Que la muerte de Edison Cosíos sea reconocida como un crimen de Estado es el clamor de su madre, Vilma Pineda, tras diez años del impacto

Hace más de dos años, Edison Cosíos ya no está en su casa, su madre Vilma Pineda ya no le da los besos que acostumbraba, tampoco sostiene su mano. Quedaron los recuerdos plasmados en fotografías cuando era pequeño, su etapa estudiantil y su delicado estado de salud.

A sus 17 años, Cosíos fue impactado por una bomba lacrimógena disparada por el expolicía Hernán Salazar el pasado 15 de septiembre de 2011. Este hecho se dio en medio de manifestaciones violentas en los alrededores del Instituto Nacional Mejía, en Quito.

Estuvo seis meses en hospitales, poco tiempo en el Eugenio Espejo y cuatro meses y medio en Los Valles. Finalmente Cosíos quedó en estado vegetativo y pasó sus últimos años en casa, cuando le daban esperanza de vida de meses, cuenta Pineda.

Ya han transcurrido diez años del impacto, entre esos, un poco más de dos de su fallecimiento.

Y hay dos procesos judiciales, uno ya archivado. Se trata de la sentencia de ocho años al uniformado por tentativa de asesinato, que en 2013 se redujo a cinco años y debió pagar $ 100.000, lo que no se cumplió. A Pineda lo que más indignación y dolor le causa es la rebaja de la condena a 2 años 4 meses de prisión y que hayan archivado el caso.

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Sin embargo, afirma que siguió con el legado de lucha de su hijo y por eso en 2018, la familia presentó una demanda de responsabilidad objetiva en contra del Estado ecuatoriano en la Corte Nacional. Este proceso no ha avanzado señala Pineda y se ha estancado más por la pandemia.

Su madre exige que el caso sea considerado como crimen de Estado y que no quede en el olvido el nombre de Edison Cosíos.

“Lo más apropiado sería que aquí se solucione y no buscar instancias internacionales. Lastimosamente estamos en un país donde reina la corrupción. Los abogados que hemos tratado han sido tan directos en decirnos: aquí los juicios que se plantean no se ganan por corrupción y nosotros somos una familia de bajos recursos económicos”, indica Pineda, quien además se refiere al actual gobierno.

“Apelamos que ahora con el nuevo presidente (Guillermo Lasso) pueda en realidad reconocer este crimen de Estado y hacerlo aquí en el país, esperemos y confiemos”, apunta Pineda.

Denuncia que la Fiscalía nunca investigó, más bien que familiares y amigos lo hacían, pero que los datos no eran considerados.

Dice que su incansable lucha, cuando Edison estaba vivo, no solo fue judicial sino en conseguir los medicamentos. Estaba cansada de esperar más de tres meses hasta que lograba, con ayuda de familiares y amigos, traer la medicina de España.

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Asegura que nunca recibió apoyo del gobierno anterior, que envió varias cartas incluso a la entonces primera dama, Rocío de González, pero nunca tuvo respuesta.

Entre súplicas, llantos y brindándole amor a su hijo se mantuvo hasta que partió en abril de 2019.

“Estoy segura de que la justicia no es para los pobres sino para los que tienen dinero, pero nosotros estamos en la lucha. Yo sé que durarán muchos años, pero mientras Dios nos tenga con vida, seguiremos luchando”, expresa Pineda de 52 años, quien debido al constante esfuerzo de cargar y mover el cuerpo de su hijo cuando lo atendía, le diagnosticaron cuatro hernias discales. Y eso no le permite trabajar.

Ella vive con su esposo Manuel, de 57 años. Ambos tienen otros dos hijos, Andrés de 32 y Andrea de 31. Edison era el menor.

La familia, amigos y exestudiantes del Mejía realizaron el pasado miércoles un acto en el sitio donde Cosíos fue impactado por una bomba lacrimógena como una muestra de “impunidad e indolencia”. (I)