Preocupación en abogados de los procesados en el caso Singue por la posible presión política que generaría el ‘habeas corpus’ otorgado a Jorge Glas

Que la salida de la cárcel del exvicepresidente Jorge Glas, debido a un habeas corpus concedido por el juez de Manglaralto, Diego Moscoso, genere una mayor carga política en el análisis del recurso de apelación interpuesto en la Corte Nacional contra la sentencia de primera instancia por peculado en el caso Singue es algo que preocupa a varios abogados de los procesados.

Luego de tres diferimientos anteriores, los jueces Luis Rivera, Felipe Córdova y Daniella Camacho pretenden el próximo 11 de mayo instalar la audiencia de apelación del proceso por el que se condenó por peculado a Glas; al exministro y al exviceministro de Hidrocarburos del correísmo, Wilson Pástor y Carlos Pareja Yannuzzelli, respectivamente; a César Guerra, gerente del consorcio al que se le entregó la operación del campo Singue; y a los exfuncionarios públicos de rango medio Aníbal Cazar, Gustavo Donoso y José Burgos.

‘Habeas corpus’ de Jorge Glas no elimina su obligación de pagar $ 8,2 millones al Estado por actos de corrupción; aún falta que se determine la reparación en el caso Singue

La defensa de Cazar, Burgos y el empresario Guerra, Paúl Ocaña, piensa que, si se analizan los argumentos legales en esta audiencia, a los siete se les debería ratificar el estado de inocencia; pero reconoce que el que se haya concedido un habeas corpus al exvicepresidente Glas, para generar su salida de la cárcel, complica el escenario judicial en el proceso.

Ocaña cree que, si hasta este momento el proceso penal había estado cargado de tintes políticos, teme mucho que todo eso aumente y que en la búsqueda de condenar en este caso a Jorge Glas no se actúe en derecho y se arrastre con él a otras personas.

Sebastián Espinosa, abogado del exviceministro Pareja Yannuzzelli, también ve que les puede afectar en el caso Singue la situación actual de Jorge Glas. Para él, de por sí en este caso ya existía una persecución política, debido a que, desde su perspectiva, no hay delito alguno, ni un perjuicio para el Estado ecuatoriano.

“El caso Singue ha sido un proceso que desde lo mediático ha tenido mucho espacio, pero desde la práctica jurídico-penal no tiene ninguna relevancia. Se ha demostrado en primera instancia que nunca existió perjuicio para Ecuador, y más bien vamos a demostrar en la apelación que el beneficio ahora es mucho mayor teniendo en cuenta la crisis que existe entre Rusia y Ucrania, lo que ha hecho que suba a niveles históricos el precio de nuestro petróleo”, anotó Espinosa.

Los abogados consultados esperan que Jorge Glas cumpla las nuevas medidas cautelares definidas luego del habeas corpus (presentación periódica y prohibición de salida del país), pues, de no hacerlo, la situación será aún más compleja.

El viernes último, la defensa de Carlos Pareja Yannuzzelli, también conocido como Capaya, recibió la negativa a un habeas corpus solicitado por un empeoramiento en las condiciones de salud del exfuncionario petrolero. A Espinosa este hecho le confirmaría aún más que hay un trato desigual y político para con su defendido.

Recurrir al ‘habeas corpus’ fue una constante en la defensa jurídica de Jorge Glas desde el 2017

La defensa de Pareja Yannuzzelli está a la espera de que se les notifique por escrito la negativa del habeas corpus. En apelación se solicitará que se declare la nulidad de todo lo actuado, para que así el caso vuelva a cero.

Para la Fiscalía, en la causa Singue el delito de peculado se cometió al adjudicar de forma irregular el contrato de exploración y explotación del campo marginal Singue, al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda. y a Gente Oil Development LLC (DGC). Según la acusación, en este caso se cometieron irregularidades, como el incumplimiento de requisitos legales.

El perjuicio al Estado se habría producido al fijar un precio de $ 33,5 por barril, cifra que, a decir de Fiscalía, no tomó en cuenta el 100 % de las reservas probadas de hidrocarburo para este campo petrolero.

En enero de 2021, con un voto de mayoría a Glas, Pastor, Pareja Yannuzzelli y César Guerra se los sentenció como coautores a ocho años de cárcel. Para la Fiscalía, todos ellos, como máximas autoridades en el sector petrolero, dispusieron arbitrariamente de recursos del Estado.

Mientras que los exfuncionarios públicos de rango medio Aníbal Cazar, Gustavo Donoso y José Burgos recibieron una condena de cuatro años de prisión como cómplices. Según la acusación, las acciones de Cazar, Donoso y Burgos coadyuvaron a la comisión del delito de peculado que fue juzgado. (I)