Juan Esteban Guarderas Cisneros quiere aprovechar cada segundo de su existencia y utilizarlo para construir ciudadanía y luchar contra la corrupción. De 38 años, este quiteño, graduado de Derecho en España y con especializaciones en Francia y Japón, es director de la Fundación Lucha Anticorrupción.

Su deseo de no hacer una carrera tradicional lo llevó a recorrer el mundo. “Cuando una sociedad está mínimamente coordinada, los individuos pueden realizar sus sueños”, dijo Guarderas, que se define de centroizquierda.

Por eso cuando regresó al país con sus diplomas y su experiencia, se vinculó a reactivar la Izquierda Democrática (ID), mientras trabajaba en un banco de inversión. “La pobreza no puede ser una trampa, el Estado tiene que asegurar dignidad, educación y salud de mínima calidad”, aseguró. Sin embargo se desilusionó de esa militancia porque –según él– la ID no era distinta al resto de partidos políticos, “que en el fondo son organizaciones de grupos de interés”.

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Luego se vincularía a la campaña presidencial de Paco Moncayo en 2017.

De ahí contactó a Jorge Rodríguez, de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), para brindarle su asesoría gratuita. Sus conocimientos de finanzas le dan un plus para entender cómo se lava el dinero. Diseñaron una investigación sobre los pagos de entidades estatales a empresas fantasmas. Pidieron información y lograron hacer el cruce de cuentas. “Salieron 39 casos”, recordó. La CNA inició los procesos, el SRI y la Fiscalía actuaron, muchos de estos no culminan y la asesoría continúa.

Pero Guarderas buscaba algo más. Piensa que hay que realizar un trabajo técnico, promover leyes y participar en la recuperación del dinero. Por eso creó la fundación.

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Ha participado con demandas de amicus curiae en las acciones de protección que algunos contratistas han presentado contra empresas públicas aun cuando se han denunciado irregularidades en esos negocios. La fundación ha logrado que se desechen algunas de estas. Otro ejemplo que citó es que finalmente la Contraloría va a auditar los balances del Instituto de Seguridad Social de Policía.

Lucha Anticorrupción auspicia un proyecto en el que se reconoce a la ciudadanía como víctima de la corrupción, es decir, ciudadanos o colectivos pueden acusar por este delito. El texto plantea dos límites: no se permite cobrar una indemnización y la Defensoría Pública no puede patrocinar la demanda. Dijo que esto combatirá el alto nivel de impunidad.

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Entre 2018 y 2021 fue asesor de Luis Verdesoto (actual secretario Anticorrupción) en el Consejo Nacional Electoral. Trabajó mucho para descubrir las supuestas irregularidades de las seccionales de 2019. Por ello publicó un libro, el tercero, llamado Todas las pruebas del fraude.

Desde 2015 hasta 2021 su pago de impuesto a la renta promedio fue de $ 1.248. Es socio en un estudio jurídico.

Uno de sus principales objetivos de llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es recuperar la fiscalización y aplicar la ley, que el CPCCS pueda iniciar juicios a nombre propio por casos de corrupción. (I)