Por encima de los cuestionamientos a la concentración de poder y la pugna de las fuerzas políticas por controlarlo, el referéndum que se votó el 5 de febrero fue el tercer intento fallido en los últimos cinco años por eliminar de la estructura del Estado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) o quitarle su atribución de elegir a las autoridades de control.

Tras la aprobación de la Constitución en el 2008 han transcurrido catorce años del funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana, que tiene doce atribuciones, entre ellas, el de promover la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción y la elección de 40 autoridades de trece instituciones de control del Estado y otras que emanan de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional.

Es sobre esta última atribución que el Consejo ha sido cuestionado tanto por la cercanía de las autoridades electas con los gobiernos de turno; o porque algunos de ellos terminaron procesados por hechos de corrupción; o, por las pugnas entre partidos y movimientos políticos que desde la Asamblea Nacional intentarían controlar los procesos de designación a través de los consejeros.

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Como ejemplos, el exfiscal de la Nación Galo Chiriboga electo por el CPCCS en el 2011 fue ministro y embajador del gobierno del expresidente Rafael Correa; o, el exsuperintendente de Bancos, también de ese régimen, Pedro Solines que en los últimos comicios fue electo alcalde de Milagro (Guayas) por el movimiento correísta, Revolución Ciudadana.

Galo Chiriboga (i) sirvió como ministro de Minas del gobierno de Rafael Correa y luego fue electo fiscal general del Estado.

Así también, entre el 2011 y 2017, el CPCCS que funcionó en el mandato de Correa, eligió por dos ocasiones a Carlos Pólit como titular de la Contraloría con puntajes de casi 100/100 y luego se conoció de su participación en actos de corrupción, por lo que fue sentenciado por concusión en el polémico caso Odebrecht. Aunque, está radicado en Miami (Estados Unidos) desde el 2017.

Mientras, en el Parlamento los bloques del correísmo Unión por la Esperanza (UNES), del Partido Social Cristiano (PSC) junto a otros asambleístas independientes impulsaron en noviembre del 2022 un juicio político que terminó con la destitución y censura de cuatro exconsejeros, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, en el marco de la organización del concurso de elección del contralor.

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Los otros tres, Sofía Almeida, sobrina del legislador del PSC Luis Almeida; Javier Dávalos, cercano a las filas del correísmo; y, David Rosero, respaldado por esas fuerzas, no fueron incluidos en ese enjuiciamiento.

Las bancadas de Pachakutik (PK) y del oficialismo, en la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) se opusieron a esa interpelación al denunciar la existencia de intereses por controlar los concursos de designación de autoridades, esencialmente el del titular de la Contraloría.

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En esa esfera han sido varias las iniciativas que se han planteado ante la Corte Constitucional con el propósito de eliminar el organismo o quitarle la atribución de elegir a las autoridades. Sin embargo, no fue hasta que Rafael Correa concluyó su periodo presidencial que se concretaron tres acciones, cuyos resultados fueron negativos para quienes las proponían.

En los registros de la Corte hay al menos nueve pedidos de dictamen para convocar a referéndums relacionados con el CPCCS. En seis de ellas se les negó los pedidos porque alteraban la estructura del Estado, afectaban derechos y garantías o porque las preguntas o considerandos tenían errores de fondo y de forma. Solo en tres solicitudes hubo dictámenes favorables.

Es el caso de la propuesta del Comité por la Institucionalización Democrática, que presidió el exvocal del CPCCS transitorio Pablo Dávila; también, la enmienda constitucional que impulsó la Asamblea Nacional en el periodo de César Litardo; y, el último referéndum que planteó el presidente Guillermo Lasso.

Ninguno de ellos logró concretar sus objetivos.

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Al culminar Rafael Correa su tercer mandato consecutivo, lo sucedió su excoideario Lenín Moreno, quien llevó a cabo una consulta popular en el 2018 que se aprobó en las urnas, pero no contempló eliminar el CPCCS o quitarle sus atribuciones.

Al contrario, se instaló un Consejo de Participación Ciudadana de transición que evaluó a las 49 autoridades electas por sus antecesores, entre ellas, nueve jueces de la Corte Constitucional, a quienes los destituyó, con ciertas excepciones, como a dos exjueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y al extitular de la Contraloría, Pablo Celi -quien subrogó a Carlos Pólit en el cargo- y que fue sentenciado el 10 de febrero de 2023 a trece años de prisión como autor directo del delito de delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres.

Como resultado de esa consulta también se cambió el mecanismo de selección de los siete consejeros del CPCCS, para que no provengan de concursos públicos que los realizaba el Consejo Nacional Electoral (CNE), sino que se elijan por el voto popular.

Al concluir un año de funciones del Consejo transitorio, que lo presidió Julio César Trujillo, se conformó el Comité por la Institucionalización Democrática que impulsó una propuesta de reforma parcial a la Constitución para eliminar al organismo y que sus facultades de designación de autoridades pasen a la Función Legislativa.

La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable y el colectivo recogió más de 300.000 firmas ciudadanas que fueron calificadas por el CNE para convocar a un referéndum.

Empero, la Constitución determina que la iniciativa de reforma parcial requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional en dos debates. Fue así que, en marzo del 2021, cuando se sustanció ese trámite, no alcanzaron los votos para su aprobación, por lo que la iniciativa murió, con la decisión de la CC de archivar el caso al determinar que se cumplieron los procedimientos.

Los miembros del Comité por la Institucionalización Democrática impulsaron una reforma parcial a la Constitución para eliminar el CPCCS que fue detenida en la Asamblea Nacional

Meses antes de este suceso, la Legislatura del penúltimo periodo trató en enero del 2021 una propuesta de enmienda al artículo 120 de la Constitución para retomar su atribución de designar a autoridades, pero tampoco se aprobó por la falta de votos.

