La falta de delegados con poder de decisión, de reuniones con actores técnicos y la generación de contrapropuestas complicaron lograr acuerdo para focalización de los subsidios a los combustibles

La mesa de diálogo entre las organizaciones del movimiento indígena y el Gobierno nacional que tenía como misión estructurar una política de subsidios a los combustibles se cerró el jueves 13 de octubre sin alcanzar ningún acuerdo que haya podido plasmarse en el acta final, aunque de parte del Ejecutivo se ratifica la predisposición para continuar con el diálogo y resolver las no coincidencias y temas no tratados.

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En la mesa de coordinación que se instaló este viernes, se conoció que se redactará una nueva acta de cierre donde consten los puntos en los que coincidieron las partes.

No obstante, según la primera acta de cierre, los nudos críticos identificados dentro del proceso de diálogo fueron la dificultad en el procesamiento y entrega de la información; falta de delegados con poder de decisión; dificultad en la generación de reuniones con actores técnicos externos a la comisión; dificultad de expresividad de las partes; generación de propuestas y contrapropuestas de puntos, que escaló el conflicto en especial en lo referente a los subsidios que benefician a los sectores atunero y camaronero.

La mesa fue la primera. Se instaló el 13 de julio del 2022 y se tuvieron jornadas de trabajo los días 15, 26, 27 y 29 del mismo mes. En la última reunión se tomó la decisión de crear una comisión técnica para la generación de insumos relacionados a cómo focalizar los subsidios y para quiénes. Esta estuvo integrada por doce técnicos: seis del lado de las organizaciones (dos por cada organización) y seis del Gobierno, quienes realizaron doce jornadas de trabajo, que comenzaron el 10 de agosto del 2022 y finalizaron el 5 de octubre de 2022.

Entre las coincidencias entre ambas partes se destacan: mantener el subsidio general, prohibir la liberación de precios de los combustibles, respetando la Constitución y la ley, y destinar los excedentes al gasto social, enfocándose en la educación intercultural bilingüe, escuelas en zonas rurales, barrios urbanos y marginales, así como en salud con enfoque de desnutrición crónica infantil en los territorios de mayor incidencia.

Aunque no se alcanzaron acuerdos, se mantiene el precio subsidiado de los combustibles, según lo que se firmó en el documento: el diésel tiene como piso $ 1,90 y $ 1,95 de techo, mientras que la gasolina extra o eco tiene como piso $ 2,55 y como techo $ 2,60.

El incremento de los precios de los combustibles, que provoca “encarecimiento del costo de la vida”, fue una de las diez consignas que motivaron el paro nacional que vivió el país por 18 días en junio de este año, y que llegó a su fin con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), la suscripción de un acta de paz y la instalación de diez mesas de diálogo con representantes de la Administración de Guillermo Lasso para alcanzar acuerdos en noventa días, que ya llegaron a su fin.

Postura de la Conaie

Del lado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) se sostiene que la imposibilidad del acuerdo obedece “a la costumbre burocrática del Estado de hacer oídos sordos a las demandas de los pequeños productores, pueblos, nacionalidades y la clase trabajadora del Ecuador”, y también a que “los pueblos no se contentan con migajas”.

Reiteraron que no exigen que se cumplan todos los puntos, pero que demandan justicia “para que el rico asuma su responsabilidad con la sociedad”.

Entre lo que las organizaciones planteaban se destacan los siguientes puntos: mantener el subsidio general, bajo los principios constitucionales de subsidiaridad y solidaridad, con el método de exclusión para quienes pueden pagar más; prohibir la liberación de combustibles; para el cobro diferenciado, emplear sistemas y plataformas inteligentes; no tocar el subsidio del gas doméstico, y el excedente destinarlo al gasto social.

