que deben rendir su versión en este juicio político.

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Comisión de Fiscalización indaga posible intervención del excontralor Pablo Celi en el proceso electoral

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Concertación), aseguró que la glosa en contra de la compañía HDC, en el 2016, fue por un contrato de una fiesta del 2015 con el señor Raúl Di Blasio, suscrito por la Gobernación del Guayas de ese entonces.

Moreno afirmó que no sabía de la glosa a HDC y aclaró que no está dentro de sus funciones la adjudicación del contrato, que lo único que hizo es un acto administrativo y develó los pasos que se dieron antes de la asignación, cuyo documento fue suscrito por María de las Mercedes Placencia el 26 de diciembre de 2017.

Respecto al historial de las compañías contratistas con el Estado, si bien no es su área, expresó que el certificado de responsabilidades no es un documento habilitante para los procesos de contratación, pues el Servicio de Contratación Pública tiene habilitadas a las compañías que cumplen con los requerimientos de dicho organismo; en este caso, cumplimiento de obligaciones con el SRI, IESS y no tener incumplimientos.

Igualmente, Moreno señaló que sabía que en el 2019 se desvaneció una glosa a favor de HDC. Esa glosa, aseguró la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero (CREO), fue un proceso que se siguió al exgobernador Rolando Panchana, por $ 320.000, por la adjudicación de un contrato de HDC Producciones, sin contar con los estudios previos del procedimiento precontractual; y que la glosa implicó $ 130.875, por charlas educativas; y por 45 proyecciones de la película “Adicto a la vida”, por $ 1′200.875. La glosa se confirmó en septiembre del 2016.

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Lloret señaló que llama la atención que el contrato con HDC Producciones se realizó a última hora y con una serie de irregularidades. Que es extraño que no haya comparecido María de las Mercedes Placencia, quien firmó el contrato por delegación expresa del entonces contralor general subrogante, Pablo Celi.

Cuestionó que la Contraloría haya adjudicado un contrato que supera el millón de dólares a una empresa que tenía observaciones previas de la propia Contraloría, por otros contratos.

Reveló que el 20 de diciembre de 2017 se pide que se elabore el contrato y se adjudicó al día siguiente, y que en seis días se llevó adelante el proceso precontractual.

Que dentro de los términos de referencia se establece que el gerente de la empresa tiene que tener formación y estudio de tercer nivel en comunicación, marketing y publicidad; título que Daniel Salcedo no poseía; pese a ello, la Contraloría dio paso a la contratación. (I)