Pablo Celi de la Torre inició y terminó sus funciones como subcontralor de la Contraloría General del Estado con un patrimonio de $ 312.495, según los registros actuales de la misma entidad.

Celi sucedió a Carlos Pólit Faggioni en el organismo de control el 7 de junio de 2017 y fue ratificado en el cargo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), que resolvió no evaluar su accionar y que concluya el periodo de cinco años, hasta marzo del 2022.

Pablo Celi pasó de ser embajador del correísmo a contralor subrogante investigado por corrupción

Según su declaración juramentada, en el 2017 su patrimonio ascendía a $ 312.495; y la registrada en el 2021 mantiene el mismo valor.

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Celi renunció a su cargo este 5 de julio, desde la cárcel 4 de Quito, donde se encuentra preso desde el 14 de abril de 2021, investigado por el delito de presunta delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres.

Contraloría predeterminó glosas por casi $ 500 millones en el 2020

Desde junio del 2017 a marzo del 2021, en la gestión de Celi se aprobaron 7.613 informes generales. Además de 990 informes con indicios de responsabilidad penal; responsabilidades civiles confirmadas por $ 2.866′665.959 y sanciones administrativas confirmadas por $ 21′321.661.

Las acciones relevantes que se detallan, según la Contraloría, es la glosa por más de $ 1.200 millones por la construcción del proyecto de la Refinería del Pacífico en El Aromo (Manabí), en la que se hizo una inversión por $ 1.528 millones en una “infraestructura inútil”.

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Otro proyecto auditado por este órgano fue la adjudicación del Bloque Singue, en el que se concluyó que para la adjudicación se consideró solamente el 80 % de las reservas de crudo y no el 100 %, perjudicando al Estado en más de $ 5 millones. Se emitieron glosas por $ 5′2 millones y se emitió un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP).

Se realizaron auditorías a la legalidad de la Deuda Pública y sus fuentes de uso desde el 2012 al 2017, por la que se emitieron glosas por $ 75 millones e informes con IRP; también, las compras en el sector público durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19; la emisión irregular de carnés de discapacidad; la deuda del Estado con el Seguro Social (IESS); la reconstrucción en las provincias de Manabí y Esmeraldas después del terremoto del 2016 y el uso de los recursos de la Ley de Solidaridad.

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Preparan un segundo juicio político en contra de Pablo Celi

Entre otras, la inversión que “no fue eficiente” en la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas; anomalías en la construcción del proyecto de generación eléctrica Coca Codo Sinclair; ausencia de estudios para la construcción de las unidades educativas del milenio; el uso de aviones presidenciales.

La Asamblea Nacional inició el juicio político en contra de Pablo Celi, quien pidió en su carta de renuncia entregada al CPCCS el 5 de julio, acudir de forma presencial para ejercer su derecho a la defensa. (I)