La Asamblea Nacional, este 11 de agosto, entró a definir si llama o no a juicio político al excontralor del Estado subrogante Pablo Celi, por incumplimiento y arrogación de funciones, responsabilidad en el desvanecimiento de glosas y por estar inmerso en el proceso penal sobre delincuencia organizada.

La sesión del pleno 721 se instaló a las 08:32 e inmediatamente se pasó a dar lectura a los informes sobre las posiciones de los nueve integrantes de la Comisión de Fiscalización que procesaron la solicitud de juicio político planteada por el legislador Juan Lloret, integrante del bloque correísta Unión por la Esperanza. La lectura de estos documentos conllevó siete horas y se suspendió la sesión hasta las 16:00 para abrir el debate.

La Comisión de Fiscalización no presentó un informe recomendando el juicio político debido a que la secretaria de la mesa olvidó notificar la resolución del 30 de julio sobre el pedido de prórroga de cinco días para presentar el informe respectivo; por lo que se optó por aplicar el tercer inciso del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que permite remitir un informe donde se detallen las posiciones de los asambleístas miembros de la Comisión para que sea el pleno el que resuelva, ya sea el archivo o el juicio político.

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Sin informe de Comisión, Pablo Celi será llevado a juicio en el pleno de la Asamblea Nacional

Los legisladores que integran la Comisión de Fiscalización: Fernando Villavicencio (Concertación-PSE); Ana Belén Cordero, Marco Troya y Pedro Velasco (BAN); Soledad Diab (PSC); Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova (UNES); y, Bruno Segovia (antes de PK), coinciden en sus informes que el exfuncionario de la Contraloría debería ser llamado a juicio político, aunque no acogen todas las acusaciones planteadas por el interpelante correísta.

Según el procedimiento, una vez que el pleno conozca y debata los informes de posiciones, se conocerá una moción para que el pleno vote. Según un acuerdo político previo, la moción recomendando el juicio político a Pablo Celi la planteará la bancada de la Izquierda Democrática.

Si se aprueba la moción, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, en un plazo de cinco días deberá incorporar en el orden del día el trámite del juicio, que concluirá con la votación de una moción de censura. La censura, según la norma, provocará dos años de inhabilidad del exfuncionario para ocupar un cargo público. (I)