La configuración de nuevas fuerzas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) trajo consigo la activación de una de sus secretarías: la de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que ha recibido las dos primeras denuncias públicas en contra de altos funcionarios de instituciones de control del Estado, impulsadas por colectivos de la sociedad civil.

Tras los primeros quince días en funciones de los siete vocales empezó una reestructuración institucional y acciones de control social enfocadas en investigar las acciones gubernamentales de Guillermo Lasso y otras denuncias en contra de Diana Salazar y Carlos Riofrío, fiscal y contralor del Estado, respectivamente.

Desde el 15 el mayo, el pleno del Consejo de Participación tiene nuevos rostros: Alembert Vera, Augusto Verduga, Yadira Saltos, Johanna Verdezoto y Nicole Bonifaz, quienes han integrado un frente de mayoría para la toma de decisiones. En el lado contrario, una minoría la componen Mishelle Calvache y Andrés Fantoni.

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De los cinco consejeros de mayoría, Vera, Verduga y Saltos participaron en los comicios de febrero del 2023 impulsados por el movimiento político Revolución Ciudadana (RC), que lo lidera el expresidente y político Rafael Correa. Verdezoto y Bonifaz se identificaron como independientes, pero se aliaron a los tres consejeros.

Calvache también se identificó como una candidata independiente de grupos políticos; en tanto que Fantoni fue promovido por el Partido Social Cristiano (PSC), aunque aseguró ser independiente.

Este bloque eligió a Vera y Bonifaz como presidente y vicepresidenta, y en los últimos días designaron a los funcionarios que asumirán las políticas de las principales secretarías internas, como son la de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y la de Participación Ciudadana.

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Estas instancias se crearon con base en las atribuciones constitucionales que tiene el CPCCS para promover procesos de participación ciudadana e investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o que generen corrupción.

El consejo no tiene atribución para iniciar investigaciones de oficio, pues requiere de denuncias ciudadanas.

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La Ley Orgánica del CPCCS señala en su artículo 14 que el organismo está obligado a “receptar, calificar, aceptar trámite e investigar, de haber mérito suficiente, las denuncias sobre actos u omisiones que afecten la participación o generen corrupción”.

Puede iniciar investigaciones cuando “de los documentos adjuntos a la denuncia se pueda verificar de manera clara, precisa y manifiesta que las instituciones que han actuado en el caso hayan incumplido sus atribuciones previstas en la ley, o el caso a investigarse pueda constituir un precedente para las posteriores acciones del Consejo y otras instituciones en el marco de sus competencias”.

Según las últimas estadísticas, en esta secretaría habría 400 denuncias represadas. Se desconoce de qué años y sobre qué temas, pues se manejan bajo reserva legal.

No obstante, el informe de rendición de cuentas del CPCCS del 2022 refiere que se tramitaron 305 denuncias, de las que 14 fueron admitidas.

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Otras 81 denuncias se derivaron a otras instituciones y 210 fueron archivadas, porque se tramitaban en procesos judiciales o no cumplían con los requisitos de ley o no eran de su competencia.

Además, se elaboraron 30 informes de investigación, de los que 19 fueron presentados para conocimiento y aprobación del pleno del CPCCS, 10 se encuentran en trámite y 1 no fue aprobado.

Debido a que el CPCCS puede actuar como patrocinador en procesos judiciales, el año pasado se habían impulsado 271 causas ante la Fiscalía General del Estado, la Corte Constitucional, unidades judiciales y tribunales penales.

En la víspera, este nuevo cuerpo colegiado está operando y nombró como titular de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción a Mariángel Muñoz Vicuña, una exasambleísta de las filas del correísmo que se postuló —sin éxito— para participar como parte de la comisión ciudadana que seleccionará a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.

En la Secretaría de Participación Ciudadana se nombró a Ana Belén Yela Duarte, hija de la exministra de Transporte en el régimen de Correa, María de los Ángeles Duarte, procesada por cohecho en el caso Sobornos.

