El próximo martes 1 de junio se instalará en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra la exasambleísta Karina Arteaga; su esposo, Jhon Arturo Álava; y Jenny Muñoz, colaboradora del despacho de la entonces asambleísta Arteaga. Todos son acusados del delito de concusión, debido al supuesto cobro de “diezmos” a varios colaboradores en la Asamblea Nacional.
Inicialmente a cargo del caso estaba el juez nacional David Jacho, pero debido a la renovación parcial que se dio en el interior de la Corte Nacional, en este momento la causa, por sorteo, quedó en manos del juez penal Walter Macías.
A inicios de enero pasado se dieron las vinculaciones de Álava y Muñoz al caso en el que Arteaga era la única procesada desde el 25 de septiembre de 2020. Sobre esta última pesaba la orden de arresto domiciliario y uso de grillete electrónico con vigilancia policial permanente; mientras que a Álava y Muñoz se les ordenó la presentación periódica cada quince días y la prohibición de salir del país.
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La teoría de Fiscalía señala que en este caso Arteaga habría exigido aportaciones indebidas a sus colaboradores en el Legislativo a través de terceros. Aparentemente, existirían indicios de que ella, en 2018, dijo a su personal que podía conseguir un empleo pero con un aporte de su remuneración mensual, y existirían depósitos hechos en la cuenta de Álava por aproximadamente $ 31.000.
El fiscal subrogante Wilson Toainga en la audiencia de vinculación explicó que existen elementos que indicarían que Álava y Muñoz habrían recibido transferencias realizadas por el personal del despacho de Arteaga, quien era asambleísta por Manabí.
El 21 de mayo de 2019, Verónica Pinargote, excolaboradora de Karina Arteaga, acudió a la Fiscalía a denunciar que Arteaga le exigió aportes mensuales que sumaron un total de $ 2.861 a cambio de mantenerla en su puesto de trabajo como asesora. Según Pinargote, el dinero exigido habría sido “depositado mensualmente en una cuenta bancaria a nombre del cónyuge de la entonces asambleísta, para cubrir una cuota por la adquisición de un vehículo y otros gastos personales”.
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La instrucción fiscal de 120 días se cerró a finales de enero pasado y cuatro meses después se define una fecha para la audiencia que se iniciará a las 09:00 en la Corte Nacional. (I)