Los miembros de las juntas receptoras del voto (MJRV) recibirán un pago de $ 40 por el trabajo que desempeñarán el 5 de febrero del 2023, cuando se realicen las elecciones de autoridades seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), así como la consulta popular impulsada por el presidente Guillermo Lasso.

Así lo resolvió esta mañana el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) en una sesión extraordinaria convocada para aprobar el plan operativo, el presupuesto y otros detalles del referéndum.

A los MJRV les corresponde receptar el sufragio de la ciudadanía y luego contar los votos. El vicepresidente del organismo electoral, Enrique Pita, señaló que, por la cantidad de papeletas que manejarán, estos harán un gran esfuerzo, por lo que merecen ser retribuidos con este monto. Originalmente se preveía pagarles $ 20.

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Otros beneficios que tendrán los vocales de las juntas son un día libre luego de los comicios, para los empleados de entidades públicas y empresas, y el reconocimiento de horas de vinculación con la comunidad en el caso de los estudiantes universitarios.

Pita indicó que el CNE ha analizado la posibilidad de hacer gestiones con el Ministerio del Trabajo para que el día de asueto alcance a toda la ciudadanía y no solo a los MJRV.

Incluyendo la de la consulta, los votantes recibirían entre cuatro y nueve papeletas, según la jurisdicción a la que pertenecen (exterior, urbana y rural). La parroquia Sevilla Don Bosco, en Morona Santiago, es el lugar en donde más papeletas se entregarán pues aparte de aquellas para las autoridades seccionales, para el CPCCS y para el referéndum, se les consultará sobre si desean convertirse en cantón.

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El pleno del CNE aprobó, entre otras cosas, el diseño de la papeleta que se usará en la consulta popular. Las ocho preguntas —con sus respectivos anexos— constarán en una sola boleta de tamaño A3, que tendrá los mismos niveles de seguridad que las otras de las seccionales y del CPCCS.

El consejero Pita informó que cada pregunta tendrá su propia acta de escrutinio, y que los MJRV recibirán capacitación en el manejo de papeletas tanto de las autoridades como de la consulta.

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El pleno aprobó, además, un presupuesto de $ 18′081.698 para costear el referéndum. El límite de gasto electoral para los grupos que promuevan el sí o el no será de $ 5′380.000: 50 % para cada opción.

Mientras que el fondo de promoción electoral -que es el que paga el Estado- será de $ 403.501,41, y equivale al 15 % del límite de gasto electoral. Este dinero se reparte en forma equitativa entre los sujetos políticos que se inscriban para hacer campaña por alguna de las alternativas.

Las ocho preguntas planteadas por el Ejecutivo se refieren a la extradición de ecuatorianos relacionados con el crimen organizado, la creación de un Consejo Fiscal que evalúe y designe fiscales, la reducción del número de asambleístas, el aumento de firmas para conformar partidos políticos, la designación de autoridades de control por parte de la Asamblea Nacional, la forma de elegir al CPCCS, la entrega de compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales y la incorporación de un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.