“La Iglesia está tomada”, le dijo el dirigente indígena Miguel Lluco a las decenas de feligreses que habían acudido a la misa de las 06:00 del 28 de mayo de 1990, en la Iglesia de Santo Domingo, ubicada en el centro histórico de Quito. La gente estaba confundida y asustada. No entendía qué pasaba hasta que Lluco subió al altar y explicó a los presentes que exigían al gobierno de Rodrigo Borja la resolución de al menos 70 conflictos de tierras, el reconocimiento del Estado plurinacional y la implementación de la educación intercultural bilingüe, entre otros pedidos.

La idea de los manifestantes era quedarse ahí hasta tener resultados. A la par se planificaban más acciones, como el cierre de carreteras, toma de haciendas y concentraciones en Quito y otras ciudades, que se iniciaron el 4 de junio siguiente y culminaron siete días después.

El primer levantamiento indígena de la historia reciente duró, en total, quince días, al cabo de los cuales el presidente Borja accedió a formar mesas de diálogo para tratar sus demandas con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE).

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Desde esa primera ‘chispa’, todos los Gobiernos –son once, sin contar a Rosalía Arteaga, que duró tres días en el poder– enfrentaron movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) con pedidos usualmente relacionados con sus reivindicaciones, pero también con otros reclamos de la sociedad ecuatoriana en su conjunto. El último se vivió del 13 al 30 de junio pasado.

Estas son las 10 demandas que la Conaie le hace al gobierno de Guillermo Lasso

Y, asimismo, todos los Gobiernos han manejado, en mayor o menor medida, la misma lógica de respuestas para extinguir el ‘fuego’ de las protestas con al menos tres acciones que identifican dirigentes indígenas y sociales y analistas políticos consultados por este Diario.

Primero, minimizaron su fuerza, que “ha sido capaz hasta de derrocar Gobiernos”, afirma el legislador de Pachakutik Salvador Quishpe, quien recuerda que antes de las caídas de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez hubo protestas en las que confluyeron varias organizaciones sociales, entre ellas el movimiento indígena.

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Pero cuando ya ven que estas crecen, “las descalifican”. “Dicen que cometemos actos ilegales, terroristas, vandalismo, que destruimos… Sin embargo, mientras más nos criminalizan, hay una mayor respuesta solidaria de la ciudadanía”, agrega Quishpe.

“Ningún Gobierno ha entendido lo que representa el movimiento indígena; hay una postura de desvalorización y desprecio, un rechazo racista pues se piensa que no tiene un poder propio, que siempre hay alguien detrás que lo mueve… Creen que no pasará nada, nos tratan con indiferencia… Y a partir de eso hay una respuesta represiva a las protestas”, sostiene el prefecto de Cotopaxi y expresidente de la Ecuarunari, Jorge Guamán. Este es el segundo nivel de réplica a las movilizaciones: la represión o confrontación.

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El dirigente relata que si bien las medidas de represión desde la fuerza pública son comunes en todos los Gobiernos, estas se han modificado en el tiempo.

A su criterio, durante el gobierno de Rafael Correa hubo un “punto de quiebre” con la aprobación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el 2014, en el cual se “criminaliza” la lucha social tipificándola, según él, como actos de terrorismo y subversión.

Y esto se ha reforzado, agrega, con la reciente aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, en la que hay también restricciones para la protesta. Dicha norma está aún en el Ejecutivo para su sanción o veto.

Esto pese a que la Constitución de Montecristi garantizó el derecho a la resistencia.

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En el último paro nacional en contra de Guillermo Lasso se dio, incluso, un hecho inédito. Por primera vez un presidente de la Conaie fue detenido en el marco de la protesta social. A Leonidas Iza se lo procesa, actualmente, por paralización de un servicio público.

A Leonidas Iza, actual presidente de la Conaie, se lo procesa por el delito de paralización  de un servicio público presuntamente cometido en las protestas de junio pasado. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: El Universo

“El derecho a la resistencia es un logro de los movimientos sociales, pero las leyes son un retroceso con respecto a esta puerta abierta de la democracia que es la protesta social. Hay que entender que la democracia no es solo la institucional, sino lo que hace la sociedad con sus votos y en las calles”, señala Guamán.

Y conforme los Gobiernos acentúan la confrontación, explica el prefecto de Cotopaxi, “se prolonga la lucha y recién después aparece la necesidad de abrir canales de diálogo, cuando esa debió ser siempre la respuesta inicial para desactivar las movilizaciones”.

