Aunque para el programador sueco Ola Bini y Carlos Soria, su abogado, la ratificación de inocencia en esta primera instancia es una victoria de la justicia ante lo que se ha calificado como el “abuso” y la “persecución política”, ambos están claros en que el proceso aún no termina. Por el momento, la Fiscalía ha anunciado que apelará la decisión y no se conoce si la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) seguirá ese camino.

La noche del lunes último, luego de más de doce horas de audiencia de juicio por el delito de acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones, un tribunal penal de Pichincha, integrado por los jueces Pablo Coello (ponente), Fanny Altamirano y Milton Maroto, de forma unánime resolvió declarar la inocencia de Bini, ante una supuesta falta de pruebas que lo involucren

“Nunca hubo ni siquiera un intento, ni un acceso y por lo tanto no existía ni materialidad del delito. No había forma en derecho de que el tribunal condene a Ola Bini y esto fue comprobado por el tribunal que de manera unánime ratificó la inocencia. Además hizo un llamado de atención a la Fiscalía porque no ha presentado una sola prueba que conduzca al cometimiento de un delito”, apuntó Soria.

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Tribunal declaró inocente al informático sueco Ola Bini

Con esta decisión de primer nivel se puso fin a un proceso de investigación de Fiscalía que inició el 11 de abril de 2019, cuando Bini fue detenido en el aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito, cuando él se disponía a viajar a Japón. Ese mismo día Ecuador, que tenía como presidente a Lenín Moreno, anunció el retiro del asilo otorgado en el gobierno de Rafael Correa al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y lo expulsó de la Embajada del país en Londres, Inglaterra.

A Bini se lo relacionaba directamente con Assange y la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, acusaba al sueco de formar parte de un plan para desestabilizar al régimen. Al informático sueco se lo apuntaba como el autor de un acceso sin autorización ni consentimiento al sistema de la CNT con el objetivo de intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de las empresas públicas Petroecuador y la entonces Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain)

Soria cree que sí existió política de por medio en este caso. Recordó que la “acusación que inició toda esta locura” fue dada en una rueda de prensa por la ministra Romo, la cual luego fue replicada por el presidente Moreno. “En entrevistas se pintaba a Ola Bini como un terrorista cibernético que atacaba a gobiernos en todo el mundo. Esto precisamente nunca tuvo ni pies ni cabeza”.

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El 29 de junio de 2021, el experto informático de 39 años fue llamado a juicio por la jueza penal Yadira Proaño, luego de acoger más de 60 elementos presentados por la Fiscalía: informes periciales de informática forense, la asistencia penal requerida a Estados Unidos, versiones y oficios de instancias públicas como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Un día después, por supuestamente haberse inventado las pruebas para acusar penalmente a Bini, Soria presentó en la Fiscalía una denuncia para que se investigara el delito de fraude procesal. El abogado del extranjero dijo tener las evidencias del delito que habría ocurrido y por el que pide a la Fiscalía investigue desde el expresidente Moreno hasta el policía que participó en las acciones que llevaron a la detención del sueco.

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En agosto de 2019, a días de que concluya la instrucción fiscal en este caso, el fiscal Fabián Chávez presentó ocho elementos de convicción para pedir a la jueza se reformulen cargos. Se dejó de investigar el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos y por disposición de la jueza de la causa se procesó por acceso no consentido a un sistema informático.

Como parte del proceso judicial, un total de 70 días permaneció detenido Ola Bini en el Centro de Privación de la Libertad de El Inca, en Quito. Un habeas corpus permitió al desarrollador de software salir de la cárcel para cumplir las medidas cautelares de presentación periódica, prohibición de salida del país y la retención de cuentas en el sistema financiero nacional.

A la causa también fue vinculado el técnico en sistemas Marco Argüello, pero ya en etapa preparatoria de juicio él recibió un sobreseimiento, es decir, quedó sin responsabilidad en los hechos.

Por casi cinco horas Ola Bini intervino personalmente en la audiencia de juicio. Por medio de su testimonio él le contó al tribunal de juzgamiento todo lo que pasó ese 11 de abril de 2019 que fue detenido y lo que tuvo que pasar hasta que pudo dar su testimonio. Para Soria eso fue de vital importancia para que los jueces de manera unánime ratifiquen el estado de inocencia de su cliente.

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Lo que espera la defensa de Bini es que independientemente de la apelación que se plantee a la sentencia del tribunal de juicio, se cumpla de inmediato la resolución de los jueces Coello, Altamirano y Maroto de que sean levantadas todas las medidas cautelares que cumplía el sueco. Soria indica que esas medidas solo deben quedar como “un recuerdo estúpido de una persecución política estúpida de la cual fue objeto Ola Bini”.

El que se levante la prohibición de salida del país, según Soria, serviría para que Ola Bini pueda viajar y así conocer a su sobrino, visitar a sus padres, reencontrarse con sus familiares y amigos y retomar sus proyectos de seguridad informática. Pese a ello, anotó el abogado, el programador siempre le ha dicho que no quisiera dejar de vivir en el Ecuador.

Por otra parte, dentro del panorama jurídico no se descarta el ir a cortes internacionales para reclamar las violaciones al debido proceso y sobre los derechos humanos del programador europeo.

“Los hombres y los Estados son responsables por las violaciones que se dan en desmedro de los derechos de las personas. Una vez ratificada la inocencia de Ola Bini, esto comprueba que no fue nada más que una persecución política. El tema emocional de Ola Bini se ha visto muy comprometido, además de todos los gastos que tuvo que hacer para enfrentar este proceso. De todas estas acciones tendrá que ser responsable el Gobierno, el Estado, a través de las instituciones que lo conforman. Obviamente esperamos que el Estado replique en contra de todos estos malos funcionarios que usaron una pantalla política para ejercer este tipo de presiones”, agregó Soria, quien cree que se debe replicar hasta el mismo expresidente Moreno y la exministra Romo, ya que fueron los “principales responsables de esta locura”.

Para el abogado Carlos Soria esta sentencia sienta un precedente grande en el país en dos sentidos: el primero, es el respeto a la institucionalidad de la justicia que debe prevalecer por sobre los intereses políticos de turno y, el segundo, dejar un precedente de que no se puede perseguir a los defensores de derechos digitales. (I)