El pleno de la Asamblea Nacional tendrá que resolver si archiva o inicia el juicio político a los tres vocales del Consejo de la Judicatura luego de que la Comisión de Fiscalización no logró los cinco votos para aprobar la recomendación de archivar la solicitud de interpelación planteada por la legisladora, Viviana Veloz, del bloque Unión por la Esperanza (UNES).

El informe presentado por el presidente de la mesa de Fiscalización, Fernando Villavicencio, recomendó archivar el proceso porque la asambleísta Viviana Veloz, no demostró a través de la práctica de pruebas que María del Carmen Maldonado, en su calidad de ex presidenta del Consejo de la Judicatura y Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Morrillo, vocales del organismo, hayan incurrido en incumplimiento de funciones.

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Tras la lectura de las conclusiones y recomendaciones del proceso, se abrió el debate y el primero en intervenir en el debate fue el legislador del Azuay, Bruno Segovia (ex PK), quien dijo que en el juicio se juega el futuro del país, que coincide en el informe cuando se afirma que todos los gobiernos han metido la mano en la justicia, pero que hay que decir que lo de antes estuvo mal, pero también lo de ahora. Que en el informe presentado casi se hace una oda al Consejo de la Judicatura.

Que en este proceso lo que está en juego es la disputa política de quien controla la justicia y pone los jueces. Señaló que no tiene ese interés y que no está en ese juego; que está convencido que hay causales para el juicio, pero que también es impresentable quien pretende presidir la judicatura que tiene una trayectoria política. Con mi voto no cuenten y abandonó la sesión.

Villavicencio defendió el informe que dijo fue elaborado por un equipo técnico y que si no están de acuerdo no voten, y se presentará un informe de posiciones y decidirá el pleno de la Asamblea.

El legislador Pedro Velasco (BAN), reclamó que si bien el informe fue elaborado por el equipo técnico de la comisión, pero que era necesario que se recoja el criterio de los integrantes de la mesa.

Fernando Villavicencio (CN-PSE), cuestionó la postura asumida por Velasco al señalar que no hay prueba para identificar a jueces y conjueces que no pudieron sacar 800/100 en el proceso de evaluación y cometieron atrocidades judiciales.

Dijo que hay una sentencia de la Corte Constitucional que establece que haber enjuiciado y sentenciado al ex legislador, Kléber Jiménez, sin levantar la inmunidad parlamentaria y haber desacatado un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue una atrocidad inconstitucional e ilegal, y aseguró que esos jueces hicieron lo mismo con él, “a mi sobran razones y no necesito un fallo judicial, porque tengo en el corazón, en el estómago y en la cabeza lo que pasó con mi familia”.

Desde el correísmo, el asambleísta Roberto Cuero, manifestó que no es un tema menor el hablar de un juicio político al Consejo de la Judicatura, pero que lamentablemente se repiten situaciones personales. Planteó al presidente de la mesa mirar hacia delante y no por el retrovisor en ese proceso de interpelación. “No podemos en un informe plasmar posiciones personales de hace años, de lo que se trata es definir si hay o no incumplimiento de funciones”, anotó.

Dijo que en el informe presentado para archivar la solicitud de juicio se está extralimitando funciones a la Asamblea Nacional al recomendar capacitaciones a los jueces. Que el informe contiene una serie de imprecisiones.

Votación

Tras el llamado a votación sobre el contenido del informe elaborado por el equipo técnico se registró cuatro votos en contra del informe que provinieron de los asambleístas de UNES: Comps Córdova, Gabriela Molina y Roberto Cuero, y el socialcristiano, Pablo Muentes, legislador alterno de Soledad Diab.

A favor del informe se pronunciaron los asambleístas: Fernando Villavicencio (CN-PSE), Marco Troya (BAN) y Ana Belén Cordero (CREO-BAN). Se abstuvo Pedro Velasco (BAN), porque dijo que tiene conflicto de intereses.

Procedimiento

Según la ley orgánica de la Función Legislativa, cuando no se aprueba el informe el Presidente de la Comisión, en el plazo de dos días, presentará al Presidente de la Asamblea, las actas de votación correspondientes y un informe que detallará las posiciones de los asambleístas miembros de la Comisión para que sea el pleno el que resuelva ya sea el archivo o el juicio político. Con ello, la comisión tiene hasta el miércoles 24 de agosto.

La Secretaría General del Parlamento, tiene 2 días para notificar a los funcionarios objeto del juicio y difundir a los 137 asambleístas el expediente; es decir, hasta el 26 de agosto.

Luego el presidente de la legislatura tiene cinco días plazo para convocar al pleno para conocer el informe de posiciones; es decir, hasta el 31 de agosto, puede hacerlo antes.

En la sesión convocada, el pleno por mayoría simple (mitad más uno de los presentes) puede archivar o recomendar el juicio.

Si se recomienda el juicio, el Presidente de la Asamblea dentro de los siguientes cinco días debe incluir el tema del juicio político en el orden del día; es decir, hasta el 5 de septiembre, como fecha máxima. (I)