Quienes estaban entre los sujetos excluidos de los precios diferenciados se encontraban: todos los vehículos no matriculados, los vehículos de alto cilindraje, vehículos cuyos propietarios tengan un ingreso anual igual o superior a $ 41.6003,01; personas que tengan tres o más vehículos; y vehículos de oenegés, misiones y organismos internacionales y cuerpos diplomáticos. Las organizaciones plantearon también que exista un número determinado de cupo para que las embarcaciones del sector “Otras pesquerías” puedan cargar combustible al precio sin subsidio.

Además, la creación de un subsidio social y comunitario con un precio preferente para pequeños y medianos agricultores, pequeños pescadores, maquinarias y motores agrícolas, incluyendo maquinaria auxiliar para agricultura, transporte comunitario, mototaxis, transporte fluvial a comunidades, con el que el diésel cueste $ 1,50 y la gasolina extra y eco $ 2,10.

Según las organizaciones, estas medidas, de ser implementadas, iban a representar un ingreso adicional a Petroecuador EP de cerca de $ 550 millones. Entre los puntos críticos que frenaron el diálogo —aseguraron— estuvieron “la soberbia del Gobierno y la clase capitalista, que prefieren defender sus privilegios antes que hacer un esfuerzo para aportar al bienestar y la justicia social”.

Sus nudos críticos los agruparon en tres sectores: atunero, camaronero y otras industrias. Sostienen que los precios diferenciados de los combustibles para las grandes empresas, de los que —aseguran— las industrias camaroneras y atuneras, controladas por 22 familias, se benefician desde hace 17 años; y para termoeléctricas que tienen capitales privados. Afirmaron que estos ingresos adicionales, al ser ahorrados, sumarían alrededor de $ 637 millones, lo que sumado al rubro anterior equivaldría a $ 1.192 millones.

Asimismo, las organizaciones manifestaron que hubo puntos no desarrollados debido al quiebre en el equipo técnico que conformó la mesa. Aseguran que se quedaron sin desarrollar la situación del sistema de transporte pesado; los mecanismos de eliminación del contrabando de combustibles, en que aseguran que de parte del Gobierno no hubo interés en tratar el tema ni de reunirse con la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos, con la que aseguraron era difícil coordinar una cita; y también la solución de largo plazo para los precios diferenciados de combustibles y el mecanismo para focalizar los subsidios.

Postura del Gobierno

De parte del Gobierno se reiteró que existieron coincidencias generales consensuadas en ambas partes en reuniones del 15 y del 29 de julio del 2022, tales como que es necesario que exista un subsidio y que se trabaje para una focalización eficiente; aplicar los principios de subsidiariedad y solidaridad; que los ahorros tienen que enfocarse en programas sociales con énfasis en la ruralidad; y en los sujetos y vehículos que las organizaciones plantearon para la exclusión del subsidio.

Entre los puntos en los que no hubo coincidencias, el Gobierno señala que no se llegó a determinar un subsidio social y comunitario con precios más bajos que los fijados en el acuerdo de paz del 30 de junio, ni tampoco la definición de cupos y precios sin subsidio para los excluidos. De igual forma, la definición de la focalización de subsidios para el sector industrial, por lo que consideran que es necesaria la conformación de mesas técnicas con los sectores involucrados (camaronero, atunero, termoeléctricas, entre otros).

Los temas no tratados, según el Ejecutivo, fueron un mecanismo definitivo para la implementación de la focalización del subsidio; un mecanismo definitivo para contrarrestar el desvío y contrabando de los combustibles; y la focalización para el sector transporte, que considera debe ser tratado entre el ente rector y los sectores involucrados.

El Gobierno aseguró que considera que “en el proceso de diálogo las coincidencias de las partes pueden transformarse en acuerdos definitivos y no necesariamente bajo un concepto de todo o nada”. Ratificó su predisposición para continuar con el diálogo y resolver las no coincidencias y los temas no tratados, y así alcanzar los principales objetivos en beneficio del bienestar del pueblo ecuatoriano. (I)