No es lo mismo que Estados Unidos retire el visado a una persona que la declare como “no elegible” para ingresar al territorio de ese país. Ambas son decisiones soberanas del Gobierno estadounidense, pero la primera puede tener diferentes motivaciones y usualmente se toman a nivel consular, mientras que la segunda tiene origen en una investigación más profunda relacionada con temas de corrupción e incluso crimen organizado y salen desde el Departamento de Estado, con sede en Washington.

La segunda figura se le aplicó al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y a parte de su familia. Y significa que no pueden ingresar al país por un tiempo indefinido; es decir, puede ser de por vida.

Este 9 de marzo, el Gobierno de Estados Unidos señaló en un comunicado suscrito por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, que esta decisión se tomó por “su participación en actos significativos de corrupción, incluida la apropiación indebida de fondos públicos, la aceptación de sobornos y la interferencia en los procesos públicos”.

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“Durante su mandato como presidente de Ecuador, Bucaram se involucró en múltiples actos de corrupción, que incluyen aceptar sobornos y malversar fondos públicos. Bucaram todavía no ha rendido cuentas por su traición a la confianza pública”, agregó el funcionario.

La acción se realizó con base en la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2021 del Departamento de Estado, tal como se recoge en la Ley de Asignaciones Continuas de 2022, que se aplica a las personas con participación directa o indirecta en actos de significativa corrupción o violaciones a los derechos humanos.

La medida alcanza al expresidente, su esposa, María Rosa Pulley, y a sus hijos varones: Jacobo, Abdalá (Dalo) y Michel Bucaram Pulley. Su hija Linda Bucaram Pulley, que reside en Miami desde hace varios, no resultó afectada. Bucaram ha dicho públicamente que tiene otros siete hijos, pero no fueron mencionados por el Departamento de Estado.

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En otro comunicado, el embajador estadounidense, Mike Fitzpatrick, dijo que existía “evidencia creíble de actos significativos de corrupción cometidos” por Bucaram. “Esta decisión del Gobierno de Estados Unidos demuestra que nadie, por más alto rango que sea o haya sido, debe estar por encima de la ley”, señaló.

El abogado de la familia Bucaram, Alfredo Arboleda, comentó a este Diario que ya conocían de esta decisión de Estados Unidos y que entendían que son soberanos para tomarla. Pero lo que no admiten es que con ella se intente interferir en la Función Judicial del país.

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A Arboleda le extrañó que se haga público este tema cuando están por realizarse algunas diligencias dentro del proceso penal que se le sigue desde el 2020 al exmandatario y a su hijo Jacobo por supuesta delincuencia organizada. “No queremos pensar que con esta decisión se quiere presionar a la justicia”, indicó.

Bucaram fue defenestrado en 1997. Luego de partir hacia Panamá, donde se autoexilió, se le abrieron procesos penales por peculado en los casos de la Mochila Escolar y Gastos Reservados, que prescribieron en el 2017.

En la pandemia, se abrieron cuatro procesos penales en contra del expresidente y sus tres hijos.

Dos por delincuencia organizada, uno en Quito y otro en Guayaquil. En el primero están procesados Abdalá padre y Jacobo; inicialmente fueron sobreseídos, pero esto fue revocado y se espera la audiencia de juicio para estos días. En el segundo se procesó a Jacobo, Dalo y Michel, pero los dos últimos fueron sobreseídos.

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Uno por tráfico de bienes culturales, en el que el expresidente y Jacobo fueron sobreseídos. Y otro por tráfico de armas, en el cual se espera la sentencia del tribunal.

Arboleda expuso que con los comunicados Estados Unidos prácticamente está declarando a Bucaram y sus hijos como culpables de corrupción, cuando no existe ninguna sentencia ejecutoriada en contra de ellos.

Pero opinó que de cierta forma les dan la razón en cuanto a su inocencia en los procesos penales recientes, porque no se refieren a estos, sino a hechos que presuntamente se habrían cometido en el gobierno de Bucaram en 1996, que no han sido demostrados.

El propio Bucaram, en su cuenta de la red social Twitter, expresó su sorpresa por la decisión de Estados Unidos. “¿Luego de 26 años se acuerdan de que soy corrupto?, fustigó, y recordó que durante 26 años ha viajado a ese país para someterse a tratamientos cardíacos y que incluso mantuvo una relación cordial con los embajadores de ese país en Ecuador.

Y, de hecho, indicó que espera volver a ese país en septiembre próximo, pues debe cambiar la pila de su marcapasos. Su abogado señaló que si no lo puede hacer allá, buscarán otras opciones, como Europa, donde la medicina está muy avanzada. (I)