La génesis en la integración del Consejo de Participación Ciudadana la vuelve una institución ‘fallida’ en cumplir su rol de elegir autoridades

Una estructura institucional que emanó de la Constituyente del 2008 en medio de la expectativa, por su misión de despojar a la Asamblea Nacional de la designación política de autoridades de control, hoy está sumida en un controversial caos justamente por lo que serían intereses políticos para elegir a esas autoridades.

Se trata del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que se creó en la Constitución de 2008, impulsada por el entonces oficialista movimiento Alianza PAIS (AP) que lideraba el expresidente Rafael Correa.

Se le otorgaron once atribuciones y las principales, designar a 101 autoridades de 19 instituciones del Estado; luchar contra la corrupción y promover la participación ciudadana.

La puja por el control del Consejo de Participación Ciudadana entorpece diez concursos para la designación de autoridades

El primer Consejo fue transitorio con siete consejeros en 2009, cuyo presidente fue Julián Guamán. Desde entonces y hasta la actualidad, ha tenido 41 consejeros y de entre ellos, nueve presidentes.

Su nacimiento no estuvo exento de las críticas, porque los consejeros electos tenían cercanía con los afines a Correa. Esto pese a que la designación se hacía por un concurso de méritos realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“El CPCCS nació bien desde los presupuestos técnicos y teóricos. Pero lo hace en un gobierno en el cual había consonancia entre todas las autoridades, por eso no se presentaban mayores problemas. Luego, se puso en entredicho que la designación de cargos residía en temas políticos y no técnicos. Es decir, no de méritos y oposición, ahí se dio la primera desnaturalización del organismo”, opina el catedrático y jurista Esteban Ron.

Hay que fiscalizar las actividades del Consejo, empezar a presionar desde el contrapeso que en este caso es la Asamblea Nacional, para que observen que se realicen los concursos de elección de autoridades. Pero eso es una utopía. En esencia el Consejo es una institución fallida

Esteban Ron, catedrático de la Universidad Internacional del Ecuador

El primer periodo oficial de 2010-2014 lo encabezó Marcela Miranda con Fernando Cedeño en la vicepresidencia. Ella fue parte de la Cooperativa de Todas que creó el excanciller Ricardo Patiño, amigo de Correa; y Cedeño fue funcionario del Ministerio de Economía cuando Patiño fue su ministro y ahora es asambleísta por UNES.

En conjunto con Mónica Banegas, Tatiana Ordeñana y en ocasiones con el apoyo de Luis Pachala (hoy secretario de Pueblos del gobierno de Guillermo Lasso) hacían la mayoría y eligieron, entre otros, a Carlos Pólit Faggioni, prófugo de la justicia sentenciado por el caso Odebrecht, como titular de la Contraloría General del Estado y a Galo Chiriboga como fiscal de la Nación.

La minoría la hacían Andrea Rivera y David Rosero, hoy vicepresidente del Consejo, aunque fue removido de esa dignidad el 9 de febrero por una mayoría del CPCCS.

El periodo 2015-2019 lo presidieron Raquel González y Edwin Jarrín, los dos militantes del correísmo.

Con ellos se reeligió a Carlos Pólit como contralor y como fiscal general a Carlos Baca, exfuncionario del gobierno de Correa. Los dos, censurados y destituidos por la Asamblea Nacional.

Los primeros ocho años, el Consejo gozó de gobernabilidad por el respaldo de Correa. La llegada de Lenín Moreno a la Presidencia de la República, propició un cisma.

Presidencias de Hernán Ulloa y Sofía Almeida aún en disputa por acciones de protección y medidas cautelares que están en trámite en juzgados

Moreno decidió convocar a una consulta popular en febrero del 2018, que instaló un Consejo Transitorio, presidido por Julio César Trujillo (+), con el que se evaluó a todas las autoridades designadas por sus antecesores y las cesó.

Se modificaron la Ley del Consejo y el Código de la Democracia eliminando la calificación por méritos; hoy se eligen por voto popular, aunque el CNE debe revisar que los candidatos no estén inmersos en prohibiciones legales, como haber sido parte de un grupo político en los últimos cinco años.

¿Contribuyó esta nueva forma de elección para dar institucionalidad al país? “No. Este cambio sirvió para que no sea un solo partido político el que controle el Consejo, sino para que se disputen su control. Advertimos que esa consulta popular era un error, pero so pretexto del ‘siete veces sí’ se la introdujo”, cuestiona Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

El problema y la preocupación es que ha empezado un proceso electoral en el que vamos a elegir a más consejeros. Esta nueva forma de elección no ha cambiado nada, no ha habido avances, más bien retrocesos, y ahora nos jugamos una nueva conformación. Estamos a muy pocos meses de ver caritas bonitas en los medios de comunicación diciendo por qué quieren llegar al Consejo

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo

Recuerda que cuando se presentaron las candidaturas en las elecciones del 2019, “quedaron en evidencia que eran actores políticos partidistas y a la ciudadanía no le importó. Se dijo que Sofía Almeida era sobrina del asambleísta Luis Almeida, del PSC, y no les importó; que David Rosero era afín al MPD y no les importó; que Hernán Ulloa fue candidato por SUMA y no les importó. No les importó nada y ahora vivimos las consecuencias”.

Los resultados del sufragio popular dieron como ganadores al cura José Tuárez, Victoria Desintonio, Walter Gómez, Rosa Chalá, Sofía Almeida, María Fernanda Rivadeneira y Christian Cruz.

