La jueza penal de Pichincha Mónica Bravo se convierte en la segunda magistrada recusada al ser parte del Tribunal de Juzgamiento que conoce el proceso por el delito de peculado por el que son acusados el cesado alcalde de Quito Jorge Yunda y trece personas más. La demanda de recusación fue interpuesta por Ruth Amoroso, fiscal provincial de Pichincha.

Fabián Fabara fue el primer juez en ser recusado en una causa en la que se investiga un peculado que habría ocurrido en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito. En agosto de 2022 a Fabara se le confirmó la recusación planteada por la defensa de Yunda, por haberse mostrado parcializado en 16 días de audiencia.

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Tras dos diferimientos, la audiencia para resolver la demanda de recusación se instalará este miércoles 22 de marzo, a partir de las 14:00. Los jueces José Jiménez, presidente del Tribunal de Juicio, y Lady Ávila son quienes a inicios de marzo pasado calificaron y admitieron a trámite la demanda planteada. Ambos finalmente deberán decidir respecto al pedido de la fiscal Amoroso.

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Inicialmente desde la Fiscalía de Pichincha se solicitó la excusa de la jueza Bravo. La magistrada de Pichincha en un escrito del 8 de febrero pasado respondió que ella siempre ha actuado con imparcialidad y administrando justicia de manera oportuna e idónea. Resaltó la independencia judicial y principios de imparcialidad, para señalar que considera que no tiene asidero jurídico la causal o norma expresa de excusa alegada por la Fiscalía.

A inicios de enero último, Jiménez, Ávila y Bravo avocaron conocimiento del caso por peculado como jueces integrantes del Tribunal de Juzgamiento de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Esto llegó a los cinco meses de que al juez Fabián Fabara se le confirmó su recusación y más de dos meses después de que los jueces supervivientes de esta causa, Wilson Lema y Patlova Guerra, el 12 de octubre último, presentaron su excusa a seguir en el caso.

El 21 de octubre de 2021, a los 16 días de haber iniciado el juzgamiento de los catorce procesados, la audiencia se suspendió debido a la recusación presentada por la defensa de Yunda contra el juez Fabara.

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El 18 de enero pasado, el presidente del Tribunal, José Jiménez, presentó su excusa para seguir con la causa. Su argumento era que se encontraba impedido de actuar, debido a que bajo juramento declaró haber sido compañero de labores y le unen estrechos lazos de amistad con Édgar Molina, uno de los abogados de Jorge Yunda.

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Días después, las juezas Ávila y Bravo declararon infundada la excusa presentada por Jiménez. Las magistradas indicaron que al no verificarse causal o norma expresa de lo manifestado se declara infundada la excusa presentada ya que el vínculo de amistad es con el abogado y no con el procesado.

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La Fiscalía acusa al exalcalde Yunda de ser autor mediato del delito de peculado; al exsecretario de Salud Lenín Mantilla y a Juan Alejandro Vinelli, gerente de Salumed S. A., los ubica como autores directos; y once personas más fueron acusadas como coautoras, entre ellas, Ximena Abarca y Linda Guamán, exsecretaria y excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, respectivamente.

La causa está a poco más de un mes de completar el año y medio sin pasar de la etapa de juicio. De llegarse a concretar la recusación contra la jueza Bravo, eso significaba que nuevamente se debe sortear una magistrada que ocupe ese cargo, lo que implicaría que los procesados deben esperar más tiempo para que se resuelva su situación jurídica.

El nuevo Tribunal de Juicio debe empezar de cero la etapa de juzgamiento, es decir, la Fiscalía, el Municipio de Quito, como acusación particular, y los abogados de los catorce procesados deberán presentar la prueba pericial, testimonial y documental que mantienen para fundamentar las teorías acusatorias y de defensa que presentarán. (I)