La posibilidad de aplicar la muerte cruzada genera preocupación en la Asamblea Nacional

En la Asamblea Nacional todos están preocupados por una eventual disolución del Parlamento, advirtió el legislador Jorge Abedrabbo, del bloque del Partido Social Cristiano (PSC), al describir el escenario que vive la legislatura que espera el desenlace de la petición de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso.

Los socialcristianos junto con los correístas impulsan un juicio político en contra del primer mandatario por supuestos delitos de concusión y peculado que se habría fraguado tras la designación de Hernán Luque como coordinador de las empresas públicas del Estado. Estos dos sectores esperan con ansias el criterio de la Corte Constitucional (CC) respecto a la admisibilidad o no de la interpelación.

Juicio político, muerte cruzada o renuncia a su cargo, las opciones que flanquean el entorno de Guillermo Lasso

Pero no solo los legisladores están preocupados por un eventual cierre de la Asamblea Nacional por la puja entre el Ejecutivo y Legislativo respecto al juicio político al primer mandatario, sino también los funcionarios, asistentes y asesores legislativos que cotidianamente buscan información sobre el avance de este proceso de interpelación y comentan sobre el futuro que les depara, emiten sus criterios e incluso contrarios a la posición de los asambleístas.

La Constitución en su artículo 148 habla sobre las atribuciones del presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, esta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna...

El legislador Jorge Abedrabbo (PSC) conminó al exmandatario Rafael Correa a probar que hay jueces en la Corte Constitucional que obedecen al Partido Social Cristiano, pues eso es grave; “tiene que aclararse que aquí no hay jueces de nadie”.

Dijo que el PSC defiende la democracia y para ello está realizando un trabajo legislativo responsable y por todo el país. “Créanme, adentro (salón plenario) están preocupados todos por la muerte cruzada, y lo que hablan no sé si es por la estabilidad de ellos o la estabilidad del país”, recalcó.

Indicó que al PSC no le preocupa la muerte cruzada, sino la democracia. Sin embargo, expresó que si bien están preocupados no es por el hecho de romper el tema del Legislativo, sino la democracia en sí; pues qué pasaría en seis meses con un gobierno que pueda gobernar mediante decretos.

El representante de Bolívar manifestó que el Gobierno demostró incapacidad, que no cumplió con su palabra en temas de seguridad, salud y en obra pública.

“Todos a la casa, no es el resultado de una democracia; qué va a pasar en un año y medio, qué clase de asambleístas vamos a tener; quién está preparado para ello, políticamente, y esas preguntas habrá que hacerse”, anotó Abedrabbo tras sostener que su bloque no concuerda con el correísmo en que la salida a la crisis es la muerte cruzada.

La correísta Viviana Veloz aclaró que los 47 asambleístas de su bancada no temen a la muerte cruzada, pues recordó que en el 2022, en medio de las manifestaciones, presentaron la solicitud para que se aplique el artículo 130 de la Constitución, pero no hubo los votos para proceder a la muerte cruzada.

El oficialista Juan Fernando Flores comentó que los asambleístas deberían preocuparse más de legislar y fiscalizar, y no si se van a quedar sin trabajo, y aclaró que la muerte cruzada es una herramienta constitucional que tiene el presidente de la República y que puede ser ejercida en cualquier instante.

Flores dijo que los legisladores que están preocupados por la aplicación de la muerte cruzada deben estar tranquilos, porque eso será cumplir el capricho de que se adelanten elecciones y no se asuman las responsabilidades como Gobierno. Reiteró que la opción de la muerte cruzada siempre estará ahí, porque constitucionalmente fue establecida así.

Si el juicio político avanza por un dictamen favorable de la Corte Constitucional, añadió Flores, el presidente de la República se presentará ante la Asamblea Nacional y se defenderá como corresponde, pero eso no deja sin efecto que pueda usar la herramienta de muerte cruzada.

El coordinador de Pachakutik, Mario Ruiz, manifestó que si el primer mandatario aplica la muerte cruzada, deberá responder al país el porqué de su decisión en medio de un juicio político y por qué quiere quedarse gobernando “solito” el país durante ocho mese, para luego entregarlo a un proyecto político que dice combatir y que instauró el insulto a las mujeres y persecuciones. (I)