La negociación política para atender las agendas de los sectores indígenas es el tercer nivel de respuesta que han dado los regímenes a sus protestas. Y en esta han participado activamente otros actores de la sociedad civil, como la Iglesia católica o las agrupaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que sirvieron de mediadoras para armar mesas de conciliación.

Guamán señala que el Estado ha dado respuestas a sus reivindicaciones tanto de forma inmediata como de mediano y largo plazo. Así, por ejemplo, recuerda que Rodrigo Borja accedió a legalizar miles de hectáreas de tierras a favor de las comunidades y a viabilizar la institucionalización de la educación intercultural bilingüe en los días siguientes al levantamiento de 1990. Pero el reconocimiento del Ecuador como un Estado pluricultural recién se consiguió –con varias protestas de por medio– en la Constitución de Sangolquí de 1998, y que se lo considere como un Estado plurinacional, en la de Montecristi del 2008.

La pobreza, el tema recurrente en la protesta indígena en Ecuador desde 1990

Aunque Quishpe señala que en los últimos años, especialmente en el gobierno de Correa, perdieron mucho de lo que lograron, especialmente en institucionalidad. “Correa despareció entidades autónomas como el Condenpe (Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos de Ecuador), la Dirección Nacional de Salud Indígena, la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe… Son temas que otra vez nos toca recuperar, pues eran herramientas para fortalecer nuestra cultura”, reflexiona el legislador.

Napoleón Saltos, quien fue presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales y diputado, señala que pese a estos avances, los indígenas siguen excluidos de las políticas públicas.

“Las propuestas del movimiento indígena no se han considerado en los planes de desarrollo de los Gobiernos. No se los toma en cuenta, apenas ponen por ahí algún programa o proyecto, no hay una planificación intercultural, incluyente… En la Constitución hay un listado de derechos colectivos, pero no se cumplen”, señala.

Esto se da, agrega, porque “los Gobiernos no alcanzan a entender lo que se propone: un Estado moderno, intercultural, plurinacional e incluyente… O quizás no lo entienden o no lo quieren asumir y lo asocian con separatismo, división. Dicen que son minoría, y que si quieren algo que ganen las elecciones. No hay una valoración ni reconocimiento a los pueblos y nacionalidades que son parte fundamental del desarrollo”.

El analista político Wilson Benavides señala que a la par de atender los pedidos del movimiento indígena, los Gobiernos siempre han tenido la intención de debilitarlo valiéndose, precisamente, de los espacios institucionales derivados de las negociaciones políticas. Es lo que él describe como una estrategia de “incorporación al Estado”.

Es decir, invitan a los dirigentes a integrarse a sus filas en cargos públicos. Pasó en el gobierno de Lucio Gutiérrez, que llegó al poder en alianza con Pachakutik y designó como ministros a líderes históricos como Luis Macas o Nina Pacari Vega; con Rafael Correa, que reclutó a Ricardo Ulcuango como embajador en Bolivia; y con Lenín Moreno, que sumó a Humberto Cholango a la Secretaría del Agua.

Luis Macas y Nina Pacari Vega fueron ministros de Estado en el gobierno de Lucio Gutiérrez, que llegó al poder en alianza con el movimiento Pachakutik. Foto de Archivo.

O crean instituciones que supuestamente canalizarán y atenderán sus necesidades. Así, en el gobierno de Abdalá Bucaram surgió el Ministerio de Etnias; en el de Fabián Alarcón, el Consejo de Planificación de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros (Conpladein); en el de Lucio Gutiérrez, la Secretaría Nacional de Asuntos Indígenas; con Rafael Correa, la Secretaría de Pueblos, Movimientos y Organizaciones Sociales; con Lenín Moreno, la Secretaría Técnica Intercultural Bilingüe, y con Guillermo Lasso, la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades.

Secretaría de Pueblos y Nacionalidades de Ecuador buscará ser una política de Estado y no algo temporal

“Coquetean con los Gobiernos, eso les ha generado un alto costo político”, dice Benavides, quien agrega que también han impulsado la conformación de organizaciones indígenas paralelas a la Conaie con el propósito de dividirla, pues a través de estas entregan picos, palas, bonos y otros beneficios.

Para el historiador Juan Francisco Morales, tanto el movimiento indígena como el Estado deberían repensar sus formas de reclamar y atender, en su orden, las demandas sociales.

Morales cree que la movilización indígena sí se ha desnaturalizado dejando que se infiltren personas que cometen actos de vandalismo y terrorismo, como ocurrió en el 2019.

Y los Gobiernos no han respondido con contundencia para neutralizar las causas de las protestas ni para proteger a los ciudadanos afectados por estas.

