Para marzo y mayo del próximo año concluirían los trabajos de reparación y remodelación de los edificios en los que funciona la matriz de la Contraloría General del Estado en Quito, informó el contralor subrogante, Carlos Riofrío.

El complejo quedó destruido tras el incendio que afrontó durante las protestas de octubre del 2019 protagonizadas por grupos sociales que cuestionaban la liberación del precio de los combustibles en el gobierno anterior.

Riofrío realizó un recorrido por la obra la semana pasada. Explicó que, al momento, hay dos contratos ejecutándose.

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Uno por el edificio principal, que está reparando una empresa española. Esto se está pagando con los $ 11 millones que le reconoció Seguros Unión a la Contraloría por el siniestro. Se espera que se termine en marzo del año entrante.

El otro lo tiene el Cuerpo de Ingenieros del Ejército; se trata de un segundo bloque que estaba en proceso de edificación antes del incendio, y del cual no se realizó el acta de entrega-recepción. En mayo pasado, según el funcionario, el Gobierno le entregó a esa institución $ 10 millones para que concluya la obra hasta mayo o junio del 2022 para lo cual pidió una ampliación del plazo.

Mientras terminan estos trabajos, los servidores de la Contraloría seguirán instalados en espacios de otras instituciones. Así, el despacho del contralor y las unidades administrativas y de juzgamiento están en el Banco del IESS, de la avenida Amazonas; las unidades de control, en el edificio Platinum, en la Iñaquito; y el área financiera en la Plataforma Financiera. Solo en el primero no pagan arriendo.

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Al consultársele sobre si ya se conocía con certeza cómo se inició el incendio, Riofrío dijo que hay informes del Cuerpo de Bomberos de Quito que indican que surgió desde afuera del edificio en medio de las protestas. Por esto señaló que no entiende cómo su antecesora Valentina Zárate pudo afirmar en una entrevista que este se había originado desde adentro.

El área que se afectó mayormente en el incendio fue la de Responsabilidades; o sea donde estaban los expedientes para estudio y determinación de glosas y otras observaciones.

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El contralor señaló que, al momento, se han logrado recuperar unos 47.000 documentos que no se quemaron en su totalidad. “La tarea que han cumplido los servidores de la Contraloría es verificar qué documento faltaba en los expedientes para pedir reposición al auditor que estuvo vinculado o a las instituciones auditadas, teníamos las notificaciones, y con eso era fácil identificar y armar los documentos que se dañaron total o parcialmente. Lo más importante es que muchos de esos expedientes que estaban listos para estudio nuevamente retornaron a la unidad que corresponde para que termine el proceso”, indicó. (I)