Paulina Jiménez ve en el Consejo al abogado de la gente contra la corrupción

A Paulina Jiménez Mogollón le indigna la corrupción. Por eso creó hace ocho años la organización Corrupción No, “para hacerle entender a la gente que la corrupción no es algo normal”, comenta. Ofrecen talleres gratuitos a la ciudadanía.

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Jiménez tiene 51 años y hace seis es abogada. Y aunque en el libre ejercicio se dedica a casos civiles y de familia, decidió patrocinar la única causa penal que ha aceptado en su carrera, el caso Odebrecht.

Lo hizo por pedido del político y académico César Montúfar, quien presentó una acusación particular en ese proceso. Jiménez lo considera “un amigo de calle” por el activismo que él ha realizado.

También cuenta que ha colaborado con la Comisión Nacional Anticorrupción, ayudándoles logísticamente para que realicen sus denuncias.

Asegura que esos principios la llevaron a candidatizarse al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). “El Consejo es parte procesal en las denuncias de corrupción, tiene la obligación de ser el abogado que le apoya al denunciante”, sostiene.

Jiménez es quiteña. Formó su hogar y empezó a trabajar desde joven. De los 19 a los 26 años laboró en dos bancos, hasta que llegó la crisis bancaria y se quedó sin empleo.

Entonces se juntó con una amiga para montar una fábrica de zapatos en Cuenca. Llegaron a producir unos $ 15.000 mensuales, pero tuvieron que cerrar el negocio, cuenta. La dedicación a su familia y a ese emprendimiento pospuso sus estudios universitarios, que los realizó a distancia en la Universidad Particular de Loja.

Desde que obtuvo su título trabaja con su hijo, también abogado, en el pequeño estudio que abrieron. Le pusieron Santander Jiménez. “El 90 % de mi tiempo lo dedico a personas que no tienen capacidad económica. He visto al Derecho como un servicio”, afirma.

Ha declarado $ 247 de impuesto a la renta (IR) en seis años, aunque no presentó sus declaraciones tributarias entre 2015 y 2017, según consta en los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI), donde tampoco hay información del 2020 y 2021. Ella explica que sus ingresos no llegan a la base imponible y que el SRI ya certificó que en esos años no tuvo que declarar el IR.

En 2017 fue candidata a asambleísta por Concertación, pero no fue elegida. Entre 2018 y 2019 trabajó en el Consejo de la Judicatura, en el despacho de la consejera Zobeida Aragundi. Cuenta que ayudó a recolectar información que permitió a la Fiscalía esclarecer los hechos del 30-S. Al finalizar ese cargo, presentó una declaración patrimonial jurada con un patrimonio de $ 47.716.

Para su trabajo en el CPCCS tiene un plan de trabajo con tres ejes. El primero y el principal es informar. “Los ciudadanos no entendemos que el Consejo es el arma que tenemos para controlar lo que hacen las autoridades de todos los niveles de gobierno y mejorar nuestra condición de vida”, asegura.

El segundo eje es fortalecer la capacitación sobre los mecanismos de control y participación a través de escuelas de formación.

Una vez que esos ejes se ejecuten, añade, se podrá impulsar el tercero: la lucha contra la corrupción. (I)