Por el delito de divulgación de un documento reservado, la mañana de este miércoles el procurador general, Íñigo Salvador, denunció al asambleísta de UNES (Unión por la Esperanza) Ferdinan Álvarez. La denuncia fue presentada en la Fiscalía General del Estado, en el norte de Quito, debido al fuero de Corte Nacional que cobija al legislador que estaría involucrado.

Procurador defiende su accionar en caso Perenco y rechaza pedido de juicio político

Salvador recordó que el asambleísta Álvarez en octubre pasado solicitó se dé inicio a un juicio político en su contra por el supuesto incumplimiento de funciones en el caso Perenco, en el que el Ciadi dispuso que Ecuador pague cerca de $ 400 millones. Según él, ese pedido se lo hace con base en un ‘oficio reservado’ que el procurador le envió en julio pasado al presidente de la República, Guillermo Lasso.

“La divulgación de documentación reservada es delito de acuerdo con los artículos 180 y 472 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de modo que el juicio político que se iniciara contra mí en las semanas próximas está basado en documentos obtenidos ilícitamente y es esto lo que he venido a denunciar”, apuntó Salvador, al tiempo de asegurar que él está dispuesto a someterse lícitamente a un juicio político y no a través del cometimiento de delitos.

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El artículo 180 COIP habla de la difusión de información de circulación restringida que generaría una pena privativa de libertad de uno a tres años; mientras que el artículo 472 refiere que información de circulación restringida será aquella que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente establecida en la ley, la información acerca de datos de carácter personal y la que provenga de las comunicaciones personales cuya difusión no haya sido autorizada expresamente por su titular, por la ley o por la o el juzgador, la información producida por la o el fiscal en el marco de una investigación previa y aquella originada en la orden judicial relacionada con las técnicas especiales de investigación...

El procurador explicó que el propósito de esta denuncia es que se investigue y se pueda determinar de dónde consiguió el documento, quién se le proporcionó, cómo lo obtuvo y por qué lo hizo. Hasta el momento lo más obvio, apuntó, es que fue conseguido de forma ilícita, ya que la única manera lícita de hacerlo era solicitarlo directamente a la Procuraduría y ese hecho no se habría dado.

Para Salvador, en el fondo de lo que se trata el juicio político es de una retaliación por su participación como acusador particular en el caso Sobornos, por su exigencia de repetición en el caso del laudo de Perenco, en el cual, aclaró, por “culpa del gobierno del presidente Rafael Correa el Ecuador ha sido condenado a pagar un laudo cercano a los $ 400 millones”.

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UNES oficializa pedido de juicio político en contra del procurador del Estado, Íñigo Salvador

“Yo exigiré la repetición de ese pago, las personas que estuvieron involucradas y son responsables de que el Ecuador haya sido condenado al pago de esos $ 400 millones tendrán que responder con su propio patrimonio y con sus bienes. Eso es lo que no me perdonan. Incluso usan un documento obtenido ilícitamente y lo difunden incurriendo en la conducta tipificada como divulgación de instrumento reservado”, concluyó.

El procurador Salvador, quien no cree que sea una persecución política en su contra lo que sucede, sino gajes del oficio por luchar contra los corruptos, cree que la Comisión de Fiscalización cuando conozca que el pedido de juicio político del asambleísta Álvarez tiene una base espuria, abiertamente ilícita, tendrá que considerar y decidir si el proceso procede o no. (I)