Los 18 días del paro nacional que conmocionaron al país en este 2022 dejó en su protagonista, el movimiento indígena, un nuevo proceso de fortalecimiento interno, relacionado con las denominadas guardias indígenas, que fueron reconocidas incluso por la Corte Constitucional (CC).

Su existencia no es nueva en las estructuras de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y, al contrario, se las considera ancestrales y concebidas para proteger sus territorios y la vida de los habitantes de sus comunidades.

Severino Sharupi, presidente de la Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza (Fenash-P), activo dirigente de las juventudes de la Conaie, cuenta que la guardia indígena es ancestral y milenaria y se constituyeron desde la colonia hasta llegar a la República, incluyéndolas en sus estatutos con la figura de la vocalía de seguridad.

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En la actualidad se hicieron visibles en la defensa a la afectación de sus territorios frente a las actividades extractivas de recursos naturales y por las protestas sociales del 2019 y 2022.

“Es en estos dos eventos cuando se visibilizan. Pero antes del 2019 ya existían, por ejemplo, en el territorio Sarayacu o también con los Arutam; pero, en el 2019, cuando se produjo el estallido social y en este junio se hicieron más visibles porque cuidaban a los manifestantes, pues están en la primera línea defendiendo de las acciones de la fuerza pública”, comentó Sharupi.

Pese a que son parte de la cotidianidad de las estructuras fue en el congreso de la Conaie del 2021 cuando se aprobó orgánicamente su constitución y en la última asamblea de noviembre del 2022 se resolvió fortalecerlos.

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La componen jóvenes de las comunidades que “tienen una acción defensiva con la ayuda de sus escudos, bastones, lanzas y el atzial, que son símbolos indígenas”, indicó el dirigente amazónico.

Sus miembros son escogidos por las dirigencias y se los identifica porque llevan escudos de metal o madera con la frase ‘guardia indígena’.

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En septiembre pasado, luego de la paralización de junio, se realizó el primer encuentro de la Guardia Indígena en Sucumbíos, con la participación de delegados de once nacionalidades de la Amazonía, guardias comunitarias de territorios del norte, centro y sur.

El objetivo de este cónclave, que lo presidió el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, era el fortalecer su “rol en ejercicio del principio de autonomía y libre determinación de los pueblos y nacionalidades”. Como consecuencia se suscribió el Mandato Guardia Indígena, en el que se refuta la “estigmatización” a la que están expuestos porque se los señala, se los persigue políticamente y se los criminaliza.

“Se ha intentado desprestigiar nuestro rol para confundirlo con una alineación al terrorismo o narcotráfico, lo cual genera un grave escenario de riesgo físico y cultural”, cita el mandato.

Se recalcó que la guardia constituye una “práctica consuetudinaria” que debe mantener la seguridad interna, el control de los territorios ante amenazas extractivas y el sostenimiento de los procesos de movilización social como los últimos levantamientos de 2019 y 2022.

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Mujeres y hombres integran las denominadas guardias indígenas, como fuerzas de seguridad organizadas por la Conaie. Foto: tomada del Facebook de la Conaie Foto: El Universo

Se les atribuye la defensa de sus derechos colectivos territoriales, comunitarios, de la naturaleza y de vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno nacional; así también deben desarrollar estrategias y mecanismos de defensa y protección partiendo “de la formación ideológica, política y organizativa”.

El grupo de jóvenes que fueron incorporados para ser parte de estos cuerpos participaron de ceremonias de reconocimiento y se les entregó camisetas verde oscuro, pañoletas distintivas también de color verde que llevan impregnados los nombres de quienes fallecieron en las movilizaciones.

Este acto se produjo justamente en la comunidad de Sinangoe de Sucumbíos, en donde rige una ley que emitieron sus habitantes y que regula sus actividades.

La norma se aprobó y emitió en mayo del 2017 por la nacionalidad A’I Cofán, basándose en la Constitución y los instrumentos internacionales que protegen a los territorios indígenas, como el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Se denomina Ley propia de control y protección del territorio ancestral de la comunidad Sinangoe de la nacionalidad A’I Kofan y que rige de forma “obligatoria” para quienes habitan o transitan por sus tierras y su objeto es “normar el uso, la movilidad y protección del territorio de la comunidad Ai de Sinangoe, controlar y proteger el territorio de diversas amenazas y fuente de contaminación, deterioro o conflicto; y para garantizar la pervivencia sana y armónica del pueblo Ai”.

