‘Queremos que nunca más un gobernante utilice la justicia para perseguir a gente del pueblo’

Geovanny Laso hoy tiene 40 años, vive en la casa de su madre junto con sus dos hijos y recuerda que estaría próximo a jubilarse de la Policía si no hubiese recibido en 2014 una baja deshonrosa al ser inculpado por la justicia de intento de magnicidio contra el entonces presidente Rafael Correa. El miércoles último, él y otros tres expolicías fueron declarados inocentes del intento de magnicidio contra el expresidente Rafael Correa, durante el denominado 30-S.

Laso no niega haber estado en los exteriores del hospital de la Policía el 30 de septiembre del 2010, lo que sí ha rechazado en estos últimos once años es que él no cometió los delitos de los que se lo ha querido culpar (rebelión e intento de magnicidio). Asegura que el video de 14,8 segundos con el que se lo sentenció a doce años de cárcel fue editado para acomodar una condena contra inocentes.

Los casi seis años que pasó en la cárcel a Laso le habrían dejado el valorar de una forma distinta a la familia y a los seres queridos, la fuerza para trabajar de taxista o en el control de plagas con tal de mantener a su hijos, dos títulos de carpintería y unos estudios superiores en derecho que está próximo a terminar.

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Luego de casi seis años de estar en la cárcel, de haber sido sentenciado a doce años de prisión, ¿qué le significa esta declaratoria de inocencia?

Para todos significa un nuevo comienzo, una oportunidad el hecho de que se reivindique nuestro nombre. Es difícil haber cargado sobre los hombros una sentencia injusta, una sentencia que complicó la situación económica, laboral, familiar. Hoy, al recuperar el estado de inocencia, confiamos en que empecemos muy pronto a estabilizarnos, primero con nuestras familias.

¿Qué perdió en este tiempo?

Perdí muchas cosas. Primero, un proyecto de vida. Nosotros teníamos un trabajo en la Policía, y eso no consideró el Tribunal antes de emitir una sentencia. Teníamos un proyecto de vida con nuestras familias, pero con el paso del tiempo hasta eso perdimos. Al principio se nos arrebató el don más preciado: la libertad; luego fuimos perdiendo el trabajo, se dio el alejamiento de la familia y al final quienes nunca nos abandonaron fueron nuestros padres y hermanos.

¿Recibieron apoyo de parte de la Policía en este proceso?

No, solo nos dieron una baja deshonrosa. Hoy, después de once años, nuestra institución se ha preocupado. Conocimos antes de la audiencia en la CNJ que el mando institucional había solicitado la posibilidad de que se nos indulte. Por lo menos de esa manera esta vez se pronunciaron. (...) Esa no era la forma para nosotros, pues no es lo mismo aceptar un indulto, que te perdonen el resto de la pena, a que te declaren inocente. Esa fue una forma de ayudarnos, porque en los años anteriores, en el tiempo de Rafael Correa, el mando se cruzó de brazos, mientras apresaban a toda la tropa.

¿Se siente una víctima penal de una situación que tuvo mucha política de por medio?

Nosotros no nos consideramos perseguidos políticos, pues jamás hicimos política en nuestras vidas; éramos servidores policiales. Pero sí nos consideramos víctimas del poder, porque lamentablemente el presidente Rafael Correa tomó a la justicia como instrumento de persecución. Ellos querían dar una sanción ejemplarizadora para que nunca más el personal de Fuerzas Armadas y de la Policía tuviera la intención de rechazar las medidas que él intentaba implementar.

¿Once años después del 30-S la Policía como institución fue también una de las más afectadas?

Sí. Con la sanción que nos dieron a nosotros, nunca más se dieron hechos de sublevación, pese a las cosas que se dieron. Recordarán que después del 30-S existieron varios procesos ilegales, se dieron las pruebas del polígrafo, se dio la desvinculación de policías; eso fue parte del abuso que se dio y eso ha hecho que la institución se debilite, que la institucionalidad se pierda. Recodemos que luego del 30-S la Policía perdió la personería jurídica; al perder la institucionalidad, el mando policial ya no tenía control ni siquiera del Seguro Social Policial (Isspol) y vino un ente administrativo de Gobierno a decidir sobre esos dineros. Eso también es parte del desfalco millonario que ocurre en el Isspol.

En el tiempo que estuvo detenido, ¿pudo tener frente a usted a Correa?

