Ministro del Interior y el comandante de la Policía no dieron explicaciones sobre el informe policial ante la comisión que investiga el caso Encuentro

El ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante de la Policía Nacional, general Fausto Salinas, no comparecieron ante la comisión ocasional que investiga el denominado caso “El Gran Padrino”, relacionado con el caso Encuentro. La sesión estaba programada para las 16:00 del jueves pero se aplazó unas horas debido al juicio político al exministro del Interior, Patricio Carrillo.

Zapata y Salinas debían presentarse para dar explicaciones sobre el informe archivado de la Policía, denominado caso León de Troya, en el cual se investigaban presuntos nexos del empresario Rubén Cherres con la mafia albanesa, así como su relación con Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, y una supuesta gestión de cargos públicos.

Por ese tema además fueron citados el agente fiscal Rubén Balda, el teniente coronel José Luis Erazo -quien dirigió la investigación-, el general Geovanni Ponce -quien habría solicitado archivar el informe-, el general Mauro Vargas-. También se pidió la comparecencia del director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Francisco Briones, y del secretario particular de la Presidencia, José Ignacio Samaniego.

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Tampoco se presentó el agente Balda, quien envió a la comisión un oficio explicando que no puede proporcionar información sobre la investigación previa, porque inclusive la Fiscalía analiza reabrir el caso.

El teniente coronel Erazo fue otro de los que no acudió. En la comisión se leyó una carta que el teniente coronel el envió el 15 de febrero, donde informó que tiene la voluntad y predisposición de atender la convocatoria, indicó que solicitó autorización para asistir y pidió nueva fecha y hora para acudir a Quito, porque ahora labora en Guayaquil.

Disgustada, la asambleísta Viviana Veloz (UNES), presidenta de la comisión ocasional, reprochó la nueva inasistencia de los agentes, ya que han sido convocados en dos ocasiones pasadas. Acusó al ministro del Interior y al comandante de la Policía de impedir que los servidores policiales den su versión en la Asamblea Nacional.

Dijo que la carta de Erazo demuestra que los policías requieren de autorización de sus superiores para presentarse a la comisión. Con ello, aseguró, se desmiente lo expresado por el ministro del Interior, quien ha manifestado que los uniformados no son sujetos de control político y que es su voluntad acudir o no a comparecer.

“¿Qué le ocultan al país?”, increpó Veloz al ministro Zapata y al comandante Salinas, aduciendo que pretenden ocultar el contenido del informe y, con ello, “salvar” a Danilo Carrera y a los posibles nexos con el narcotráfico.

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Los integrantes de la comisión, con excepción de Gruber Zambrano (BAN), expresaron su malestar por la inasistencia de los funcionarios y agentes.

Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik) difundió un extracto de declaraciones del asambleísta Fernando Villavicencio, quien afirmó que el presidente Guillermo Lasso conoció el informe policial en julio de 2021. Pazmiño solicitó que lo dicho por Villavicencio conste en las actas de las comisión, ya que se confirma que el jefe de Estado sabía de la investigación policial.

Pazmiño aseguró que los generales Ponce y Vargas son los responsables de ocultar la información y que deben explicar por qué ordenaron archivar el caso. Además, cuestionó que Rubén Cherres tendría influencia en el Gobierno.

Con tono de enfado, el asambleísta Diego Esparza (PSE) responsabilizó al presidente Guillermo Lasso por la ausencia de los servidores policiales ante la comisión y criticó que el primer mandatario tampoco se haya presentado.

Recordó que la comisión ocasional está próxima a terminar el informe sobre la investigación. “Estableceremos responsabilidades políticas”, anticipó Esparza.

El legislador Augusto Guamán (independiente) fue más allá en sus reproches contra el gobierno. Dijo que el presidente Lasso entregó a Rubén Cherres las empresas públicas para que sean manejadas por él a través de Hernán Luque, expresidente de EMCO.

Concluyó que el jefe de Estado podría verse inmerso en el delito de traición a la patria, tipificado en el artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Para el parlamentario oficialista Gruber Zambrano en la comisión se busca involucrar al primer mandatario con el narcotráfico. “Todo lo que pasa está dirigido contra este gobierno y con la cabeza principal, que es el presidente de la República”, comentó Zambrano, exigiendo que su intención es que la mesa elabore un informe transparente y técnico.

Zambrano defendió la actuación del gobierno frente al narcotráfico. Destacó que en un año y medio de gestión se ha incautado más droga que en los últimos quince años.

Tras las intervenciones de los legisladores, Viviana Veloz clausuró la sesión e informó que en los próximos días convocará a una nueva sesión para debatir y someter a votación el informe de la investigación. Los miembros de la comisión tienen plazo hasta el 3 de marzo para presentar el informe.

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Juan Zapata sí se llegó a la Asamblea para participar en la sesión de la comisión que inicialmente fue convocada para las 16:00, pero le informaron que la reunión se aplazó unas horas debido a que ese momento se desarrollaba el juicio político al exministro del Interior, Patricio Carrillo.

Esperó cuarenta minutos y se retiró, porque tenía que viajar a Guayaquil para reunirse con el presidente Lasso, explicó.

Al ser abordado por periodistas, Zapata señaló que la Comandancia de la Policía ha respondido los pedidos de información. Reiteró que los servidores policiales son libres de asistir a la comisión, que ni la Comandancia ni el Ministerio no les pueden obligar a comparecer.

Con respecto al informe del caso León de Troya, dijo que al tratarse de una investigación reservada los agentes “no pueden aportar absolutamente nada” porque violarían el Código Penal y podrían ser procesados por aquello.

El secretario de Estado puntualizó que dicha investigación inició el 13 de mayo de 2021, antes de que Guillermo Lasso asuma la presidencia de la República.

La Policía Nacional, a través de redes sociales, publicó un comunicado en el que afirmó colabora con los operadores y administradores de justicia, “más no tiene la facultad de disponer el cierre a la continuidad de una investigación”.

La institución aclaró que la decisión de archivar el informe la tomó el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada de Manabí, ante un Juez de Garantías Penales, el 21 de marzo de 2022.

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Sobre las convocatorias a comparecer en la comisión ocasional, la Policía insistió que los servidores no son sujetos de control político y que no han acudido voluntariamente.

La razón de la inasistencia es que, según la Policía, “los informes generados por comisiones especializadas han sido distorsionados y sesgados ante la opinión pública”.

Por otro lado, se aclaró que el general Mauro Vargas es inspector general de desde el 11 de julio de 2022. Se descartó que en su anterior función haya tenido la potestad para ordenar que se cierre una investigación.

Así mismo, se defendió al general Giovanni Ponce, indicado que durante su gestión en la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas obtuvo el récord de 210 toneladas de droga incautadas en 2021.

Al finalizar su comunicado, la Policía aseguró que está bajo un ataque mediático en redes sociales y se pretende desprestigiar a la institución. (I)