El Consejo Nacional Electoral (CNE) definió la metodología que se aplicará para desarrollar los 38 debates electorales en los que participarán los candidatos a prefectos y alcaldes de 17 provincias en las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023, cuya intervención se definirá mediante sorteos públicos que estarán a cargo de las juntas provinciales electorales.

Esta metodología consta en las reformas al reglamento de debates electorales que aprobó el pleno del Consejo Electoral en una plenaria de este 25 de octubre, con tres votos a favor de José Cabrera, Enrique Pita y Diana Atamaint. La consejera Elena Nájera se abstuvo y Esthela Acero no asistió.

El Código de la Democracia manda en el artículo 202.2 la realización de debates electorales para las elecciones generales y para las seccionales.

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Organizar 38 debates para los candidatos a prefectos y alcaldes tiene complicado al Consejo Nacional Electoral

Determina que tres semanas antes del día señalado para cada elección, se realizarán estos eventos y en el caso de las elecciones de prefectos y alcaldes serán las juntas electorales provinciales las que los organizarán en aquellas jurisdicciones que cuenten con más de 100.000 electores.

De esta forma, según el Consejo Electoral son 17 provincias en las que deben ejecutarse estas disertaciones políticas: 17 para las candidaturas a prefectos y 21 para los postulantes a las alcaldías.

Para las prefecturas se realizarán en: Esmeraldas, Carchi, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Azuay, Cañar, El Oro, Loja, Guayas, Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, Cotopaxi, Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha.

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A nivel de las alcaldías en los cantones: Esmeraldas, Esmeraldas; Portoviejo, Manta y Chone en Manabí; en Santa Elena, Santa Elena; Babahoyo y Quevedo en Los Ríos; Cuenca en Azuay; Machala en El Oro; Loja en Loja; Guayaquil, Milagro, Daule y Durán en Guayas.

En Riobamba, Chimborazo; en Ambato, Tungurahua; en Latacunga, Cotopaxi; Ibarra y Otavalo en Imbabura; Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsáchilas; y en Quito, Pichincha.

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Para viabilizarlos, el Consejo conformará un denominado Comité Nacional de Debates Electorales que tendrá cinco atribuciones. Entre las principales, asesorar en la metodología para la selección de los temas de interés de la ciudadanía en la construcción de la agenda, así como elaborar las preguntas que se harán a los candidatos.

Al ser esta una elección seccional, el Comité requerirá a los directores electorales provinciales los perfiles profesionales de quiénes serán los moderadores de los debates.

Estos actores deberán acreditar requisitos como haber obtenido su título en el área de comunicación cinco años antes de efectuarse los debates y acreditar experiencia y trayectoria de al menos cuatro años de ejercicio profesional.

El reglamento estableció que serán las juntas provinciales electorales las que se encargarán de realizar un sorteo con notario público para definir la ubicación en el escenario, el orden gráfico y la participación de los candidatos.

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Los debates se sujetarán a las particularidades de cada localidad, por lo que el número de tópicos a tratarse dependerá de las candidaturas que se encuentren calificadas y en firme. Estos no deberán exceder de las tres horas de duración.

Para ello, este espacio se dividirá en dos bloques de una hora y media de duración cada uno y cuando existan más de ocho candidatos calificados, recoge el reglamento.

Para precisar el orden de los debates para cada dignidad (alcaldes y prefectos) se hará también un sorteo público quince días antes de la fecha establecida.

En concordancia con ello, el CNE decidió que estos se efectúen los fines de semana del 7 y 8 de enero y el 14 y 15 de enero, por lo que debe determinarse en cuáles de esas fechas se realizará el de los candidatos a las alcaldías y el de las prefecturas.

El Consejo Electoral transmitirá estos sucesos y se suspenderá la publicidad gubernamental en los servicios de comunicación audiovisual.

El organismo electoral ha fijado una asignación de más de $ 841.000 para realizar estos debates, que se dividieron para cada provincia.

La consejera Elena Nájera criticó a sus coidearios por dar paso a este presupuesto que no tendría sustento técnico y entregar a los directores provinciales la responsabilidad en el manejo de los recursos.

“Cómo pueden defender un presupuesto que no cuenta con proformas, ni sustento técnico alguno que justifique las inconsistencias y abismales diferencias en los montos para una y otra provincia. ¿Acaso es el mismo presupuesto que destina casi el 50 % del monto total a una sola provincia, en clara diferencia con otras donde también se realizarán estos eventos e incluso tienen similar número de electores y de debates a ejecutarse?”, regañó Nájera en la sesión del martes último.

También criticó la probidad de algunos directores de las delegaciones provinciales por supuestos “serios indicios de falta de independencia y posibles conflictos de intereses con ciertas organizaciones políticas”, a los que a su vez el reglamento les da la potestad de presentar perfiles para los moderadores.

Los 38 debates electorales se realizarán en dos fines de semana de enero del 2023

“¿No hay el riesgo de generar relaciones clientelares entre los directores y los propietarios o periodistas de medios locales? ¿No hay acaso gremios de periodistas, sociedad civil y universidades que puedan sugerir a los moderadores?”, añadió.

El vicepresidente Enrique Pita reconoció que esta será una experiencia nueva para el CNE en la que podrían cometerse errores que podrán ir enmendando, pero el “objetivo es cumplir la ley y en ese sentido, nadie puede poner en duda la transparencia de los directores provinciales”, respondió a los señalamientos de Nájera, aunque no refirió su nombre.

“No tenemos un precedente de cómo hacer estos debates, pero el trabajo en equipo será imprescindible. Es fácil tirar piedras a los vidrios de la institución, es fácil desprestigiar y sembrar la desconfianza, pero yo seguiré trabajando con toda la dignidad, esfuerzo y carácter. No me intimidan o amedrentan las amenazas, e insinuaciones de que pertenezco a organizaciones políticas, pues nunca he tomado una decisión subordinada a alguien. Jamás me prestaría para ir a tocar las puertas del Gobierno y decir: ‘aquí estoy yo, utilícenme’. Jamás haría una barbaridad como esa. Las cosas se hacen bien aportando, poniéndose la camiseta. No estamos para intimidarnos o para sentirnos amedrentados”, subrayó durante su exposición.

El consejero José Cabrera resaltó que las observaciones planteadas por las consejerías hayan sido consideradas para elaborar estas reformas que permitirán “operativizar” los debates, dijo. ((I)