Por lavado de activos la Fiscalía investiga al vocal de la Judicatura, Xavier Muñoz; el funcionario asegura que son falsas las imputaciones

Que la investigación previa que existe en su contra por el delito de lavado de activos tiene el propósito claro de intimidar a la Función Judicial y sus máximas autoridades, es la explicación que tiene el vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Xavier Muñoz, para los allanamientos realizados por la Fiscalía en Quito y Guayaquil, la noche del miércoles 17 de mayo último.

Según la información entregada por la Fiscalía, agentes policiales y fiscales intervinieron de manera simultánea en tres inmuebles ubicados en la capital y en dos en Guayaquil. En esos cinco lugares se habrían recogido indicios para las correspondientes pericias. Celulares, cajas fuertes, documentos y dinero en efectivo se habrían recuperado en los allanamientos.

A dos vocales de la Judicatura y un juez de Pichincha la Fiscalía les formulará cargos por tráfico de influencias, el próximo 4 de mayo

Muñoz, mediante un comunicado, señaló que se está atacando a los personeros de la Función Judicial con “falsas e infundadas imputaciones de delitos graves”. Aunque reconoció que estas acciones afectan la confianza e imagen de la institución, por otro lado cree que los fortalece, porque se ratificaría que están ejerciendo un control adecuado  que incomoda a grupos de poder.

“Resulta evidente que esta campaña de desprestigio y ataques sistemáticos, ha rebasado los límites de la tolerancia y coherencia jurídica. Las actuaciones realizadas en mi contra carecen de todo fundamento fáctico y legal. Su propósito es beneficiar intereses particulares ilegítimos, que solo ahondan la grave crisis político-institucional que vive el país”, sostiene el vocal Muñoz.

En la Judicatura Xavier Muñoz es vocal desde abril de 2021, en representación de la Función Ejecutiva. Fue el entonces presidente Lenín Moreno quien los postuló como su delegado, pero el actual primer mandatario, Guillermo Lasso, le pidió que renuncie ante supuestas actuaciones “poco éticas”.

Muñoz asegura que ha reportado todos sus ingresos y que los mismos son lícitos. “Se intenta hacerme una campaña de persecución política”, añadió.

El pasado viernes 12 de mayo se dio un allanamiento en el edificio matriz del Consejo de la Judicatura, en Quito. A decir de la Fiscalía, la acción estaba enmarcada dentro de una investigación previa de un delito de obstrucción de la justicia, relacionada con casos considerados de conmoción.

En esta causa también está siendo investigado Muñoz, involucraría a otros dos vocales del CJ, al secretario general y al subdirector de control disciplinario de la Judicatura. La suspensión administrativa por tres meses del juez nacional Walter Macías, quien llevaba varias causas que incluyen a funcionarios y exfuncionarios públicos, originó el allanamiento por el delito de obstrucción de la justicia.

“La Fiscal General del Estado tendrá que probar sus acusaciones, o en su defecto, pedir una disculpa pública al país. Soy vocal del CJ desde el 17 de abril de 2021 y no se puede confundir a la ciudadanía afirmando que durante el ejercicio de mi cargo haya realizado actuaciones reñidas con la legalidad, mismas que no son precisadas”, refirió Muñoz en su comunicado.

Por el delito de tráfico de influencias aún sigue pendiente una formulación de cargos contra los vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo. Esta diligencia hasta el momento no se ha concretado, pese a que hace más de tres semanas la fiscal Diana Salazar solicitó fecha y hora para la audiencia en la Corte Nacional. (I)