Adoptar un marco jurídico que asegure la protección de los defensores de derechos humanos y de los periodistas y que se garantice la libertad de expresión y de prensa, fueron los pedidos que más hicieron los países a Ecuador, el pasado 7 de noviembre, en el marco del cuarto ciclo de evaluación del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En esta cita, se analizó el cumplimiento de Ecuador en cuanto a sus compromisos en materia de derechos humanos y su situación actual. Luego que el país terminó su presentación, setenta naciones realizaron observaciones sobre distintos temas, 19 fueron sobre libertad de expresión.

El canciller Juan Carlos Holguín, que lideró la delegación del país en la cita, resaltó en su intervención los avances en este tema como, por ejemplo, las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que indicó están próximas a publicarse en el Registro Oficial.

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Holguín manifestó que el veto que revisó la Corte Constitucional concentraba todos los temas claves, como derechos, censura, regulación y control y que la sentencia que emitió evitará para siempre que en el país se pueda tener en algún otro momento una ‘ley mordaza’.

En tanto, en Ecuador, luego del EPU, la coalición de organizaciones de la sociedad civil (entre las que constan Fundamedios y Fundación Desafío y Diálogo Diverso), conformada para dar seguimiento al EPU, realizó un análisis de las recomendaciones y la presentación del país.

Sobre las observaciones en cuanto a libertad de expresión, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, reiteró que los países instaron al Estado a garantizar el derecho y la protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

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Manifestó que le preocupó el discurso del Gobierno, que indicó en la cita que sí existen actualmente mecanismos de protección al ejercicio periodístico, cuando en la realidad el Comité para la Protección de Periodistas no ha funcionado, ni tampoco existen políticas de prevención y reacción frente a las agresiones y amenazas que reciben los periodistas.

Ricaurte mencionó además que existe un gran reto que debe ser asumido entre las diferentes instancias del Estado y la sociedad civil para el diseño e implementación del Mecanismo de Protección a periodistas, creado en las reformas recién aprobadas a la LOC y que debe tener concordancia con las políticas y mecanismos de protección a defensores de derechos humanos, tal como lo ha exigido la comunidad internacional con sus recomendaciones.

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Las 19 observaciones que fueron recogidas por la coalición son las siguientes:

  1. Rumania: adoptar y aplicar medidas legislativas y políticas destinadas a fomentar una cultura de igualdad de género, garantizando la reducción de la violencia contra las mujeres y las niñas, el fin del fenómeno del femicidio, el acceso de mujeres a la política y su empoderamiento por medio de la educación a través de programas de oportunidades laborales. En tema de libertad de expresión, que se adopte un marco jurídico para las personas periodistas y se hagan reformas sobre libertad de expresión y asociación de acuerdo a estándares internacionales.
  2. Eslovenia: adoptar reformas jurídicas y medidas administrativas con miras a garantizar la libertad de expresión, opinión de reunión pacífica conforme a estándares internacionales.
  3. España: adoptar un marco jurídico que asegure la protección de los defensores de derechos humanos y de los periodistas.
  4. Suiza: adoptar una política global para los defensores de derechos humanos, establecer los mecanismos para crear una política pública de reparación de víctimas de mujeres.
  5. Timor-Leste: elaborar un protocolo y medidas para garantizar el pluralismo en la cobertura y la independencia de los periodistas respecto de la influencia gubernamental.
  6. Reino Unido: garantizar la protección de los derechos humanos y que los periodistas puedan ejercer su oficio sin amenazas.
  7. Estados Unidos: garantizar una libertad de expresión sin restricciones y que se promueva la Ley de Libertad de expresión.
  8. Venezuela: poner fin al uso abusivo de la fuerza y acabar con la impunidad y la creciente criminalización contra periodistas y activistas de derechos humanos.
  9. Canadá: proteger la libertad de prensa, impidiendo que normas sobre difamaciones y calumnias se destinen a acallar las críticas del público.
  10. Costa Rica: adoptar una legislación para la protección de los defensores de derechos humanos, incluidos activistas y periodistas.
  11. Costa de Marfil: adoptar las medidas necesarias para campañas que luchen contra la discriminación en los medios, y se garantice el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas.
  12. Francia: garantizar la libertad de expresión y luchar por reducir las amenazas contra periodistas.
  13. Grecia: promocionar un marco de protección para el ejercicio periodístico.
  14. Honduras: protección de personas con base en los derechos humanos con enfoque de género, étnico, naturaleza y ambiente.
  15. Irán: combatir la violencia contra medios de comunicación y garantizar el Decreto 193 en temas de libre asociación.
  16. Namibia: aplicar y garantizar la seguridad de los periodistas.
  17. Países Bajos: establecer un marco legislativo para la protección de defensores de derechos humanos y activistas.
  18. Paraguay: garantizar los derechos humanos en los temas relacionados al objetivo 16 de desarrollo sostenible.
  19. Perú: intensificar esfuerzos para que los defensores de derechos humanos gocen de un entorno seguro.

Además de las de libre expresión, la coalición recogió 53 recomendaciones en cuanto a derechos de las mujeres y, especialmente, el combate a los feminicidios y la violencia; 24 sobre el sistema carcelario; y, 11 sobre derechos de la población LGBTQ+.

Las organizaciones que la integran reconocieron la actitud positiva que el Estado mostró a la hora de aceptar las recomendaciones generales, aunque manifestaron que se registraron inexactitudes y omisiones en la presentación del informe nacional y de las posteriores respuestas brindadas por los representantes del Estado.

Está previsto que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emita su informe sobre el examen de Ecuador el 11 de noviembre de 2022, a las 15:30. (I)

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