El 15 de abril de 2015, Rafael Correa fue a la Cárcel 4 a visitar a otra persona. Nos encerraron a todos en nuestras celdas, y luego que habló con ese detenido, pidió que le saquen a los internos de los pabellones. Ahí él, no sé por qué razón, se acerca a nosotros en uno de los patios y nos dice que lo único que nos iba a sacar de ahí era el indulto presidencial y nada más. Nos daba a entender claramente que el resto de recursos que presentemos, mientras ellos estén en el Gobierno, van a ser contrarios a nuestro interés.

¿Guarda algún resentimiento contra él?

Contra esa persona no guardo ningún tipo de resentimiento. El estar en prisión nos sirvió para cambiar el modo de pensar, para dar valor a la familia, a nuestros seres queridos, el valor por nuestra propia vida (...). Nosotros no hemos peleado todas estas instancias para pedir que se les sancione a ellos, sino queremos que se siente un precedente y que nunca más un gobernante utilice la justicia para perseguir a gente del pueblo. Yo fui víctima del poder, pero aun así no guardo resentimientos. Pero sí busco justicia.

¿El planteamiento de un indulto era una propuesta deshonrosa?

Sí. No coincidíamos con eso, porque el indulto siempre fue condicionado. Nosotros teníamos que aceptar primero los hechos y declararnos culpables. Obviamente, con el paso del tiempo fue cambiando la forma de ofrecernos el indulto. Al principio se nos decía que debíamos leer una declaratoria preparada desde la propia Presidencia de la República, pedir perdón al país y al presidente Correa por haberle ofendido. Después se nos dijo que simplemente teníamos que firmar un documento, ellos iban a dar las declaraciones en una rueda de prensa y nosotros teníamos que vivir una vida anónima. Y hasta que por último se nos dijo que ellos iban a redactar un documento que debíamos firmar, ellos iban a hacer todo el papeleo en ocho días y que inmediatamente nosotros podíamos tomar los pasaportes que se nos ofrecían y abandonar el país.

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¿Pero en el 2017 ustedes sí solicitaron un indulto?

Nosotros ya sabíamos que si ellos (Alianza PAIS) ganaban las elecciones (presidenciales del 2017), no nos iban a dejar salir; y es más, había la amenaza de trasladarnos de la Cárcel 4 a un centro regional. Ante eso, tomamos la decisión e hicimos un pedido de indulto a la Presidencia. (...) Pero ahí operó el silencio administrativo, y simplemente se nos llamó a una reunión en la oficina del director de la cárcel y nos enviaron un emisario con el mensaje que decía: “No es cuando ustedes quieren, sino es cuando yo les ofrecí”, y se fue sin firmarnos el indulto.

¿Cómo mira un futuro abogado a la justicia si fue víctima de ella?

La justicia siempre debe estar al margen de las decisiones políticas. Los jueces son las personas encargadas de poner el equilibrio en la sociedad, ellos no pueden ser parte de un sistema o responder a los intereses de un mandatario. Los jueces ponen un equilibrio, entonces, ellos no deben estar inmiscuidos en los intereses políticos de un gobernante.

¿Piensan quizá en demandar al Estado por la injusticia cometida en su contra?

El Estado no está como para llenarse de demandas por la mala administración de justicia. Sí es verdad que buscamos que se siente un precedente para que nunca más hechos de persecución se puedan dar orquestados desde el Gobierno. Creo que el país está para un baño de verdad, y lo único que hoy queremos es que se arregle nuestra situación laboral dentro de la Policía, que se nos permita regresar y retirarnos como ingresamos, por la puerta grande, y no como se nos echó de la institución, con una baja deshonrosa. Que se nos permita jubilarnos como la ley manda.

¿Exigirán al Estado que llegue a la verdad de lo que sucedió el 30 de septiembre de 2010?

Hace algunos días presenté un oficio al Ministerio de Gobierno y a la Presidencia de la República, pidiendo ser atendido en comisión junto con mis compañeros. La idea es pedir a las autoridades que se cree una comisión que investigue, pero que se cree por medio de un organismo internacional, no queremos la intromisión política dentro del país. Queremos un baño de verdad. Si el Gobierno, la Asamblea o alguna autoridad puede gestionar para que un organismo de Naciones Unidas venga e investigue de forma imparcial, que se investigue. No queremos que ocurra lo que se dio con la Comisión 30-S, de Carlos Baca, que fue nombrado fiscal general y así fueron pagados por las conclusiones que emitieron en ese informe. (I)