Los primeros cuatro fueron censurados por un juicio político en agosto del 2019. Meses después, Tuárez fue detenido por presunto tráfico de influencias y condenado a cinco años de prisión; Desintonio y Gómez son asambleístas (principal y alterno) por UNES.

La presidencia la asumió Christian Cruz y se principalizaron Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y Rosero.

Cruz fue destituido por un juicio político en octubre del 2020. Lo sucedió Sofía Almeida, exvicepresidenta; y en junio del 2021 se reeligió en la presidencia con el apoyo de Estupiñán, Dávalos, Rosero y ella misma. El voto en contra fue de Hernán Ulloa, quien se incorporó al pleno tras la censura de Cruz, Bravo y Rivadeneira.

Su presidencia cooptó la mayoría con Rosero, Dávalos y Estupiñán y desde junio del 2021 no avanzan en designar autoridades de diez entidades de control.

El 9 de febrero, Bravo, Ulloa, Rivadeneira y hasta Estupiñán -que abandonó la mayoría de Almeida- se rebelaron. Removieron a Sofía Almeida de la presidencia y a David Rosero de la vicepresidencia.

Eligieron a Ulloa y Rivadeneira presidente y vicepresidenta. Los cuatro se reconocen como presidentes y vicepresidentes.

Este caos es para Ron el “error técnico” en su elección. “No se puede apelar a la postulación popular para llenar un organismo técnico, eso es desnaturalizar. Cuando los consejeros asimilan una posición política, lo que sucede es que el interés institucional o colectivo se cambia por el interés partidario”.

El quinto piso del Consejo de Participación Ciudadana se convirtió en la trinchera de Sofía Almeida

Añade que el Consejo se quedó “sin rango de acción” y “en este punto, es una institución fallida. Sus abastos legales no le dan para actuar, porque lo político cooptó lo jurídico”.

Alarcón cree que esto les conviene a los partidos políticos que están relacionados con el organismo, “pero no gana nadie, pierde el país. Tres años perdidos, tres años de presupuesto perdido. Es una burla”.

Javier Dávalos defiende al Consejo y asegura que lo que están enfrentando es una “vulneración al Estado de derecho” y una “cooptación” por parte del gobierno de Guillermo Lasso a los cuatro consejeros de mayoría.

Iniciamos en junio los procesos de elección de autoridades con esfuerzos técnicos, humanos, económicos. Lastimosamente, mientras avanzamos, el Gobierno se dio cuenta de que estábamos a dos semanas de convocar al concurso para elegir al contralor del Estado y se reúnen el 9 de febrero cuatro consejeros y remueven de la presidencia a Sofía Almeida y a David Rosero y se apodera el Ejecutivo del Consejo

Javier Dávalos, vocal del Consejo de Participación Ciudadana

“¿Ahora qué? Ahora nada, hay que respetar la ley; recuperar la institucionalidad y encauzar al Consejo”, opina.

Esta sombra sobre el Consejo ha hecho que enfrente dos iniciativas, una para extinguirlo del Estado y otra para restarle sus atribuciones.

La propuesta de reforma constitucional del Comité por la Institucionalización Democrática que lideró el exconsejero transitorio Pablo Dávila para eliminar el CPCCS, se truncó en la Asamblea Nacional, en donde no hubo votos para aprobarla y la Corte Constitucional ratificó lo actuado y archivó el proceso.

Otra fue de los mismos asambleístas que en el 2021 debatieron una propuesta de enmienda constitucional para quitarle la atribución de designar autoridades, pero los votos no alcanzaron.

Es a ellos a quienes Alarcón endilga la responsabilidad “Apunten los dardos a donde corresponde: a una Asamblea irresponsable, que no ha estado a la altura de las demandas de la ciudadanía, propiciando la eliminación o limitación de funciones de este engendro”.

Ron cree que las salidas son a corto y largo plazo, no hay un punto medio.

“La inmediata es reencauzar el Consejo con esta nueva mayoría y que organicen los concursos, sin injerencia política. ¿Cómo? Con veeduría ciudadana y participación de la academia. No hay otra forma. A largo plazo, una reforma constitucional para eliminar las atribuciones y que pasen a otro estamento”, señala.

Este “colapso” se dio porque “no soportamos más las agresiones y tuvimos que rebelarnos. Además, queremos responder en cuanto a las aspiraciones de la ciudadanía de tener autoridades de control”, según el vocal Francisco Bravo.

El Consejo en manos de Sofía Almeida, hemos visto negligencia, una administración mediocre, personalista, con intereses personales, al punto que el reglamento para elegir al contralor del Estado se aprobó atentando al artículo 86 de la ley del Consejo, ya que ella tenía un conflicto de interés, pues era servidora de la Contraloría y a la vez presidenta del Consejo, ella votó por ese reglamento cuando debió haberse excusado

Francisco Bravo, vocal del Consejo de Participación Ciudadana

Reconoce que el trabajo del Consejo ha “sido lento”, como en la lucha contra la corrupción, por lo que se necesita hacer una “limpia y una barrida”.

Sara Roque, excandidata al CPCCS, considera que la mejor opción sería que los consejeros sean electos por las organizaciones sociales. “La confrontación actual es por la orientación sobre temas de interés burocrático relacionado con la designación de autoridades”, dijo Roque, y lamenta que su razón de ser era promover “mecanismos de control social y presencia ciudadana, actividad que es casi nula”.

El 5 de febrero de 2023 los ecuatorianos irán a las urnas para elegir a nuevos siete consejeros. El Consejo Nacional Electoral está organizando los comicios seccionales y esta elección para los siguientes cuatro años. (I)