La Procuraduría General del Estado y la empresa pública Petroecuador serán las acusadoras particulares de las 17 personas que son procesadas por el delito de cohecho, el cual habría ocurrido dentro de la estatal petrolera ecuatoriana. Ambas acusaciones fueron aprobadas por el juez penal de Pichincha Geovanny Freire y ya reconocieron su firma y rúbrica con esa calidad de sujeto procesal.

La aceptación de la acusación particular de ambas instancias del Estado se da una vez que se habrían completado los 120 días de instrucción fiscal a los que dio paso el juez Freire. La Fiscalía investiga a los 17 procesados por supuestamente haberse asociado para ejecutar actos de corrupción a cambio de brindar información privilegiada para beneficiar a comercializadoras internacionales como Vitol, Gunvor o la empresa Petrochina con la adjudicación de contratos.

Se abre la etapa de instrucción fiscal contra siete procesados por el delito de cohecho ocurrido en Petroecuador; tres de ellos recibieron orden de prisión preventiva

Esta causa arrancó el 1 de noviembre pasado con la formulación de cargos contra Galo Garzón, Miguel Palacios, Lenín Armijos y Andrés Racines, exadministrador de Contratos, exsubgerente Comercial de Operaciones, exasesor de la Gerencia y exjefe de Soporte Técnico de Petroecuador, respectivamente; al exsubsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas Willam Vásconez, Wilson Naranjo y Jorge Ponce.

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En tanto que el 16 de febrero último fueron vinculados al caso Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional en Petroecuador en el periodo presidencial de Rafael Correa; los hermanos Antonio y Enrique Peré Icaza, Raymond Kohut, Mauricio Samaniego, Irma Romero, José Luis Moreno, Tomás Meneses Petrochelli, Mario Barrigon y Javier Aguilar. Con la vinculación se extendió por 30 días más la instrucción fiscal.

Arias y los hermanos Peré Icaza se encuentran en Estados Unidos. El primero es acusado del delito de lavado de activos y colabora con la justicia estadounidense en un caso relacionado con el negocio petrolero; mientras que los Peré Icaza también fueron procesados en Estados Unidos luego de aceptar su responsabilidad en hechos ilícitos también relacionados con el tema petrolero.

La Fiscalía ubica a Arias como el líder de la red de corrupción que habría generado un cohecho de aproximadamente $ 22 millones. La acusación sostiene que los procesados que ocuparon un puesto en Petroecuador y en otras instancias públicas colaboraron de alguna forma con Nilsen Arias, siendo gerente, para obtener beneficios ilegales dentro del proceso de compra y venta de crudo o derivados.

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Nilsen Arias ha sido acusado de lavado de dinero en Estados Unidos y actualmente está libre bajo fianza. Los dineros lavados por Arias, que serían al menos $ 15 millones, tendrían directa relación con sobornos recibidos por él en diez años, entre el 2010 y 2017, cuando fue funcionario público en la estatal petrolera ecuatoriana.

Nilsen Arias gastó al menos $ 600.000 en una casa en Quito con los sobornos de Petroecuador

Ya en la recta final de la instrucción fiscal del caso llegaron a Ecuador tres discos duros, como parte de la asistencia penal internacional solicitada a Estados Unidos por Ecuador.

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Los dispositivos de almacenamiento entregados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos fueron anexados al expediente a finales de febrero pasado e inmediatamente el juez Freire dispuso la exploración, explotación, extracción, materialización y transcripción de la información, archivos, mensajes de texto, WhatsApp, mensajes de voz, lista de contactos, correos electrónicos, videos e imágenes que contengan los tres aparatos.

Aún no se ha dado el cierre formal de la etapa de instrucción fiscal, ni tampoco se ha presentado el pedido de fecha y hora para la audiencia respectiva en la que se dará a conocer el dictamen acusatorio o abstentivo de la Fiscalía. (I)