Tanto la reforma parcial, como la enmienda tuvieron el voto mayoritario de las bancadas afines a Rafael Correa para impedir que estas propuestas puedan efectuarse.

Una de las ofertas de campaña de Guillermo Lasso para llegar a la Presidencia de la República fue promover un referéndum para eliminar al Consejo.

Pero al llegar a Carondelet constató las limitantes legales que revirtieron esa posibilidad: la Corte, en varios de sus fallos, precisó que los mecanismos para eliminar el CPCCS era una reforma parcial o una asamblea constituyente.

Lasso optó por la enmienda constitucional y esquivar el trámite legislativo, por lo que solicitó a la Corte que califique la constitucionalidad de ocho preguntas, en las que la número 5 proponía quitarle al CPCCS su facultad de elegir autoridades y que pase a la legislatura con la intermediación de comisiones técnicas; y, la pregunta 6, que buscaba cambiar la forma de elegir a sus siete consejeros, para que lo haga también la Asamblea.

Los jueces dieron luz verde a la propuesta y con resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral, la voluntad popular dijo No a estas preguntas que expresan una ventaja del 60 % frente al Sí que bordea el 40 %. Con ello, el CPCCS conservará su atribución de elegir autoridades y sus consejeros seguirán siendo electos por voto popular.

En septiembre del 2022, el exministro de Gobierno, Francisco Jiménez (i), de Defensa, Luis Lara, y el exministro del Interior, Patricio Carrillo acudieron a la Corte Constitucional para entregar la propuesta de referéndum. Foto: Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: El Universo

Asimismo, según los resultados iniciales de los comicios del 5 de febrero, el pleno del CPCCS se integraría por tres actores afines a Correa y que fueron promocionados en la campaña electoral por su movimiento Revolución Ciudadana: Alembert Vera (abogado de Correa en el caso El Universo); Augusto Verduga, abogado y parte de un medio digital alineado con las tesis políticas de Rafael Correa.

Yadira Saltos, activa integrante de esas filas, que trabajó con el exvicepresidente Jorge Glas, a quien suele expresar su solidaridad en las redes sociales por la sentencia que cumple por hechos de corrupción, entre ellos, el caso Sobornos 2012-2016.

Hay otros candidatos como Andrés Fantoni, Nicole Bonifaz y Mishelle Calvache, que alcanzarían los votos para ser electos y, que fueron promovidos en ‘pollas’ que difundían los miembros del PSC en sus redes sociales.

Con esos fundamentos, el analista político y exvocal electoral Carlos Aguinaga refiere que sobre el CPCCS “existe un control político externo desde las élites políticas que hace que sus integrantes no tengan autonomía para tomar decisiones, sino que responden a sus patrocinadores”.

En esa línea, cree que el referéndum perdió porque se “politizó entre el respaldo y el rechazo al gobierno de Guillermo Lasso, cayendo en un engaño”, pues quienes estaban interesados en que no haya cambios a esa institución, observarían que es “más fácil controlar a siete personas” que a 137 legisladores.

“Aquí hay una estrategia política para tomarse esta institución, pero también hay una dejadez y desinterés ciudadano. No hay conciencia y madurez democrática, no han querido ver las consecuencias de lo que se viene”, opinó Aguinaga.

Esto debido a que entre las 40 autoridades que elige el CPCCS están en ciernes los concursos públicos para elegir a los titulares de la Contraloría, de la Defensoría Pública, de la Defensoría del Pueblo; la renovación de dos vocales del Consejo Electoral y de dos jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE); así como a funcionarios de otras cuatro entidades estatales.

Y, en todos estos casos, las autoridades en funciones llevan prorrogadas entre cuatro y dos años, debido a la falta de conclusión de esos procesos de selección que se hacen mediante comisiones ciudadanas de selección.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene su sede en Quito y cuenta con alrededor de 400 funcionarios. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

Para el analista y catedrático Esteban Ron el referéndum pudo ser la “oportunidad” para cambiar el esquema de designación de autoridades y así “reinstitucionalizar, al menos, al Consejo y a la Función Legislativa”.

No obstante, este voto de “arrastre” por el No al referéndum se expresa como un síntoma de rechazo a un proyecto propuesto por la administración de Guillermo Lasso, a lo que se sumó que la pregunta 5 incorporó un régimen de transición en que las autoridades que no fueron electas por el CPCCS se quedarían prorrogadas hasta que la Asamblea desarrolle los nuevos procesos.

“Esto deslegitimó la alternabilidad dentro de la estructura del país y deja ver que las prioridades ciudadanas son otras: atención a la inseguridad, desempleo, salud, educación. La agenda pública no va por ese lado, ni la agenda de gobernanza y es por eso que hubo un voto negativo”, manifestó Ron.

Actualmente, el CPCCS está presidido por siete consejeros que no fueron electos en los comicios del 2019, porque no alcanzaron el mayor número de votos.

Por efecto de los juicios políticos que enfrentó el último pleno del CPCCS en los que se destituyó a cinco exautoridades entre el 2019 y 2021, asumieron sus suplentes; y, luego que la Corte Constitucional destituyó en enero del 2023 a los últimos siete consejeros por no elegir al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura, la Asamblea Nacional posesionó a aquellos que quedaron en la lista oficial de resultados del CNE y son: Carlos Figueroa, Aland Molestina, Mónica Moreira, Graciela Mora, Teddy Tama, Gina Aguilar y Olindo Nastacuaz.

Ellos estarán en funciones hasta el 14 de mayo próximo, unos tres meses hasta que sean posesionados sus sucesores electos en la jornada del 5 de febrero. (I)