Con estas nuevas designaciones llegaron también las primeras denuncias. Una planteada por la organización Acción Jurídica Popular, que pidió al CPCCS el expediente de la fiscal del Estado Diana Salazar del concurso público en el que fue electa y que se realizó en el extinto Consejo de Transición que presidió Julio César Trujillo (+).

Acción Jurídica Popular, integrado por varios abogados, entre ellos la activista Angélica Porras, acusan a Salazar de haber, presuntamente, plagiado su tesis universitaria, y piden al Consejo de la Judicatura (CJ) que la suspenda de sus funciones mientras se investiga un posible delito.

Salazar rechazó estas denuncias y la Fiscalía inició una indagación previa en contra de los siete consejeros por presunto incumplimiento de orden de autoridad competente y destrucción de datos.

En tanto, este 23 de mayo, otro colectivo denominado Va por ti Ecuador denunció al titular de la Contraloría, Carlos Riofrío González, por presunto delito de corrupción y fraude procesal.

La acusación va encaminada a que se investigue al contralor por no viajar a Panamá y solicitar información que determine que el presidente de la República, Guillermo Lasso, no incumplió la Ley Orgánica de Aplicación de la Consulta Popular del 2017, que prohíbe a funcionarios del Estado tener bienes y capitales en los denominados paraísos fiscales.

Justamente, el presidente del consejo, Alembert Vera, mencionó en un diálogo con este Diario que su administración se “apersonará” de temas de interés nacional, como de la investigación internacional denominada Papeles de Panamá (Panama Papers, en inglés) en el que se mencionó a Guillermo Lasso.

Enfocó su crítica en la demora de las autoridades judiciales en las investigaciones, en lo que concibió como “un doble estándar”, porque “unos procesos avanzan más rápido que otros”. “Por eso, son importantes los observatorios ciudadanos y saber qué está ocurriendo. Nosotros no administramos justicia, pero sí podemos hacer contraloría social y lucha contra la corrupción”, dijo.

El extinto pleno del Consejo de Participación Ciudadana conoció más de 2.000 denuncias durante su funcionamiento entre el 2018 y 2019. Entre ellas, por obras que se gestionaron en el gobierno de Rafael Correa.

Empero, el CPCCS también investigó casos relacionados con la administración de Rafael Correa.

En la gestión del Consejo Transitorio, entre el 2018 y 2019, se denominó “casos emblemáticos” a aquellos relacionados con la Refinería del Pacífico, el Proyecto Hidroeléctrico Toachi-Pilatón, la Refinería de Esmeraldas, Poliducto Pascuales-Cuenca, Hidroeléctrica Manduriacu (Caso Caminosca), la reconstrucción de Manabí, el manejo de la deuda pública, construcción de escuelas del milenio y la construcción de hospitales públicos.

En ese periodo se tramitaron, según los datos del consejo de ese entonces, 2.295 denuncias ciudadanas.

En todo caso, esta nueva administración se ha planteado metas para ejercer acciones de control al gobierno de Guillermo Lasso.

Por ejemplo, atendiendo un “pedido ciudadano” de Juan Pablo Jaramillo, convocó al ministro del Interior, Juan Zapata, a una audiencia pública para que explique la ejecución presupuestaria que ha efectuado en el 2022.

El pedido llegó el 23 de mayo y se llamó a participar de la audiencia pública este 25 de mayo.

Así también, durante una sesión de este 24 de mayo, los cinco vocales de mayoría aprobaron la conformación de una veeduría ciudadana, cuyos integrantes deben contar con el perfil de abogados, para que vigile los decretos leyes de urgencia económica que suscriba Lasso por los siguientes meses en los que gobernará sin un legislador, como es el pleno de la Asamblea Nacional.

Esto, luego que el pasado 17 de mayo disolvió el Parlamento por grave crisis política y conmoción interna contemplado en el artículo 148 de la Constitución y se convocó a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para completar lo que resta del periodo.

Según el organismo, el objetivo es prestar sus servicios para que la ciudadanía haga “una fiscalización social”. (I)