Cuatro comisiones técnicas fueron conformadas por ocho instituciones que vienen de las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial para trabajar en el fortalecimiento de la seguridad y la lucha contra el crimen.

El pasado 14 de marzo asistieron a la reunión de la mesa interinstitucional sobre la seguridad y la lucha contra el crimen las máximas autoridades de la Asamblea Nacional, del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía General del Estado, de la Defensoría Pública, de los ministerios de Gobierno y del Interior, de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

La convocatoria fue realizada por la CNJ y como resultado de este encuentro se integraron las cuatro comisiones que tienen a delegados de cada una de las ocho instituciones, indicó la Corte en un comunicado.

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Estas cuatro comisiones son: de reforma normativa; operativa y de presupuesto; de cooperación institucional y corrupción; y de construcción de política criminal.

La comisión de reforma normativa, que estará encabezada por la CNJ, “determinó los nudos críticos del Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social”.

En ese sentido, esta comisión cree que es importante que para realizar las propuestas de reformas participen la Procuraduría General del Estado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.

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El Consejo de la Judicatura preside la comisión operativa y de presupuesto, que trabaja en un proyecto presupuestario emergente, con el cual busca mejorar y renovar el sistema judicial.

La comisión de cooperación interinstitucional y corrupción está cargo del Ministerio de Gobierno. Esta mesa alista una hoja de ruta para actualizar el protocolo de seguridad para los funcionarios judiciales.

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Mientras, el Ministerio del Interior lidera la comisión de construcción de política criminal, que levanta un diagnóstico criminológico nacional, que tendrá como base datos sistematizados de las instituciones con relación a los tipos de delitos, edades de procesados y número de sentencias.

También elaboran una propuesta de reglamento para el Consejo Nacional de Política Criminal.

Las comisiones técnicas estarán instaladas de manera permanente con el fin de trabajar en acciones concretas a ser ejecutadas en corto plazo. (I)