Procuraduría General pide se llame a juicio a doce de los trece procesados en el caso Las Torres

Con la presentación de la acusación particular de la Empresa Pública Petroecuador, que incluirá la teoría del caso, los elementos de convicción y el anunció de las pruebas periciales, testimoniales y documentales que posee, es con lo que continuará, este lunes 13 de diciembre, el quinto día de audiencia preparatoria de juicio por el delito de delincuencia organizada, dentro del caso Las Torres.

La cuarta jornada de esta diligencia concluyó, el viernes último, con el pedido al juez de la Corte Nacional Felipe Córdova que llame a juicio, según la Fiscalía General a las trece personas procesadas en la causa; mientras que a decir de la Procuraduría General del Estado (PGE), que es acusadora particular, se debería llamar a etapa de juzgamiento a doce de las trece investigadas.

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La fiscal general Diana Salazar solicitó a Córdova que emita un auto de llamamiento a juicio una vez terminado, luego de dos días y medio, la exposición de los más de 100 elementos de convicción que mantenía para fundamentar su dictamen acusatorio. Para ella todos son autores directos del delito investigado, pero la “organización criminal " tuvo líderes y colaboradores.

Los líderes de la “organización delictiva” fueron, según Salazar, el exgerente de Petroecuador Pablo Flores y el excontralor Pablo Celi; mientras que los colaboradores serían Esteban Celi, hermano del excontralor, el exgerente de Refinación de Petroecuador Mauricio Orellana, el empresario Álvaro De Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Adolfo Agusto Briones, hermano del fallecido exsecretario de Presidencia José Agusto Briones, Andrés Luque, la exfuncionaria de Petroecuador Natalia Cárdenas, Roy Calero y Martha Barrezueta.

Fiscalía acusó a los líderes de la organización por el delito de delincuencia organizada previsto en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que deja una pena para los mismos de siete a diez años de cárcel; y a los colaboradores los acusó en base al mismo 369, pero con el inciso segundo, que habla de penas para estos procesados de cinco a siete años de prisión.

Salazar sostiene que entre 2017 y 2020, en Quito, se formó un grupo organizado, a través de un acuerdo entre funcionarios públicos de nivel directivo afines a Petroecuador, Contraloría General del Estado (CGE) y secretaría de la Presidencia de la República, que, valiéndose de sus relaciones de amistad, confianza y parentesco, planificaron obtener beneficios económicos.

Según la Fiscalía, en la CGE, Petroecuador y la secretaría de la Presidencia operó un grupo estructurado que cobraba sobornos a empresas contratistas a cambio de liberar pagos o desvanecer glosas. De llegar a una etapa de juzgamiento la fiscal Salazar anunció mantiene 95 pruebas testimoniales y 49 periciales.

Marcelo Ron, abogado del excontralor Celi, aseguró que los elementos en los que se ha fundado la acusación de la Fiscalía son totalmente subjetivos, estarían basados completamente en conversaciones de terceras personas y, en el caso particular de Pablo Celi, no existiría un chat personal de él que refiera a los hechos que son acusados.

Por su parte, la PGE pidió se llame a juicio a doce de los trece procesados. Solo dejó fuera de su lista a Andrés Luque, quien no fue tomado en cuenta entre las personas contra quienes presentó la acusación particular la Procuraduría, el 3 de agosto pasado. Marco Flores, padre del exgerente Flores era contra quien la PGE puso su acusación particular, pero él recibió un dictamen abstentivo de Fiscalía y fue sobreseído.

La representante de la Procuraduría indicó en la audiencia que se ha establecido que esta “estructura criminal” tenía el propósito de cometer otros delitos sancionados con penas privativas de la libertad superiores a los cinco años, entre ellos, cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El objetivo final de la organización, explicó la abogada de la PGE, habría sido la obtención de beneficios económicos para cada uno de sus miembros.

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“Todos los elementos de delincuencia organizada se configuran en este caso y evidencian una sofisticada estructura de corrupción diseñada, dirigida y utilizada desde la CGE, Petroecuador y la secretaría general de la Presidencia en la que los acusados ejercían roles permanentes”, dijo la abogada de la Procuraduría antes de pedir se llame a juicio a Pablo Celi y Pablo Flores, en calidad de líderes de la organización y a Esteban Celi, Agusto Briones, Saona, De Guzmán, Cárdenas, Orellana, Calero, Barrezueta, López y Rodríguez, como colaboradores de la estructura.

Tanto la Fiscalía como la PGE solicitaron al juez Córdova que sean ratificadas las medidas cautelares de carácter real y personal que pesan al momento sobre los procesados. La defensa de Pablo Celi ha solicitado se revise la prisión preventiva que pesa sobre el hoy excontralor desde el 14 de abril pasado que se le formuló cargos. Este recurso podría se analizado al final de esta audiencia.

Felipe Córdova convocó para la reinstalación de la audiencia en el caso Las Torres para las 11:00 de este lunes 13 de diciembre. Por compromisos la fiscal Salazar adelantó que participará de la diligencia vía telemática. (I)