Cronología de los levantamientos indígenas desde el retorno a la democracia en Ecuador

1990

Mayo. Toma pacífica del templo de Santo Domingo en Quito por campesinos de la Sierra ecuatoriana que representaban a más de 70 organizaciones indígenas.

Junio. La Conaie, Ecuarunari, Confenaie y Coordinadora de Comunidades organizan un levantamiento en todo el país. Hay bloqueo de carreteras en las provincias de Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, Pichincha, Imbabura y Santo Domingo. Los indígenas presentan una propuesta de 16 puntos.

1992

En abril, la Organización de Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP) convoca a una marcha a Quito para el reconocimiento de sus territorios. Después de 20 días de caminata los indígenas se toman la capital. Se logra la adjudicación de 1,2 millones de hectáreas de territorio en la Amazonía, pero el Estado se reserva el derecho de explotar los recursos naturales no renovables (petróleo).

En octubre, aproximadamente 20.000 indígenas se movilizan en manifestaciones y cierre de vías, por la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América.

1994

Junio. Indígenas encabezados por Luis Macas, Rafael Pandam, Nina Pacari Vega y Valerio Grefa bloquean carreteras como parte del levantamiento en rechazo a la promulgación de la Ley de Desarrollo Agrario, en el gobierno de Sixto Durán-Ballén.

1997

Febrero. Indígenas participan en el paro nacional que terminó con el derrocamiento del presidente Abdalá Bucaram Ortiz.

2000

Enero. La Conaie convoca a un nuevo levantamiento, esta vez contra la dolarización y para cambiar a las tres funciones del Estado. El 21 de enero, con el apoyo de un sector del Ejército, se toman el Congreso y luego Carondelet. Se forma un triunvirato en remplazo de Jamil Mahuad, integrado por el presidente de la Conaie, Antonio Vargas, el jurista Carlos Solórzano y el general Carlos Mendoza. La llamada Junta de Salvación Nacional se disuelve en la madrugada y el 22 de enero, en las instalaciones del Ministerio de Defensa, se posesiona Gustavo Noboa como presidente.

Antonio Vargas (derecha) participó junto con Lucio Gutiérrez en el derrocamiento de Jamil Mahuad, el 21 de enero de 2000. Foto de Archivo Foto: Archivo

2006

Marzo. La Conaie se moviliza en rechazo a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Organizaciones indígenas, campesinas y sociales de Cotopaxi y Tungurahua paralizan sus actividades con el cierre de vías y la amenaza de extender la medida indefinidamente. También exigen la caducidad del contrato con la petrolera Oxy y la anulación del convenio de la Base de Manta.

2010

Indígenas realizan marchas en todo el país para evitar que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de Ley de Aguas, que aseguran privatizará ese recurso.

La marcha por el agua y la vida, en el 2012, partió de El Pangui, en Zamora Chinchipe. Foto de Archivo

2012

En marzo, la marcha por el agua, la vida y la dignidad arriba al parque El Arbolito de Quito luego de recorrer ocho provincias. La movilización arranca desde El Pangui, Zamora Chinchipe. Los manifestantes hacen público un manifiesto en el que abogan por la defensa del agua, el rechazo a la política minera del Gobierno, el impulso de la reforma agraria y concesión de tierras, el acceso a varios servicios como educación y salud, y la derogatoria del decreto ejecutivo que se usó para despedir a miles de empleados del sector público.

El edificio de la Contraloría General del Estado en Quito fue incendiado y saqueado por manifestantes en octubre del 2019. Foto de Archivo

2019

Octubre. Indígenas, transportistas y otros sectores sociales participan en el paro nacional para rechazar la decisión del régimen de Lenín Moreno de eliminar el subsidio a la gasolina extra y al diésel como parte de las medidas económicas. Las protestas se tornan violentas. Hay cierres de carreteras, toma de pozos petroleros y antenas repetidoras de radio y televisión, se incendian destacamentos policiales y el edificio de la Contraloría General del Estado, y hay secuestros de uniformados y periodistas.

2022

Junio. La Conaie convoca a un paro nacional contra el gobierno de Guillermo Lasso. Presentan una lista de diez pedidos, pero los principales son la reducción del precio del diésel y las gasolinas extra y ecopaís, y la condonación de deudas de los sectores campesinos. La movilización dura 18 días en medio del cierre de vías, ataques a pozos petroleros y a destacamentos policiales. El presidente de la agrupación, Leonidas Iza, es detenido y luego liberado, pero se lo procesa por paralización de servicios públicos. (I)