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Movimientos sociales demandan al Gobierno que decrete condonación de deudas y anuncian una evaluación de cumplimiento de acuerdos en 90 días

La Fenocin envió una carta al mandatario para que cumpla con su ofrecimiento a los deudores; la Conaie anuncia una evaluación de los 218 acuerdos.

César Pérez (centro), coordinador general de la Plataforma y Gary Espinoza (camiseta negra), presidente de la Fenocin en los exteriores de la Gobernación del Guayas.

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Mientras la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) insiste al presidente de la República, Guillermo Lasso, en que emita el decreto ejecutivo para la condonación de deudas en la banca pública, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) abre un plazo de tres meses para evaluar el cumplimiento de los 218 acuerdos que dejaron las mesas de diálogo.

La Fenocin, en conjunto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil, denominada Plataforma por la condonación de deudas de los agricultores, artesanos, pescadores y emprendedores, suspendieron una jornada de protestas a la que convocaron el pasado 15 de noviembre en cuatro provincias de la Costa, esperando que el último viernes Lasso suscriba el decreto ejecutivo que dé cumplimiento al artículo 196 de la Ley de Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19. Ello se refiere a que se condonen deudas por hasta los $ 10.000 en la banca pública.

Actualmente, esa disposición rige para las deudas por hasta los $ 3.000, pero el Ejecutivo se comprometió a cumplir con esa disposición, incluso como uno de los compromisos adquiridos en las mesas de diálogo que se instalaron tres meses atrás.

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Plataforma social sigue a la espera del decreto ejecutivo ofrecido por el gobierno y anuncia una asamblea regional para el lunes 21 de noviembre

La Casa de Gobierno no divulgó ese decreto, por lo que el presidente de la Fenocin, Gary Espinoza, envió un oficio a Guillermo Lasso y de forma paralela los colectivos están evaluando las acciones que tomarán si no hay una respuesta oficial a sus demandas.

Este 21 de noviembre, Gary Espinoza remitió al presidente Lasso un oficio en el que le detalla la difícil situación económica que atraviesa el sector productivo y que le impide cumplir con el pago de sus obligaciones a la banca pública, por lo que le exige que firme el decreto que cumpla con la condonación hasta los $ 10.000, de acuerdo con el artículo 196 de la Ley de Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19.

“Dar cumplimiento al artículo 196 de la ley ayudará a paliar la grave situación económica en que se encuentran alrededor de 80.000 familias que no han podido pagar sus deudas debido a las múltiples crisis que nos han afectado. (…) En esas difíciles condiciones económicas, no hemos recibido hasta ahora ningún apoyo de parte de los gobiernos de turno y seguimos presionados por las instituciones del sistema financiero, incluida la banca pública que han iniciado juicios de coactiva y que amenazan con embargar y rematar los pocos activos que disponemos”, señala.

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En ese contexto, el dirigente esmeraldeño propone que en el decreto Lasso recoja tres disposiciones esenciales. La primera, para que la condonación se cumpla hasta los $ 10.000 más intereses de mora y otros gastos judiciales y administrativos, en las instituciones como BanEcuador, el Banco Nacional de Fomento en liquidación y la Corporación Financiera Nacional (CFN).

Gary Espinosa, presidente de la Fenocin, participa junto a otros dirigentes territoriales como Luis Mullo, de las mesas de diálogo con el Gobierno nacional. Foto: Sugey Hajjar

Además, que los beneficiarios sean retirados inmediatamente de la central de riesgos y pasen a tener calificación crediticia A1, para que accedan a recursos líquidos que les permita activarse económicamente; y una tercera, para que se incluya a aquellos deudores por créditos productivos quirografarios e hipotecarios.

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Un pedido adicional es que se disponga a las autoridades del BanEcuador que “cesen las persecuciones” a los deudores.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, mencionó en declaraciones de prensa que dicho decreto está construyéndose con las autoridades respectivas debido a la sensibilidad del tema, y así evitar una posible iliquidez en las instituciones financieras.

Por su parte, el último fin de semana, la dirigencia de la Conaie se trasladó hasta la Amazonía ecuatoriana para evaluar sus procesos internos y los diálogos mantenidos con el régimen en los últimos tres meses, como consecuencia del paro nacional de junio pasado.

El cónclave se desarrolló en Unión Base (Pastaza) a la que habrían asistido 47 delegaciones de las estructuras de base y entre sus principales resoluciones está dar un plazo de tres meses al Gobierno para evaluar el cumplimiento de los 218 acuerdos.

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El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, precisó que fueron catorce resoluciones las que se tomaron, relacionadas con temas internos del movimiento y también qué pasó en las diez mesas de diálogo.

El dirigente indicó que la asamblea resolvió realizar una primera evaluación dentro de los siguientes tres meses de haberse concretado los 218 acuerdos entre la Conaie, Feine, Fenocin y las autoridades del poder Ejecutivo, que tuvo como intermediaria a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE).

“Hemos decidido que la primera evaluación se hará a los tres meses y tomaremos una decisión”, apuntó Iza, sin adelantar si ello implicará llamar a un nuevo paro nacional.

La decisión se tomó con base en la fase de seguimiento que se inició entre las delegaciones de los tres movimientos y representantes del Gobierno.

La semana anterior, indígenas-gobierno acordaron que para el trabajo de seguimiento e implementación de los consensos se deben conformar ocho mesas con las siguientes temáticas y cuyo cumplimiento estará a cargo de algunos de los ministerios de Estado.

El dirigente de la Fenocin, Luis Mullo, informó que quedaron conformadas, de acuerdo con los temas que se trataron en cada mesa temática, así:

  1. Control de precios – Ministerio de Gobierno
  2. Seguridad, justicia y derechos – Ministerio del Interior
  3. Energía y recursos naturales – Ministerio de Energía y Minas
  4. Empleo, derechos laborales – Ministerio del Trabajo
  5. Fomento productivo – Ministerio de Agricultura
  6. Acceso a la salud – Ministerio de Salud
  7. Derechos colectivos – Conferencia Episcopal
  8. Educación Superior – Senescyt

Esos espacios los conformarán dos delegados de cada una de las agrupaciones sociales y cuatro delegados del Gobierno, dependiendo de la temática y empezarían su trabajo desde este lunes, con la revisión de las tareas y actividades que se derivan de los acuerdos suscritos y que constan en una matriz de seguimiento, manifestó Mullo.

Se estima que este trabajo de seguimiento dependerá del tipo de acuerdo, ya sea que requiera de un acuerdo ministerial o decreto, incluso de la elaboración de un proyecto de ley; o, una política pública que demande presupuesto, por ejemplo. (I)

Redacción
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