Durante 31 días el país vivirá una mezcla de campañas electorales en las que los sujetos políticos buscarán posicionar el voto por tres alternativas en los comicios convocados para el 5 de febrero del 2023: para el Sí o el No por el referéndum; para los candidatos a los gobiernos locales; y, para los candidatos a las siete vocalías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Este lunes 12, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cierra el ciclo de inscripciones para que las organizaciones sociales y políticas se inscriban para promocionar el Sí o el No al referéndum que planteó el presidente de la República, Guillermo Lasso y, hasta el momento, solo una agrupación registró su participación.

Se trata del partido Unidad Popular (UP) que impulsará el No por las ocho preguntas propuestas. El director nacional de UP, Geovanny Atarihuana, acudió este jueves al Consejo, acompañado por las candidatas a la Alcaldía y la Prefectura, para anunciar su inclinación por esta opción.

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“Hemos decidido tomar posición e invitamos al pueblo a no dejarse engañar y decirle No, porque ninguna pregunta resuelve los problemas de la gente, no resuelve el tema de seguridad, empleo, educación. Es una cortina de humo en la cual el presidente Guillermo Lasso quiere que nos olvidemos de su pésima gestión”, expresó Atarihuana.

Aunque no ha confirmado si oficializará su inscripción en el CNE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) también impulsará el No.

Su presidente, Leonidas Iza, anunció, este 9 de diciembre, que dirán No a este referéndum porque “no soluciona” los problemas de la gente, pues no incluye ninguna pregunta en materia económica, reprochó.

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El Gobierno, promotor de esta iniciativa, no ha definido aún su participación. Aunque, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez indicó en una entrevista en radio Única que no intervendrán activamente.

“No, no queremos participar (en la campaña). Creemos que es una consulta para la ciudadanía y lo que hemos sido es ser interlocutores de las preguntas. No hemos querido sorprender a nadie con alguna originalidad o preguntar sobre aves o pájaros, como en el pasado que se preguntó por las peleas de gallos. Nuestra idea es preguntar sobre cosas importantes y la ciudadanía es la que debe estar activa, nosotros tenemos nuestra opinión y quien decide es la ciudadanía y es ella la que debe tener ese rol protagónico, porque son temas que tienen que ver con el futuro del Ecuador”, manifestó.

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No obstante, el pasado martes, la Presidencia de la República difundió un mensaje a la nación de poco más de 10 minutos en la que el jefe de Estado explicó las ocho preguntas, concentrándose en el tema de seguridad ciudadana.

El analista político Simón Jaramillo cree que es negativo que se hagan consultas en conjunto con elecciones de autoridades y previene que en estos comicios “se dispersará el debate, se mezclará el tema de afinidad y no afinidad con el Gobierno y se producirá este cruce de mensajes”.

De acuerdo con el calendario definido por el Consejo Electoral, la campaña para elegir autoridades de los gobiernos seccionales, para el referéndum y los candidatos al CPCCS, iniciará oficialmente el 3 de enero y terminará el 2 de febrero.

En ese periodo, según Jaramillo, las organizaciones políticas aprovecharán para hacer promoción electoral por sus candidatos y por el referéndum, lo que provocará “un choque comunicacional”, por lo que será necesario que la autoridad electoral realice un control exhaustivo para evitar que los spots que sean dirigidos hacia el referéndum se utilicen para los candidatos. “Al menos conceptualmente eso está regulado para que no suceda, pero el CNE deberá tomar los correctivos de darse estos hechos”, sugirió.

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De igual forma, Medardo Oleas, analista de temas electorales, considera que durante los 35 días de campaña habrá confusión y no descarta la posibilidad de que “se apalanquen ciertos candidatos a la negativa a la consulta”.

Cuestionó que la campaña posicione solo dos opciones y no contemple el Nulo, pues a su criterio, esta es la primera vez que el electorado podrá pronunciarse sobre las funciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana para designar autoridades y en ese caso quitarle esa atribución para transferirla a la Asamblea Nacional, como plantea la pregunta del referéndum.

Por ello, su propuesta es que debería impulsarse una promoción que convoque a la ciudadanía a anular las papeletas en las que constan los 45 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y que eso se conjugue con el referéndum para quitarle la atribución de elegir autoridades.

“Con la crisis institucional que vive el país, por primera vez se pone en nuestras manos la posibilidad de decidir sobre la clase corrupta de la Asamblea Nacional que busca tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y ya que vamos a elegir a los vocales y a la vez, nos consultan sobre sus atribuciones de elegir autoridades, se debería permitir una campaña para anular la papeletas de los candidatos al CPCCS y hacer una mayoría que anule esa elección”.

Fausto Camacho, directivo de la organización Observatorio Electoral, recordó que se advirtió de la “inconveniencia” de empatar las elecciones seccionales con el referéndum.

“A las elecciones seccionales se añadieron la de los consejeros del CPCCS y encima el referéndum, lo que será un verdadero galimatías para la gente que no entiende y no le interesa el Consejo, la política; al contrario, la gente está harta y el debate no va a ser de fondo”, comentó.

Añadió que la discusión alrededor del referéndum tendrá un “sentimiento populista”, en el que la “simpatía y la capacidad de comunicación van a primar, antes que la razón”.

Con el cierre del registro de agrupaciones de la sociedad civil para esta campaña por la ‘consulta ciudadana’ de Lasso, el Consejo Nacional Electoral procederá a calificar si cumplen los requisitos, entre entre el 13 y el 16 de diciembre.

Quienes sean calificadas podrán acceder al Fondo de Promoción Electoral (recursos públicos) que será dividido para las participantes, de un rubro que asciende a los $ 903.843; en tanto, el límite de gasto electoral (recursos privados que pueden usar los sujetos políticos) se definió, tanto para el Sí como para el No, en $ 2′690.009. (I)