Con 122 asambleístas presentes, asumió sus funciones como titular de la Procuraduría General del Estado Juan Carlos Larrea Valencia, seleccionado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

En el hemiciclo del Palacio Legislativo este 15 de noviembre, Larrea Valencia fue posesionado en su cargo, en el que permanecerá por un periodo de cuatro años.

Larrea fue elegido para esta función por el Consejo de Participación Ciudadana tras un mecanismo de selección por terna que remitió el presidente de la República, Guillermo Lasso.

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El CPCCS lo designó en una plenaria del pasado 20 de octubre y es posesionado 26 días después de su designación.

Larrea es abogado e inició su ejercicio profesional en el sector privado en los años 90 y también en el sector público.

Se desempeñó en el Servicio de Rentas Internas (SRI) y en entidades financieras públicas como el Banco de Guayaquil, del que incluso fue accionista, de acuerdo con los registros de la Superintendencia de Bancos.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, le tomó juramento en la plenaria de este martes, mientras los legisladores no prestaban atención a ese acto y al contrario, conversaban en grupos, antes de tratar el procedimiento de juicio político a los siete vocales del CPCCS.

Minutos después, Larrea Valencia en declaraciones de prensa aseguró que no tiene “ninguna acción” en el Banco Guayaquil, pues las “transfirió” a alguien días atrás, aunque no mencionó a quién.

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“La única acción que tenía en el Banco Guayaquil la he transferido en días anteriores”, anotó Larrea y aseguró que ello no es impedimento para ejercer el cargo y tampoco es un conflicto de interés.

El nuevo procurador, que reemplazó a Íñigo Salvador, ofreció ejercer una defensa “seria” del Estado en los casos de interés nacional.

También ofreció tratar con “riguroso apego a la Constitución y la ley” una posible consulta legal de cuatro de los siete consejeros del CPCCS.

María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán aprobaron el pasado 19 de octubre una resolución para consultar a la Procuraduría General, sobre la aplicación del artículo 108 del Código de la Democracia, en el sentido si es posible que en el marco de su participación en un proceso electoral pueden tener inmunidad al enfrentarse a un juicio político.

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Según Larrea esa consulta aún no habría llegado todavía a la Procuraduría, pero de llegar la tratarán con apego a la ley, apuntó. (I)