En sus siete artículos se destaca la prohibición de las actividades de minería a pequeña y gran escala; las actividades de pesca con el uso de métodos no convencionales como barbasco, veneno, dinamita, pistolas de agua, redes, atarraya; y, la cacería, con el uso de trampas, escopeta, con perros y otros métodos no convencionales y venta de especies.

Ellos deben monitorear el territorio y si encuentran a alguien realizando estas actividades se les notificará de manera verbal o escrita la prohibición y se procederá al decomiso de todas sus herramientas. Si reinciden, se decomisará sus herramientas y oro, por ejemplo, y se desmantelará sus campamentos; y si vuelven serán retenidos en coordinación con autoridades policiales.

Cobijados de estas acciones, en noviembre, la Conaie en un congreso nacional evaluó los diálogos sostenidos con el régimen de Guillermo Lasso, después del paro de junio y en una nueva resolución se reconoce la labor de esta Guardia Indígena y llama a sus bases a fortalecerla.

En Unión Base en Puyo (Pastaza) se convocó a profundizar el “debate del proyecto político del movimiento indígena como una herramienta de lucha frente a la política neoliberal y extractiva con la responsabilidad de construir un proyecto político para todos los sectores”.

La propuesta a futuro es respaldar las acciones de lucha en contra del extractivismo ante el avance de la frontera petrolera-minera, y en esa línea fortalecer las guardias comunitarias en cada territorio.

A ellos se les encargó proteger el avance del extrativismo y “hacer frente a la amenaza de la delincuencia, narcotráfico y crimen organizado que azota al país ante la ausencia del Estado y el Gobierno nacional”.

Mujeres y hombres integran las denominadas guardias indígenas, como fuerzas de seguridad organizadas por la Conaie. Foto: tomada del Facebook de la Conaie Foto: El Universo

Pero, la existencia de estas agrupaciones no solo está avalada por las comunidades, sino también por la justicia constitucional, cuando en enero del 2022 un fallo de la Corte Constitucional las reconoció.

Fue en el trámite de una acción extraordinaria de protección que impulsó la comunidad ancestral de Sinangoe, de la nacionalidad A’I Cofán, que demandaron la vulneración de sus derechos al no haberse efectuado la consulta previa, libre e informada en la concesión de sus territorios para la explotación minera.

Los habitantes detectaron en el 2017 la amenaza por parte de mineros artesanales, explotadores de madera, cazadores furtivos, pescadores y emitieron alertas.

En el debate del recurso, el Ministerio del Ambiente alertó que se debía “tener mucho cuidado porque se estaría formando una policía o milicia paralela a la que el Estado tiene para el control”.

Sin embargo, la Corte Constitucional determinó que la adopción de normas internas son parte de un ejercicio legítimo de practicar su derecho propio, prescrito en el artículo 57 de la Constitución y deben ser comprendidas por las entidades del Estado desde una “óptica intercultural y dialógica”.

Estas guardias “forman parte de sus usos y costumbres y responde a la facultad que tienen las comunidades y pueblos indígenas para la generación y ejercicio de la autoridad dentro de su territorio ancestral (…) sin que por ello pueda considerarse per se que exista una policía o milicia paralela”, cita el fallo.

Bajo ese contexto los próximos meses serán clave para estos cuerpos de seguridad, debido a que la Conaie advirtió que no permitirán que se militaricen sus territorios para proteger unos once proyectos mineros que impulsa el Gobierno nacional.

El miércoles último, la Conaie junto al Movimiento Campesino de Cotopaxi (MICC) anunció la constitución de un Frente Antiminero que instalará asambleas de discusión para estar vigilantes de los planes de explotación minera que tendría el Ejecutivo para evitar que se afecten sus territorios.

Leonidas Iza advirtió que las autoridades estarían valiéndose de la Ley de Seguridad del Estado, que establece la creación de áreas de reserva, lo que implicará la militarización de las zonas.

“En esos territorios hay hermanos campesinos que no quieren la minería y el Gobierno, con impunidad, pretende convertirlos en narcotraficantes y delincuentes” para permitir el ingreso de los proyectos extractivos, denunció. (I)