Presidente de la Corte Nacional envía nueva terna al Consejo de Participación para que se designe de ella al presidente de la Judicatura

En momentos en que la Asamblea Nacional mantiene un juicio político por un supuesto incumplimiento de funciones de dos vocales, el presidente temporal y la expresidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, envía nuevamente una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para que de ella se designe y nombre al presidente titular de la Judicatura.

Justamente hace tres meses, a mediados de mayo pasado, Saquicela retiró la terna encabezada por Alberto Ordóñez Aray, Paola Jarrín Aldaz y Andrés Valencia Arévalo. El retiro se lo hizo 83 días después de enviada la primera terna, asegurando que lo hacía para evitar que se “consume la arbitrariedad de archivar la terna y con ello una nueva forma de metida de las manos en la justicia del Ecuador”.

Esta vez, la lista que entregó el presidente de la Corte Nacional, mediante un escrito remitido al CPCCS el viernes 19 de agosto último, tiene como cabeza a Maritza Romero Estévez, seguida de Antonio Tello Sarmiento y Fabiola Gallardo Ramia.

Corte Nacional retira terna planteada al Consejo de Participación para escoger a su representante y al presidente del Consejo de la Judicatura

Saquicela ha indicado que no está de acuerdo con que la CNJ no tenga un delegado, ni principal ni suplente, y peor que el presidente del CJ no provenga de la terna que debe enviar la Corte Nacional, como lo exige la norma constitucional. El CJ debe estar conformado por cinco miembros titulares y sus suplentes, pero actualmente el CJ está conformado por Fausto Murillo, representante de la Asamblea y quien fue designado como presidente temporal; Juan José Morillo, de la Defensoría Pública; Maribel Barreno, de la Fiscalía General del Estado; y Javier Muñoz, del Ejecutivo.

“Debo hacer notar que este órgano no puede seguir siendo representado por un vocal que proviene de una fuente distinta a la Corte Nacional de Justicia, puesto que, el simple hecho de que no lo sea, vulnera ineludiblemente el principio de seguridad jurídica que consagra el marco constitucional del país”, explicó Saquicela en el documento enviado al presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, con copia a los vocales de ese organismo y también a Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea.

Paralelamente, Álvaro Román sostiene que debe ser titularizado como presidente del CJ, y desde mayo pasado ha dejado esa expectativa en manos de la Corte Constitucional (CC), instancia que admitió a trámite, el 10 de julio último, la acción extraordinaria de protección que presentó.

Retardo en el proceso de extradición del expresidente Rafael Correa genera la denuncia por supuesta negligencia manifiesta contra Iván Saquicela y su suspensión del cargo por 90 días

Román viene reclamando el cargo de presidente de la Judicatura desde el 2 de febrero pasado, cuando renunció a la presidencia del CJ María del Carmen Maldonado, de quien él era su vocal suplente. Desde ese momento, quien fue definido como vocal por el Consejo de Participación transitorio interpuso dos acciones de protección que le fueron negadas.

La acción constitucional va encaminada a reclamar la resolución a la que llegaron jueces de primer nivel y de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha para impedir su derecho a asumir la presidencia de la Judicatura. Román se ampara para hacer esta exigencia en una decisión adoptada por el CPCCS Transitorio, que lo designó como vocal suplente de la entonces presidenta Maldonado, pese a no haber sido parte de la terna proveniente de la CNJ.

En el documento enviado por Saquicela se solicita que, con el propósito de evitar una eventual acefalía en la que se podría ver envuelto el CJ, órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, ante la “posible destitución y censura” en la Asamblea de los vocales Ruth Barreno y Juan José Morillo y del presidente temporal Fausto Murillo, el proceso de selección del nuevo titular de la Judicatura no demande más allá de un plazo de quince días. (I)