La denuncia sobre la presunta corrupción en las empresas públicas que involucrarían a Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, llevarán al oficialismo a denunciar ante el Comité de Ética al legislador Ronny Aleaga, de las filas del correísmo, quien también es nombrado en la filtración de audios en la que participaría Leonardo Cortázar.

El medio digital La Posta publicó que Danilo Carrera Drouet, familiar del primer mandatario, encabezaría una estructura de corrupción en las empresas públicas, con la participación de Leonardo Cortázar, quien tendría vínculos con altos funcionarios para la gestión de contratos en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). Este caso está en investigación en la Fiscalía General del Estado y en la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Justicia, aunque se habla de integrar una comisión ocasional multipartidista.

Comisión de Justicia dividirá en tres fases la fiscalización del caso de presunta corrupción en empresas públicas

A nivel legislativo, al momento el Frente Parlamentario Anticorrupción prepara un oficio al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, para solicitar que se deje sin efecto la condecoración Vicente Rocafuerte, gestionada por el legislador Ronny Aleaga, a favor del marino Jorge León, quien fue capturado por la Policía Nacional cuando daba protección al líder de la banda Los Choneros, Júnior Roldán.

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Precisamente, esa gestión realizada por Aleaga en julio de 2021 llevará al bloque oficialista a presentar una denuncia en contra del legislador correísta. Esa disposición la habría dado el primer mandatario en una de las últimas reuniones con asambleístas. Se consultó a la legisladora Blanca Sacancela (BAN), quien señaló que se analiza el caso y que en las próximas horas se pronunciarán.

Otra de las disposiciones presidenciales, según publicó el legislador nacional Fernando Villavicencio, fue retirar la protección policial al asambleísta Aleaga, quien posee acusaciones de mantener vínculos con personajes relacionados con estructuras delictivas, señala el texto publicado en redes sociales.

Se pidió una versión al legislador de UNES sobre el retiro de la protección policial y por ser nombrado dentro de un audio presuntamente de Leonardo Cortázar, pero no hubo respuesta. Pero a través de su cuenta de Twitter negó “lo dicho por un presuntuoso como Cortázar, algo no cuadra; si antes era narco, no necesitaría financiamiento, pero ahora recibo financiamiento y soy operador de un grupo criminal”. “Este montaje en mi contra deberá ser demostrado con pruebas y ante autoridad competente”, señaló.

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Fiscalización

La posibilidad de integrar una comisión ocasional multipartidista para que investigue el presunto caso de corrupción en las empresas públicas continúa vigente, pues los correístas consideran que debe ser una comisión externa, de las quince que tiene el Parlamento.

Aunque la Comisión de Justicia según su presidente, Alejandro Jaramillo (ID), continúa con el proceso de investigación y dijo que se debe respetar lo que determina el numeral 3 del artículo 26 de la ley orgánica de la Función Legislativa, donde se establece que una vez que una comisión especializada permanente haya conocido procesos de fiscalización, automáticamente el resto de comisiones ya no podrán conocer ni realizar ningún proceso de fiscalización.

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Jaramillo apeló a los bloques legislativos a respetar el ordenamiento jurídico y señaló que el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, debe hacer respetar la ley. Esa mesa legislativa notificó este 12 de enero a la presidencia del Parlamento, que inició el proceso de fiscalización sobre este caso.

El legislador de la ID anunció que insistirán en la comparecencia de algunos funcionarios y exfuncionarios que se excusaron de asistir el pasado miércoles 11 de enero; pero que se volverá a invitar a Danilo Carrera, familiar del presidente Guillermo Lasso, y Rubén Chérrez, para que se aclaren estos presuntos actos de corrupción que se venían dando en los últimos tres gobiernos. Si bien estas personas no son objeto de fiscalización por parte de la Asamblea, se insistirá en su presencia.

La mesa de Justicia pidió información a las diferentes empresas públicas mencionadas como CNEL de la provincia de El Oro, donde dijo existen varios procesos de contratación en los que existe la participación de las mismas empresas jurídicas y en los mismos procesos, lo cual son actos de corrupción. Posterior a ello, se elaborará un informe para conocimiento del pleno. (I)