Juzgamiento en el caso Las Torres entra en sus días finales; Tribunal suspendería la audiencia para evaluar pruebas y argumentos

Ocho meses después de haberse iniciado la audiencia de juzgamiento en el caso Las Torres, proceso penal en el que la Fiscalía sostiene que existió un grupo organizado para desvanecer glosas, facilitar el pago de facturas y a cambio obtener el 20 % de una factura de $ 20,3 millones que se debía pagar a la empresa Nolimit C. A., esta etapa parece llegar a su final.

Con 42 días de audiencia evacuados ya solo quedan por intervenir las defensas de los acusados Mauricio Orellana, exgerente de Refinación de Petroecuador, y Esteban Celi, hermano del excontralor subrogante Pablo Celi, también parte de los trece llamados a juicio por el delito de delincuencia organizada. Solo Pedro Saona y Roy Calero no asisten al juicio, pues por estar prófugos se les suspendió esta etapa.

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Los abogados de Orellana y Celi deben presentar la prueba pericial, testimonial y documental con la que pretenden destruir la acusación hecha por la fiscal general, Diana Salazar. Para el martes 6 de diciembre próximo, a partir de las 10:00, se ha convocado a la reinstalación de una diligencia que arrancará con la defensa del exgerente de la estatal petrolera ecuatoriana.

Terminadas estas intervenciones lo que restaría es escuchar los alegatos de cierre de la Fiscalía, de las instancias que participan como acusadoras particulares: Procuraduría General y Petroecuador, y la defensa de los once acusados de ser parte de un “grupo estructurado” que operó a través de la Contraloría General, la secretaría de la Presidencia y Petroecuador, entre el 2017 y el 2020.

Salazar en 28 días de exposición presentó un total de 31 pruebas periciales y testimoniales y 24 pruebas documentales para buscar una “condena justa” para hechos delictivos cometidos por un grupo estructurado integrado por personas con características especiales: funcionarios públicos y personas particulares que en su mayoría mantenían vínculos familiares y relaciones de amistad con quienes lideraban la organización.

La fiscal general insistió en que en el ejercicio de mando y liderazgo se encontraban el excontralor Pablo Celi, el exgerente de Petroecuador Pablo Flores y José Agusto Briones, exsecretario de la Presidencia de Lenín Moreno, sobre quien se extinguió la acción penal por su fallecimiento durante este proceso. La Fiscalía decía que el excontralor recibió $ 500.000 y Flores en efectivo $ 40.000.

Los restantes enjuiciados: Natalia Cárdenas, Mauricio Orellana, Martha Barrezueta, Esteban Celi, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque y Adolfo Agusto Briones eran colaboradores de la estructura, según la acusación.

La defensa de Pablo Celi, Marcelo Ron, no solo piensa que la Fiscalía no ha presentado nada contundente que defina la participación de su cliente en esta delincuencia organizada, sino más bien cree que con el testimonio del propio excontralor se comprobó que a él se le armó un proceso como parte de una persecución política para alejarlo de la Contraloría.

Pablo Celi, en su intervención, dijo ser la víctima de una “confabulación penal fraudulenta” impulsada por Diana Salazar y que su procesamiento por delincuencia organizada es parte de un “fraude premeditado, políticamente conducido, orientado a su proscripción como autoridad de control, a la intervención sobre la Contraloría y a echar abajo las decisiones que tomó como autoridad de control”.

Al ser señalados como líderes de la organización, Celi y Flores son acusados por el delito de delincuencia organizada previsto en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal, que deja una pena de siete a diez años de cárcel. El resto, es decir, los colaboradores son acusados por el mismo 369, pero con el inciso segundo, que habla de penas de cinco a siete años de prisión.

Pablo Encalada, abogado del exgerente Flores, dijo estar satisfecho con la prueba presentada (diez testigos y peritos y una abundante prueba documental) ante el juez Walter Macías, presidente de la Sala, y los conjueces Adrián Rojas y Mauricio Espinosa, todos de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Con ella, apuntó, demostraron que Pablo Flores no tuvo ninguna participación en el pago de las facturas que Petroecuador mantenía con la empresa Nolimit y que jamás ejerció presiones para que se realicen los pagos desde la estatal petrolera.

“Presión o ilegalidad en el proceso de pago no existió jamás. Además quedó comprobado ante los jueces de juzgamiento que Raúl De la Torre y Roberto Barrera (ambos sentenciados en Estados Unidos por ser parte de una trama de corrupción en Petroecuador) tenían como práctica habitual la corrupción y así lo hicieron en 17 instituciones públicas”, reflexionó Encalada.

Flores, en su testimonio, expresó que estuvo 25 meses en Petroecuador y jamás fue cabecilla de ninguna organización delictiva y tampoco cometió delito alguno. Habló de su tirante relación con De la Torre, entonces funcionario de la estatal petrolera ecuatoriana, las amenazas que recibía de su parte y de las llamadas que tuvo de parte de funcionarios públicos para que no lo sacara del puesto.

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“Raúl De la Torre fue asesor de gerentes generales de Petroecuador en los años 2016 y 2017, es decir, él conocía perfectamente el funcionamiento de Petroecuador porque ya había trabajado ahí. (...) Hemos escuchado un basural de mensajes entre Barrera y De la Torre donde existen menciones en no menos de 17 instituciones del Estado, menciones en las que ambos están maquinando actos de corrupción”, refirió.

Encalada piensa que la diligencia durará un par de días más, después del 6 de diciembre próximo, y se suspenderá para que los jueces ingresen a evaluar todos los argumentos planteados y las pruebas expuestas. Abogados consultados esperan que la decisión oral se dé a conocer lo más pronto posible, pues falta poco para que se cumplan dos años de que se detuvio a los primeros procesados y se les formularon cargos (abril del 2021).

Pese a esa aspiración, los jueces tomarán un tiempo prudencial para revisar los casi 800 cuerpos que forman parte del expediente y analizar 14 intervenciones. Que se les ratifique su estado de inocencia o se los encuentre culpables son los dos caminos que les quedan por conocer a los once acusados por delincuencia organizada. (I)