Los correístas y socialcristianos con sus aliados legislativos dirigirán la investigación sobre los supuestos hechos de corrupción en las empresas públicas que involucraría a Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso.

La propuesta de conformar esta mesa ocasional la planteó la legisladora Yeseña Guamaní, separada de la bancada ID, quien afirmó que la Asamblea no puede mostrarse impávida ante lo que sucede en las empresas públicas con la entrega de contratos a dedo con una sobrefacturación, que terminará liquidando el país.

El caso se refiere a la supuesta existencia de una red de funcionarios del actual Gobierno cuya estructura aparentemente exigía coimas para adjudicar contratos en las empresas públicas eléctricas e incluso existirían denuncias de contratistas que aseguran que debían pagar sobornos para poder cobrar las planillas.

Tres instancias siguen la pista de la denuncia de una supuesta red de corrupción en empresas públicas

En la integración de la comisión las bancadas Pachakutik y la Izquierda Democrática quedaron fuera de su conformación, pues en la moción de Guamaní se incluyó a los legisladores Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik) y a Rodrigo Fajardo (separado del bloque ID), ambos actúan con la nueva mayoría legislativa liderada por los correístas y socialcristianos. Su conformación provocó reclamos y abstenciones por parte de la ID y Pachakutik.

Integrantes de la comisión

• Pedro Zapata (PSC)
• Diego Esparza (PSE)
• Rodrigo Fajardo (separado de la ID)
• Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik)
• Viviana Veloz (UNES)
• Gruber Zambrano (BAN)
• Augusto Guamán (Independiente)

A favor de esta integración se pronunciaron 94 asambleístas, incluido el sector oficialista representado en la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) y algunos independientes. La mesa ocasional tendrá 30 días para indagar y presentar un informe para conocimiento del pleno.

Según la resolución se crea la comisión especializada ocasional por la verdad, justicia y la lucha contra la corrupción en el caso denominado ‘El gran padrino’, y se dispone a todas las comisiones permanentes y ocasionales de la Asamblea abstenerse de acciones de fiscalización y control político respecto a este hecho, por lo tanto tendrá competencia única y exclusiva para este proceso.

Debate

Antes de la aprobación de la resolución, se abrió un debate sobre este hecho, el primero en cuestionar la propuesta de Guamaní fue el asambleísta y dirigente de la ID en Pichincha Alejandro Jaramillo, quien reclamó a la sala que la Comisión de Justicia que él preside está investigando el caso, por lo tanto, se está violando la ley orgánica de la Función Legislativa porque ya se inició un proceso de fiscalización.

Dijo que pronto serán dos años en la Asamblea, que antes de proponer la conformación de una comisión no se permiten leer el procedimiento y la norma; “hay que ver cuáles son los intereses oscuros de algunas asambleístas, esperemos que se cumpla con la investigación y que se traiga a comparecencia a los diferentes funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, Lenín Moreno y del actual gobierno”.

El oficialista Juan Fernando Flores (BAN) cuestionó que cada vez que una comisión que quiere conocer un proceso de fiscalización y porque simplemente no les gusta quién preside la comisión permanente se convierte en capricho de crear una nueva y justificar; y si el problema es algo interno de la bancada de la Izquierda Democrática “resuelvan su problema en la sede del partido y no en la Asamblea”, reclamó.

Indicó que el oficialismo no está en contra de que se investigue absolutamente nada, pero pidió hablar con claridad, porque solo se dice Guillermo Lasso, y “si vamos a investigar la corrupción y vamos a transparentar vamos a conocer cuál es la relación del asambleísta Ronny Aleaga (UNES), sobre esto; vamos a ver si hay otros involucrados y que caiga quien caiga”, subrayó.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, reveló que desde julio de 2022 y por cuatro ocasiones se solicitó la comparecencia de Hernán Luque, excoordinador de la empresa coordinadora de las empresas públicas, pero que el exfuncionario “nos dio yuca”. Que pidió la comparecencia porque ya se conocía que las unidades del negocio del sector eléctrico, petrolero y Flopec fueron negociadas.

Quién hubiera pensado, preguntó, que una fotografía en una piscina en Miami iba a prender un reflector que alumbra una verdad que duele a todos, pues esa fotografía no solo revela el indicio de narcopolítica, sino también un indicio de participación coludida de estructuras corruptas en el sector eléctrico y en las aduanas; porque uno de los “tetones” Leonardo Cortazar, es el operador interior de esa estructura corrupta en el sector eléctrico confesado en un audio.

Lo que dice en ese audio Cortázar, añadió Villavicencio, es que él opera desde el gobierno de Rafael Correa, que se engordó en el gobierno de Lenín Moreno y que ahora está empachado en el gobierno de Guillermo Lasso.

Villavicencio dijo que se deben investigar las expresiones de Cortázar desde la A hasta la Z, que se investigue a Danilo Carrera, pero que se investigue a Ronny Aleaga, de quien dice Cortázar es financiado por plata de este grupo mafioso liderado por Javier Jordán. “Aquí no vamos a romper el abecedario de la corrupción, porque además tiene que descubrirse que el 80 por ciento de gerentes de las unidades de negociaciones de CNEL y de Celec provienen del correísmo”.

El asambleísta Blasco Luna, de la bancada UNES, manifestó que Hernán Luque, exfuncionario de la Secretaría Coordinadora de las Empresas Públicas es una de las personas de extrema confianza en el Banco Guayaquil y del presidente de la República, Guillermo Lasso. Que esperaron que se vaya del país y ahí se ordene una investigación.

Afirmó que este caso de corrupción involucra al cuñado del primer mandatario y que no es un personaje desconocido, pero hasta el momento no se ha hecho una investigación a fondo, de ahí que es necesario que la Asamblea asuma esa responsabilidad con un proceso cierto de fiscalización.

Dijo que el legislador Ronny Aleaga no tiene vínculos en estos hechos de corrupción denunciados, pero que “se investigue todo lo que se tenga que investigar y que caiga quien caiga, aquí no estamos para tapar ningún acto de corrupción”, subrayó Luna, quien además cuestionó que la “aplanadora” del Gobierno haya denunciado al periodista Anderson Boscán, y se pretenda intimidar pidiendo una indemnización de $ 500.000, y la Asamblea tendrá que dar ese respaldo”.

Patricia Sánchez, coordinadora del bloque Pachakutik, pidió que la investigación no quede en una lírica denuncia, y condicionó el respaldo a la comisión con la inclusión del legislador José Chimbo, tras advertir que “la bancada de Pachakutik no va a permitir más tutelaje de fuera de la bancada para nominar a sus asambleístas en determinados cargos y espacios; no queremos que esta Asamblea que se pide respeto institucional hacia afuera, se irrespete las decisiones de la bancada”.

El representante de los socialcristianos Luis Almeida reveló que conoció a Hernán Luque, que primero lo saludaba en el avión y que después ya no le paraba ni bola; que él manejaba $ 13.000 millones de presupuesto, pues “toda la carne estaba en esa EMCO, nada de hueso y quien puso ahí a a ese gran tesorero fue el presidente de la República, Guillermo Lasso”.

Advirtió que hay que fiscalizar profundamente a la luz del país, “señor Lasso, caiga quien caiga, así caiga usted también, porque yo siendo presidente de la República no voy a poner a alguien que me controle el queso, yo quiero pasar a la historia”. Dijo que a Boscán hay que apoyarlo. (I)