A cuatro meses que se cumplan dos años de que se llamó a juicio por el delito de peculado, en el caso denominado Caminito, a cinco funcionarios de la desaparecida Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), entre quienes está Pablo Romero, exlíder de la Senain, se instaló, la mañana de este martes, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la audiencia de juzgamiento contra los acusados.

Pablo Romero, exfuncionario de Senain, es llamado a juicio por el delito de peculado

Poco después de las 09:00 de este martes en la Corte Nacional se instaló la diligencia en la que los jueces nacionales Marco Rodríguez (ponente), Julio Arrieta y Javier Cordero, integrantes del Tribunal de Juzgamiento, escucharán los argumentos y conocerán las pruebas testimoniales, periciales y documentales que mantiene tanto de la Fiscalía como de las defensas de los cinco procesados.

El conjuez que acogió, en octubre de 2019, el pedido de la Fiscalía y llamó a juicio a Romero, Cecilia Santillán, Fernando Garzón, Walter Olalla y Juan de Dios Lozano, señaló en su resolución que emitió el auto de llamamiento a juicio debido a que los actos ejecutados por ellos “permiten establecer indicios de responsabilidad penal que derivan de la inobservancia de los procedimientos establecidos en la Ley”.

Publicidad

Un Informe con indicios de responsabilidad penal, de septiembre de 2014, emitido por la Contraloría General del Estado dio origen a la investigación en la Fiscalía. El examen especial fue realizado al uso de fondos públicos de gastos permanentes de la Senain, en el periodo del 1 de junio al 31 de agosto de 2013, fecha en la que se dio la operación denominada Caminito.

En esta operación las autoridades establecieron la inexistencia de documentos de soporte de la operación y la inconsistencia de tales documentos que han sido suministrados para el examen especial.

Las operaciones realizadas por la Senain en el periodo examinado sumó $ 13,3 millones, de los cuales se destinó a la operación Caminito $ 110.984. En el análisis se estableció la existencia de pagos por montos de $ 10.000 hasta $ 63.621 para cancelar al informante con el alias de ‘El Ruso’, ciudadano español llamado Edward Soler.

Publicidad

Pablo Romero es condenado a nueve años de cárcel por el plagio de Fernando Balda

“Previo al pago y con el fin supuesto de cumplir con el procedimiento se hizo la solicitud de fondos pertinentes por el monto de $ 63.621,98 sin que conste un soporte de la supuesta operación itinerario, que no corresponde a la que generó el gasto. Se determinó que el solicitante y beneficiario de ese valor fue Pablo Romero”, señala la resolución de llamado a juicio.

El fiscal general subrogante Wilson Toainga aseguró que en audiencia demostrará que hubo utilización de recursos públicos y que existió una presunta operación de contrainteligencia donde se involucró a altos funcionarios del gobierno. La Fiscalía afirma que en calidad de funcionarios públicos los cinco procesados dispusieron de forma arbitraria de recursos del estado ecuatoriano.

Publicidad

Según la Fiscalía, los datos personales del informante con el alias de ‘El Ruso’ no son reales, pues los archivos del consulado de España demostrarían que los datos del informante son Edward Soler. Además se señaló que no hay evidencia de los gastos de viaje u otros servicios y productos para la operación Caminito, la cual habría significado una pérdida para el Estado, apunto Toainga, de $ 162.546.

Romero, Santillán, Garzón y Lozano recibieron llamamiento a juicio en calidad de autores, mientras que Olalla es visto como cómplice. Al final de la diligencia, los jueces que integran el Tribunal decidirán si todos los procesados son culpables, algunos de ellos o simplemente se les ratifica el estado de inocencia de todos o de algunos.

En los alegatos de apertura, la defensa de Pablo Romero, Juan Carlos Perea, aseguró que demostrará que la operación Caminito fue una acción de riesgo técnico, en la que se utilizó recursos humanos capacitados y la negociación con la fuente humana fue secreta. Aclaró que la operación no solo duró del 1 de julio al 1 de agosto del 2013, sino que se extendió hasta febrero de 2014.

Perea sostiene que no existe material producto de este servicio en la operación Caminito, pues habrían sido intangibles como asesorías. Refirió que la pericia contable realizada en este caso no tiene base ni técnica ni fáctica para las conclusiones y cree que los hechos de los que se acusan no se subsumen en ningún tipo penal, que no existe medio de prueba para determinar perjuicio económico, que no hay materialidad.

Publicidad

Al momento, Pablo Romero cumple una sentencia de nueve años de cárcel en el Centro de Privación de la Libertad de El Inca, en Quito, por el plagio del activista político Fernando Balda, en el 2012. La sentencia de primera instancia por plagio se dio en agosto de 2020 y al momento se espera que se realice la audiencia de apelación de ese fallo.

En una cuenta de Twitter relacionada con Pablo Romero y que está registrada como Pablo Romero Inocente se señaló: “Alias “El Ruso” y operación “Caminito” si existieron, lo cual confirma inocencia de Pablo Romero. Además, “El Ruso” continuó trabajando en Senain luego de Romero”. (I)